Por Eduardo Videla

Las multas fotográficas a infractores de tránsito se han convertido en una pesadilla para el gobierno porteño: la Cámara de Apelaciones de Faltas resolvió ayer “desestimar todas las actas del Sistema Inteligente de Control de Infracciones por resultar incompatibles con la legislación vigente”. La medida equivale al sobreseimiento de todos los imputados aunque no involucra a los que ya pagaron sus multas. Para el Ejecutivo porteño, se trata del último manotazo de un tribunal condenado a desaparecer, sobre el que pesan “sospechas de corrupción”. La respuesta no se hizo esperar: el gobierno anunció ayer que además de apelar el fallo, se apresta a presentar un proyecto de ley para disolver los tribunales de Faltas y reemplazarlos por una instancia administrativa, hasta que el Consejo de la Magistratura designe los nuevos jueces de la ciudad. La controversia genera un dilema para los automovilistas: hacer la cola en busca de la absolución o esperar el desenlace del conflicto.
La decisión de la Cámara reactivó una polémica que tiene varias aristas. Por un lado, el tribunal embistió contra un sistema cuestionado desde el comienzo: el propio gobierno tuvo que suspenderlo el año pasado para corregir fallas, pero los que se oponen a su implementación siguen sosteniendo que es poco transparente. Por otro lado, la resolución fue adoptada por un tribunal cuestionado: lo integra un solo camarista, Néstor Losa –los otros dos están con licencia por enfermedad– quien en esta ocasión fue acompañado por un conjuez, Guillermo Black. Según la Constitución porteña, esa cámara y todos los jueces de Faltas deben ser reemplazados por magistrados designados por concurso.
En el medio de la disputa están los infractores: ¿deben pagar sus multas o están exculpados? “Los que vengan mañana a los tribunales de Faltas con multas fotográficas serán absueltos”, aseguró Losa a Página/12. “La medida es ilegítima. El sistema sigue vigente y las empresas concesionarias van a seguir labrando actas”, replicó el procurador general de la ciudad, Juan Carlos López, en nombre del gobierno porteño.
López aceptó sin embargo que las absoluciones que se dicten mientras el fallo esté vigente serán válidas. Por su parte, las empresas adelantaron que hoy seguirán haciendo actas fotográficas. “Hasta ahora hemos cobrado sólo el 8 por ciento de las actas”, admitió a este diario José Ibarzábal, de la empresa Meller.
En una resolución de 85 páginas, los jueces consideran que las actas fotográficas “son incompatibles con la legislación vigente”. “El acta no está firmada por la autoridad competente (el policía) sino por un representante de la empresa y es una firma escaneada. Esto afecta el derecho de defensa: el infractor no puede pedir un careo con el que le hizo la infracción”, argumentó Losa ante este diario.
El camarista explicó que con la resolución el tribunal pretende “establecer un criterio unificado con respecto a estas infracciones, porque había jueces que condenaban y otros que absolvían, y no era posible que el resultado dependiera del sorteo del tribunal”. Losa advirtió que los jueces que no apliquen lo dispuesto “serán sancionados”.
Raúl Fernández, secretario de Gobierno porteño, replicó: “El sistema funciona desde hace un año ¿Recién ahora se da cuenta de que las actas están mal?”. El funcionario dijo tener una respuesta para ese interrogante: “Desde hace dos meses está funcionando una comisión para consensuar la creación de un nuevo procedimiento para hacer más eficiente el sistema de Faltas. El fallo surge llamativamente cuando la comisión estaba a punto de expedirse”. Esa comisión, según Fernández, esta integrada por funcionarios del Gobierno, jueces de Faltas y trabajadores de la Dirección Administrativa de Infracciones.
Fuentes del gobierno vincularon la resolución de la Cámara, además, con una investigación judicial, que ya estaría avanzada, contra miembros de ese tribunal. El secretario de Gobierno y el procurador adelantaron que habrá una resolución “inminente” en cuanto al futuro de la actual justicia de Faltas, aunque no quisieron dar precisiones. Sin embargo, fuentes del gobierno adelantaron que se intenta consensuar en la Legislatura un proyecto para disolver los tribunales y crear en su lugar “una estructura administrativa con más atribuciones que la actual, que pueda cobrar las multas o desestimar aquellas actas que presentan irregularidades”.
El objetivo, explican, es crear un organismo que “aplique un esquema similar al que funciona en los Estados Unidos o en Uruguay, donde el cobro de infracciones es más expeditivo”. “Los infractores que no estén de acuerdo con la sanción podrán apelar ante la Justicia Contravencional”, aclaró la fuente.
El proyecto amenaza con despertar una polémica en la Legislatura. Jorge Argüello, presidente del bloque de Encuentro por la Ciudad, dijo a Página/12 que está dispuesto a “conversar una solución para el conflicto de la justicia de Faltas, siempre y cuando el tema no esté atado al problema de las multas fotográficas, a las que nosotros nos oponemos, y que el gobierno está empecinado en sostener”.
Por su parte, Eduardo Valdés, titular del bloque del Frente Justicialista, rechazó en cambio la idea de disolver los tribunales de Faltas. “Sería realmente grave que se adoptara esta medida contra un tribunal porque les ha sacado un fallo en contra”, dijo el legislador a este diario.
La Defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, prefiere mantenerse al margen de la disputa entre Ejecutivo y jueces de Faltas, pero es contundente respecto de la validez de las multas. “El fallo ha tomado como base todas nuestras objeciones al sistema, que para nosotros es inconstitucional”.

