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El Poder Judicial y el Ejecutivo bonaerense se pasan de mano en mano la
papa caliente del maltrato a niños en comisarías e institutos
de menores de la provincia. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires exhortó al Consejo Provincial del Menor a poner
fin a “situaciones de maltrato”, especialmente “en dependencias
policiales de Mar del Plata”. La titular del Consejo desestimó
las denuncias, pero admitió que “estamos en falencia porque
no debería haber ningún chico detenido en comisaría”,
y criticó por su parte a la Corte por haber restablecido una normativa
que “permite privar de su libertad a un chico por ser pobre”.
La exhortación firmada por Elías Homero Laborde, presidente
de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, señala “denuncias
de situaciones de maltrato durante la permanencia de menores en dependencias
policiales de Mar del Plata” y observa “las dificultades en
aquella ciudad ante la carencia de lugares adecuados para el alojamiento
de menores en conflicto con la ley penal”.
El titular de la Corte señala que “a causa del incendio acaecido
el año pasado en la seccional Playa Serena, con el resultado de
dos jóvenes gravemente heridos, se requirió al Consejo Provincial
del Menor la habilitación de instituciones adecuadas para el alojamiento
de menores”, y recuerda que, en 1999, una comisión de la que
formó parte la actual interventora en el Consejo Provincial del
Menor, Irma Lima, estableció que hacía falta un total de
60 vacantes para menores en Mar del Plata.
Irma Lima contestó a Página/12 que “a partir del incendio
en la seccional Playa Serena, tomamos la decisión de no rechazar
ningún chico que venga de Mar del Plata para que no permanezcan
allí en comisarías. Actualmente sólo hay dos chicos
allá, en la Comisaría 5ª, porque no los han enviado.
Hace 20 días un funcionario del Consejo constató que estaban
en buena salud”.
De todos modos, “reconozco que el Consejo Provincial del Menor está
en falencia porque no debería haber ningún chico en ninguna
comisaría –admitió Lima–. Pero la Suprema Corte
debería saber que esto no se puede solucionar en forma inmediata,
porque hay que licitar la construcción de edificios para alojar
a los menores. Mientras tanto, hemos logrado bajar a 117 la cantidad de
chicos en comisarías, que llegaba a 160”.
En setiembre del año pasado, la Corte había creado el Registro
de Denuncias por Apremios Ilegales y Malos Tratos Físicos y Psicológicos
a Menores, y en marzo informó que en ese organismo “se recibieron
unas 400 denuncias de maltrato, el 85 por ciento de ellas referidas a
apremios cometidos en sedes policiales”. Ayer, fuentes judiciales
precisaron que las comisarías más culpadas son “las
de La Plata y San Isidro, con entre 100 y 130 denuncias cada una, y Lomas
de Zamora con más de 70”.
La titular del Consejo Provincial del Menor criticó por su parte
al Poder Judicial bonaerense: “La Suprema Corte suspendió
la aplicación de la Ley 12.067, sancionada a fin del año
pasado por consenso de todos los bloques y de acuerdo con la Convención
de los Derechos del Niño; restableció la normativa de la
dictadura militar por la cual el asesor de menores cumple la doble función
de fiscal y defensor. Así los chicos están en peor situación
que los adultos: si a un adulto preso no se le constata delito, el juez
debe dejarlo en libertad; pero un chico puede quedar adentro con el argumento
de que ‘es para protegerlo’, con lo cual se lo priva de su libertad
por ser pobre o tener conflictos familiares”.
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