Por Alejandra Dandan

Walter es uno de los cientos de desesperados que ayer buscaban en el viejo edificio del Plata el perdón para sus infracciones de tránsito. “Vamos a ser sinceros –se expide–: el 90 por ciento de nosotros vino hoy para zafar.” Como el resto, fue pescado in fraganti por el sistema de fotomultas. Enterado del fallo que declaró la “ilegalidad” del sistema, corrió a conseguir el hiperpublicitado sello de eximición de penas, uno de los iconos más buscado en las colas que trepaban del primer piso al quinto. Todos sabían, por rumores cada vez más confusos e insistentes, que el perdón duraría poco: el gobierno porteño cree haber hallado la fórmula para cancelar la decisión de la Justicia de Faltas. El lunes presentará una apelación ante la Cámara Contravencional, que en marzo se pronunció a favor de las fotos. La eventual marcha atrás, sin embargo, no podrá revertir las eximiciones ya entregadas. Sí revertirá, en cambio, las frenéticas carreras callejeras con las que los porteños, con la falsa impresión de que no hay más multas, festejaron la presuntamente corta vida del fallo.
“Ni siquiera se respetaron los choferes de los móviles”, se desesperaba ayer a la tarde José Ibarzábal, gerente general de una de las dos concesionarias del sistema de foto multas. Apenas conocida la decisión del Tribunal de Faltas que eliminaba las condenas para los excesos de velocidad y mal estacionamiento, los porteños no sólo apretaron los aceleradores, también se despacharon contra los inquietos agentes de control (ver aparte). El aumento del promedio normal de infracciones diarias no fue, sin embargo, tan alto como sostuvo el gobierno porteño. Para la Subsecretaría de Trasporte, las multas subieron en un día 65,2 por ciento: de 7.500 diarias se pasaron a 12.200. Pero las empresas dieron cifras menores: Rodolfo Chávez, de Siemens Itron, aseguró a este diario que el aumento rondó en un 25 por ciento, mientras que según Ibarzábal el alza computada por Meller alcanzó 40 por ciento.
En tanto, dentro del viejo edificio del Plata, las noticias empujaron a cientos de porteños dispuestos a aprovechar los días de gracia logrados por la decisión de la Cámara de Faltas. Hasta allí corrió Daniel cerca del mediodía con la foto de su auto circulando, según la inquisidora máquina de fotos, a 117 kilómetros por hora un día de marzo en Libertador. “No te miento: hace dos horas treinta estoy acá”, decía mientras consultaba con Federico García, el infractor de atrás, si la espera había comenzado en el cuarto o quinto piso. La espera aunque larga, se anunciaba merecida: “Al menos eso me dijeron acá –dice Daniel– que hoy lo firma el juez y listo, no se paga”.
Esos eran los rumores y la causa por la que persistían en la espera Roberta Trevisan, cazada por mal estacionamiento el 16 de marzo, y David Levkov, indignadísimo por un sistema que lo obliga a avanzar a menos de 80 kilómetros por la autopista. Por eso mismo aseguraba no marcharse del edificio hasta enfrentarse al juez. Lo que no sabía aún era que antes de eso debía sortear no una sino tres larguísimas colas y el plantón en una sala de audiencias donde esperar expediente y absolución. “Tienen que esperar ahora media o una hora para que les tomemos los datos, traigamos el expediente y después se desestiman”, repetía la empleada del juzgado 4 cada vez más acosada.
La medida rige “hasta tanto un juez no dictamine la ilegalidad de la disposición del Tribunal de Faltas”, indicó a Página/12 para despejar tanta duda el secretario del Gobierno de la Ciudad Raúl Fernández. Hasta que otro fallo no anule el de Faltas los jueces de ese fuero administrativo seguirán absolviendo a los condenados. Aunque el gobierno porteño ya diseñó al menos dos estrategias para frenar y revertir una decisión que consideran inconstitucional, Fernández reconoció que un eventual nuevo fallo no modificará los sobreseimientos que tengan lugar en estos días. “Evidentemente eso es cosa juzgada pero quedará la responsabilidad del que las firme”, advirtió antes de aclarar que los jueces de falta serán juzgados por llevar adelante la medida. La tropa de jueces, en realidad, está en una encrucijada. Por mandato de Néstor Losa, presidente de la Cámara a la que responden, están obligados a firmar la eximición. “Esto es un fallo plenario y unifica criterios porque hasta ahora había jueces que sobreseían y otros que sancionaban: la Cámara unificó la desestimación y el sobreseimiento para siempre, en la medida que las actas no se acomoden a las normas vigentes”, insistió ayer a Página/12 Guillermo Black, uno de los camaristas del Tribunal de Faltas que denunció además una sucesión de presiones y amenazas a lo largo del día para varios de los jueces.
Entre las estrategias preparadas contra ese fallo, evaluado por el Ejecutivo como una rebelión ante la inminente disolución de ese fuero prevista por la Constitución porteña (ver aparte), hay dos a punto de concretarse. Por un lado se elaboró una apelación para presentar el lunes ante la Cámara Contravencional de la Ciudad que por una resolución del Consejo de la Magistratura es considerada instancia superior jerárquicamente a la de Faltas.
En segundo término, el Ejecutivo acelera ahora la destitución de los jueces y del mismo Tribunal y busca consenso para “preparar la restructuración integral del sistema”, explicó Fernández. Según el funcionario hay acuerdo con la Magistratura para implementar un camino de resolución más ágil que evite demoras y las colas de este sistema. “El infractor que no acuerde con el dictamen administrativo podrá recurrir al Poder Judicial para cuestionarlo”, indicó el funcionario.