HISTORIA DE UN SISTEMA CON IDAS Y VUELTAS
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Las multas fotográficas tienen una corta pero polémica historia de idas y vueltas. El sistema se convirtió en motivo de una creciente polémica: desde los automovilistas que detectaron numerosos errores hasta los jueces de faltas, quienes en una primera etapa consideraron que el 75 por ciento de las actas labradas estaban viciadas, y sufrió suspensiones y modificaciones.
El control de infracciones de tránsito mediante cámaras ocultas fue otorgado en concesión a dos empresas a través de una licitación, en 1999, por un período de cinco años. Siemens-Itron obtuvo el control de velocidad en la red de autopistas de la ciudad de Buenos Aires y la empresa Meller, por su parte, ganó el control de estacionamiento indebido, violación de luz roja, invasión de senda peatonal y de velocidad máxima en las avenidas.
Entre abril y agosto del año pasado, el aluvión de multas fotográficas que recibieron los porteños desató el escándalo: no hubo campañas de prevención y errores en muchas boletas, además de las amansadoras colas que había que soportar en los tribunales para efectuar un descargo. También se quejaron los jueces del Tribunal de Faltas por los gruesos errores: información equivocada de fechas y lugares y falta de coincidencia entre el vehículo fotografiado y la descripción en el acta, entre otros. Los jueces aseguraron que el 75 por ciento de las actas era erróneo, hasta que el 14 de agosto decidieron suspender los juicios vinculados a las multas fotográficas.
El gobierno de la ciudad decidió, dos días después, suspender el sistema, y quedaron retenidas en las empresas 50.000 actas de infracción.
Los diputados porteños aprobaron una ley por la cual los usuarios multados debían pagar las multas de exceso de velocidad y violar semáforos en rojo, y estableció que, ante la repetición de actas por mal estacionamiento, debía pagarse solamente la primera. En octubre se reimplantaron los controles, pero con cambios. Se calibraron los sistemas de medición, se impuso a las empresas un límite mensual de infracciones y se dispuso que los vehículos con cámaras debían estar identificados y con la presencia de un policía mientras hacía su recorrido. En enero, el sistema se extendió a otras avenidas de la ciudad.
El mes pasado, nuevamente se produjeron incidentes en los tribunales de faltas por las demoras en la atención. Y ayer, volvió a estallar el debate cuando el presidente de la Cámara de Apelaciones, Néstor Losa, suspendió el cobro de las multas por “inviables”.

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