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Por Eduardo Tagliaferro
 El mismo día en que desde
La Rioja, arropado con la bandera argentina, denunciaba que es víctima
de una persecución política, en la causa por la venta ilegal
de armas se recibían nuevos testimonios que involucrarían
al ex presidente Carlos Menem. Frente a los investigadores judiciales,
Santiago Piaggio, ex yerno del empresario argentino-brasileño Rubén
Ormart –socio del traficante Diego Palleros en una de las empresas
que intermedió en la operación–, habría reconocido
que su ex suegro no era un desconocido para Menem. El dato sumaría
nuevos interrogantes y mostraría que a pesar de la tradicional
insistencia del ex presidente en que “si hubo un desvío de
las armas lo realizaron los intermediarios”, algunos aspectos de
la maniobra no podían serle desconocidos.
Ormart es un empresario con importantes relaciones en América latina
y Estados Unidos y entre sus fluidos contactos figuran el banco libanés
de París y el Audi. En reiteradas ocasiones señaló
que es ajeno al affaire, pero cuando en 1998 fue citado a prestar declaración
indagatoria ante la justicia Argentina, optó por no concurrir.
El socio y compadre de Palleros siempre se jactó de sus vinculaciones
con el entorno íntimo de Menem, hecho del que habría dado
cuenta ayer su ex yerno.
Como si fuera poco, un anónimo sobre el que inicialmente deberán
decidir el juez Jorge Ballestero y el fiscal Carlos Cearras (del cual
ayer dio cuenta Página/12) relata un encuentro entre Luis Sarlenga
y el ex presidente en la Quinta de Olivos cuando el ex ministro de Defensa
Oscar Camilión le había reclamado la renuncia al entonces
interventor en Fabricaciones Militares. El texto también da cuenta
de un supuesto diálogo telefónico entre ambos en el que,
luego de alentarlo a continuar con la venta de armamento a pesar de la
existencia de las primeras denuncias públicas realizadas por el
entonces senador Antonio Berhongaray, Menem le habría dado a Sarlenga
una serie de recomendaciones.
Cuando se conocieron las primeras noticias señalando que parte
de las armas que supuestamente habían sido vendidas a Venezuela
mediante el decreto 103/95 terminaron en Ecuador (por entonces en guerra
con Perú), la primera reacción del gobierno fue negar los
hechos. En agosto del ’98, el ex ministro Antonio Erman González
concurrió a la Cámara de Diputados para ser interpelado
por la comisión de Defensa. Allí aseguró que el armamento
había arribado a Panamá. Incluso dio fechas y nombres de
puertos en los que habrían fondeado los buques de la empresa naviera
Croatias Line.
A esa altura, los instructores tenían por probado que los buques
transportando el armamento habían desembarcado su carga en puertos
de la ex Yugoslavia. Menem había cambiado su discurso inicial.
No negaba que el armamento hubiera aparecido en Ecuador o en Croacia,
pero tomaba distancia afirmando que “si hubo desvíos fueron
los intermediarios”.
El por entonces jefe del Ejército, general Martín Balza,
también había concurrido en agosto del ’98 a testimoniar
frente a los diputados. Insistía con que no era un “mafioso
ni un delincuente” y que si el señor Luis Sarlenga había
entendido que podía disponer del armamento del Ejército
“era un problema suyo”. En esta época el discurso de
Balza resaltaba que su fuerza tenía completo el stock de armas
y que las que faltaban estaban en manos de Fabricaciones Militares en
virtud de un convenio, al que Stornelli impugnó y lo consideró
falso.
“¿Por qué hablaste con el Presidente por un tema que
podés hablar conmigo? Si todo el material que quieran, siempre
que sea beneficioso para la fuerza lo tenés a tu disposición”,
fue, según la confesión judicial de Sarlenga, el pasado
6 de abril, la charla que habría mantenido con Balza.
La presencia de Balza y González en el Congreso era un intento
de frenar lo que se venía. En esa época el fiscal preparaba
la acusación contra Balza y su pedido de indagatoria como integrante
de una asociación ilícita. La estrategia del fiscal no era
pública, tan sólo la conocían su secretario y el
procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Sin embargo,
el gobierno estaba en guardia.
“Yo no me metí solo en esto. Me metieron”, alcanzó
a declarar Sarlenga un mes antes de ser detenido por el juez en lo penal
económico Marcelo Aguinsky. Corría octubre de 1998. El amigo
de Eduardo Menem y ex titular del Banco de la Provincia de La Rioja era
trasladado al escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería y
comenzó a recibir las primeras amenazas en las que le vaticinaban
que correría la misma suerte que Alfredo Yabrán.
El gobierno que siempre manifestó que confiaba en la Justicia,
perdió la línea y desde Inglaterra, el ex presidente, sugirió
que “había que investigar al fiscal”. En esa época
estaba lejos de preocuparse por su suerte, lo obsesionaba la citación
de Balza y la figura penal por la que se lo acusaba: asociación
ilícita. La misma que hoy podría llevarlo a testimoniar
frente a Urso, con la posibilidad de quedar detenido.