RECORRIDA CON UN MOVIL QUE SACA LAS FOTOS
Al grito de “¡alcahuetes!”

“¿Siguen sacando fotos? ¡Los diarios dicen que no va más!”, grita un hombre desde la vereda. Los receptores del comentario son las dos personas que operan uno de los móviles dedicados a sacar las fotos de la polémica, los que tienen por trabajo escrachar a todos los autos que estén mal estacionados. Al día siguiente de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Faltas de sobreseer a todos los imputados, por considerar las actas “incompatibles con la legislación vigente”, la confusión de los porteños se palpa en la calle: la mayoría está convencida de que el sistema fue suspendido. Página/12 viajó en uno de los móviles de la empresa Meller y los epítetos escuchados –que incluyeron toda una gama de variados insultos– funcionaron como un termómetro de la reacción de la gente frente a este sistema.
El día después de la polémica decisión de los jueces de faltas, la camioneta de la empresa Meller –que junto a Siemens Itron tiene a cargo el control fotográfico de infracciones–, dotada de una cámara, una laptop y comandada por dos empleados, sigue con su rutina. Circula a paso de hombre, pegada a los autos que están (mal) estacionados, a los que les toma una foto. La gente lo ve pasar, y la mayoría pone cara de pocos amigos. Algunos osados, verbalizan lo que piensan: “¡Alcahuetes!”, grita uno desde la puerta de su negocio, sobre la avenida Avellaneda, en Flores. También están los que pierden los estribos: “Una vez nos tiraron un bulonazo”, cuenta Juan, al volante del vehículo. “Y otro nos quiso pegar”, agrega Gustavo, que opera la computadora.
Aunque ahora están más tranquilos “desde que están ellos”, dice Gustavo, y señala al policía que viaja en la caja de la camioneta, los insultos no decaen. El policía sonríe, y diagnostica: “La gente se enoja sin razón, no conoce las reglamentaciones de tránsito”. Lo cierto es que hay muy pocos carteles que indiquen la prohibición de estacionar. Curiosamente, donde el cordón está pintado de un amarillo intenso, casi no hay autos parados.
Ahora el móvil cuatro circula por Donato Alvarez. “¿No tienen otra cosa que hacer?”, gritan desde un auto. Juan y Gustavo miran de reojo al cronista y sonríen resignados: “Ya estamos acostumbrados a que nos digan de todo”, dicen, casi a coro. Ya van por la foto 643 del día, y siguen, casi como autómatas. Hay autos que zafan del gran angular delator. Algunos por azar, ya que están tan pegados a los autos de atrás y de adelante que no se ve la patente. Otros no apuestan a la suerte. Son los que ya saben que por ahí pasa la camioneta: baúles levantados para que no se vea la chapa, patentes tapadas, conductores parados estratégicamente para evitar que la foto revele los datos del auto. Las manifestaciones de disconformidad van desde insultos hasta golpes en la camioneta. Pero hay quienes recurren a la Ley del Talión: llegaron hasta a sacarles fotos al móvil.
“Se te acabó el curro”, dispara un remisero, y Gustavo piensa en voz alta: “Ojalá la multa la cobrara yo”, musita. Sobre Trelles, los vehículos están estacionados uno tras otro en la mano izquierda, y el jueves no había ninguno, aseguran los operadores. Según sus cálculos, en un solo día aumentó un 20 por ciento la cantidad de autos mal estacionados.
Casi todos los porteños recibieron con entusiasmo la noticia de que están en capilla las multas fotográficas. Casi todos, porque los que trabajan en eso están preocupados, como lo señalan Juan y Gustavo: “A nosotros nos jode porque es una fuente de laburo –dicen, con incertidumbre–. Más ahora que conseguir trabajo es tan difícil...”.
Producción: Hernán Fluk

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