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BORRADOR DE UNA NUEVA CARRERA DOCENTE
A revisar licencias

El ministro de Educación, Andrés Delich, les entregó a los gremios la propuesta de cambio de estatuto que contempla revisión de las licencias y de la estabilidad de cargos directivos.

Romero (UDA), Iaies (Educación), Delich (ministro), Maffei (Ctera) y Bayugar (Sadop).

Por Nora Veiras

“Antes de que llegue el ‘apriete’ de Economía, nosotros tenemos que tomar la iniciativa y hacer la reformulación de la carrera docente”, repetían ayer en el Palacio Sarmiento. Minutos antes el ministro Andrés Delich había presentado en sociedad el borrador de los “Criterios Básicos Comunes para la Jerarquización de la profesión docente” en compañía de los gremios con personería nacional. La revisión de los regímenes de licencia, la estabilidad de los cargos directivos supeditada a exámenes periódicos cada cinco o seis años y la incorporación de otros criterios salariales, además de la antigüedad, forman parte de la batería de medidas que empezarán a discutir los ministros de Educación de todo el país y los sindicatos. En Educación dicen que si logran avanzar en la negociación tendrán chances de que se prolongue la partida 660 millones de pesos con recursos del Tesoro Nacional para mantener el año próximo el Fondo de Incentivo Salarial.
La cartera educativa apostó a conciliar al equilibrio partidario del comité ejecutivo del Consejo Federal para elaborar la propuesta. Los ministros de Educación peronistas de La Pampa y Salta, los radicales de Mendoza y Entre Ríos y la provincial de Neuquén acordaron los criterios que redactó el secretario general del Consejo, Sergio Palacios, ex subsecretario de Educación bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde. Los principales puntos del borrador que ayer recibieron Marta Maffei por Ctera, Sergio Romero por UDA y Pedro Bayugar por los docentes privados del Sadop, son los siguientes:
Reformulación de los regímenes de licencias.
Evaluación de idoneidad que permita verificar las condiciones de permanencia en el cargo.
Los directivos participarán de la elección de los docentes y tendrán mayor capacidad de decisión en cuestiones institucionales y curriculares.
Los concursos docentes, directivos y de supervisión se realizarán considerando las características específicas de cada institución.
El salario estará compuesto por el básico, la antigüedad y se van a incorporar, además, el perfeccionamiento, la actualización e idoneidad profesional.
Los cargos directivos serán renovados periódicamente para el mejoramiento permanente.
Mejoramiento de la elección de docentes, a través del diseño de mecanismos que aseguren que los mejores docentes se dirijan a establecimientos educativos con menores recursos.
Tendencia a concentrar la tarea docente en cada institución.
Fijación de mecanismos de reconocimiento del perfeccionamiento y actualización del docente, terminando con situaciones ambiguas en materia de créditos y puntajes.
Maffei dijo que coincidía con la necesidad de establecer una nueva carrera docente pero enmarcó la discusión en que “el último Pacto Fiscal firmado entre la Nación y las provincias parten del congelamiento en cinco años, esperamos que los acuerdos permitan levantar el congelamiento. Sin recursos es difícil tomar decisiones que mejoren las condiciones de trabajo”. La titular de Ctera recordó que como no hay más docentes dependientes de la Nación, los estatutos vigentes son provinciales por lo cual “los grandes acuerdos nacionales se deben corresponder con los acuerdos provinciales y así establecer un régimen educativo que contemple los derechos de los trabajadores y de los alumnos: el derecho de los docentes de no pagar con sus salarios el derecho de los jóvenes de estar dentro del sistema”.
El subsecretario de Educación Básica, Gustavo Iaies, se encargó de especificar la “anarquía” que dificulta el ordenamiento del sistema educativo. Señaló que la liquidación del incentivo salarial se realiza para “3000 tipos de cargos docentes distintos. Sólo en Tucumán existen 286 cargos con diferenciales salariales ínfimas: están los maestros normales, los normales transferidos, los de Educación General Básica y así indefinidamente, lo cual dificulta y encarece la administración del sistema. Nosotros pensamos que sería suficiente establecer menos de 50 cargos”.
La revisión del régimen de licencia es uno de los puntos claves. Educación considera que para poder cumplir, por ejemplo, con el proyecto enviado al Congreso para garantizar 180 días de clase como mínimo se necesita que el docente tenga disponibilidad de tiempo para que si se fijan horas institucionales para capacitación se amplíe la cantidad de jornadas de clase. En otros términos, se aspira a “llevar el régimen de licencias docente al vigente para el resto de la administración pública”.
En rigor, la reformulación del régimen laboral de maestros y profesores se ha intentado modificar desde hace años. La propuesta de máxima fue la esgrimida por los economistas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) que lisa y llanamente propone la eliminación de la estabilidad docente y la reducción total de licencias. Para persuadir a los gremios sobre el escaso margen de resistencia que existe, el equipo de Delich remarcó que “el blindaje que acaba de acordar Domingo Cavallo con el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf contiene cinco metas de racionalización educativa, entre las que figura la reducción de la planta de la Dirección de Escuelas, el congelamiento de la antigüedad y la redefinición de las licencias”. El mensaje es claro: “Si no lo hacemos nosotros nos lo van a imponer”, repiten.
La estabilidad es otro de los puntos que se prevé conflictivos. En la página 9 del borrador redactado por Sergio Palacios se recuerda que “en el Estatuto del año 1954 se establecían criterios de relatividad y limitaciones de la estabilidad. El artículo 15 fijaba que el docente calificado como ‘malo’ quedaría automáticamente suspendido en sus funciones a partir del primer día hábil del siguiente curso, y previa investigación sumarial acerca de la justicia de la calificación sería declarado cesante”. Sin embargo, a lo largo de la historia, los funcionarios sólo registraron un caso en que se apelara a ese criterio para separar a alguien del cargo en forma transitoria. La meta ahora es establecer periodicidad para los cargos directivos.
–Ahora estamos en la mitad de la cancha: la discusión está lanzada en el seno del Consejo Federal. Seguiremos discutiendo acaladoramente en los próximos días –dijo IaIaies.
–Sí, acaladoramente –remató Maffei.

 

Un diagnóstico letal

En el Ministerio de Educación no ahorran cifras para convencer sobre la “inviabilidad” política de continuar con la actual organización del sistema escolar. Detallan que:
En un año y medio renunciaron 11 ministros de Educación provinciales acosados por el desmanejo del sistema.
En el 2000 se gastaron en todo el país 900 millones de pesos más de los presupuestados por la anarquía existente. Sólo en la Provincia de Buenos Aires se excedieron en 330 millones. La incidencia del plus por antigüedad representa para Buenos Aires 42 millones de pesos más por año.
En la Ciudad de Buenos Aires, el ausentismo docente llega al 42 por ciento en las escuelas secundarias y al 28 por ciento en las primarias.
En el total del país, el 30 por ciento de los profesores de escuelas medias dicta menos de 10 horas cátedra semanales.
Existen 700 mil personas que tienen Cuil y reciben el incentivo salarial. En Educación esperan los resultados del Censo pero calculan que en realidad los docentes del sistema son 550 mil y los cargos rondarían los 650 mil.
Los salarios representan, en promedio, el 93 por ciento de las partidas. Las provincias destinan en promedio el 29 por ciento de sus presupuestos a educación. Calculan que el gasto administrativo se puede reducir entre un 12 y un 16 por ciento.

 

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