“Tendría que revisar mis papeles para ver si alguna vez Estados
Unidos me hizo alguna referencia al tema”, fue el último argumento
de Menem. La frase lleva la implícita intención de mostrar
que se trataba de una cuestión de Estado o de que está comprometido
un estado extranjero para reclamar la competencia de la Corte Suprema
y de su amigo el “Buby”, que no es otro que el presidente del
más alto tribunal, Julio Nazareno.
Ahora, mientras se delinea una nueva estrategia jurídica, se sostiene
que hay una cruzada política en contra del gran privatizador riojano.
Atrás quedaron varios intentos frustrados para que el expediente
recalará en la Corte. El juez Marcelo Aguinsky, el procurador Nicolás
Becerra, y ahora distintos recursos de queja, fueron los peones que participaron
de la avanzada.
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OPINION
Por Miguel Bonasso
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Menem, López Rega
y el PJ
En abril de 1986, el prófugo José López Rega
se presentó ante el juez Samuel Smargon de Miami, como “político
retirado y perseguido”. Haciendo un cierto barullo con la cronología,
el Brujo sostuvo en esa misma audiencia que antes de ser “político”
y “perseguido” había revistado como “policía
federal” y se había retirado de la repartición
con el “grado más alto, el de comisario general”.
Un “honor –dijo– que me hicieron las dos cámaras
del Congreso bajo el imperio de la ley”. Más adelante,
al borde del llanto, subrayó: “Yo fui un policía
honrado por mi país. ¿Cómo voy a tener antecedentes
criminales?”.
Olvidaba –entre otras muchas tropelías– el famoso
cheque de la Cruzada de la Solidaridad, la compra de petróleo
a Libia por un precio mucho más alto que el del mercado internacional
y, sobre todo, los mil quinientos asesinatos perpetrados por la
Alianza Anticomunista Argentina que lo empujarían a la extradición
y a una celda de Villa Devoto donde moriría a causa de la
diabetes y no de aquella “persecución” que lo obsedía.
Sin embargo, López Rega no mentía del todo cuando
se refería a los honores que le había rendido el peronismo
parlamentario en su momento de mayor poder, cuando era ministro
de Bienestar Social, secretario privado de la Señora Presidente
y “hombre fuerte” detrás del trono que silabeaba
en el balcón los discursos que a renglón seguido vociferaba
su jefa y amiga. Porque en el momento de mayor poder del secretario
y mayordomo del último Perón, la casi totalidad de
los dirigentes políticos y sindicales del justicialismo le
rindió pleitesía y no vaciló en hacer de goma
cualquier escalafón institucional para que el curioso personaje
pudiera ascender de cabo a comisario general de la Federal.
La historia no se repite, pero el pasado ayuda a entender el presente.
En la declaración del asesino vencido por el cansancio, el
miedo y la diabetes, hay varios puntos en común con el grotesco
espectáculo ofrecido estos días por funcionarios,
legisladores y dirigentes justicialistas, reunidos en demostración
de fuerza para presionar a la justicia y evitar que sea citado a
indagatoria el ex presidente Carlos Menem. Una penosa demostración
de “unidad” de la que solo estuvieron ausentes unas pocas
figuras del peronismo: el gobernador de Santa Cruz, Néstor
Kirchner, su esposa, la diputada Cristina Fernández, el vicegobernador
bonaerense Felipe Solá y, a último momento, el ex
candidato presidencial Eduardo Duhalde.
El matrimonio Kirchner, no sólo negó su presencia
sino que manifestó “vergüenza ajena” por la
comparación entre la persecución política que
efectivamente sufrieron los peronistas tras los golpes militares
de 1955 y 1976 y la “persecución” judicial que
estaría sufriendo el ex presidente Menem por parte del fiscal
Carlos Stornelli. Con toda justicia, Cristina Kirchner sostuvo que
la comparación implica una falta de respeto para los fusilados
de 1956 y los miles de desaparecidos que el poder militar secuestró
y asesinó veinte años más tarde.
Como López Rega en 1986, Menem (y los corifeos del PJ) pretenden
desvirtuar acusaciones concretas de la justicia por hechos delictivos
efectivamente perpetrados (en este caso la venta ilegal de armas
a Ecuador y Croacia), asimilándolas a una persecución
ideológica y política de los “gorilas”.
Astucia remanida de la que el ex mandatario abusa apoyado en la
falta de memoria de la sociedad argentina.
¿Qué gorilas persiguen a Menem y el menemismo? No
serán, sin duda, los Alsogaray (Alvaro y María Julia)
que participaron de su gobierno, tan lucrativamente privatizador.
Alvaro, en cambio, sí persiguió política e
ideológicamente al verdadero peronismo (el que incomodaba
a la oligarquía y el imperialismo) cuando puso su firma debajo
de la del dictador Pedro Eugenio Aramburu en el célebre decreto
4161 que penaba con cárcel la simple mención de los
nombres de Perón y Evita.No sería sin duda el fenecido
almirante Isaac Francisco Rojas, a cuyo velatorio concurrió
Menem, el mismo presidente que no concurrió al Congreso cuando
se repatriaron los restos de un peronista leal y decente, llamado
Héctor Cámpora. A quien las dictaduras militares de
1955 y 1976 investigaron infructuosamente en busca de un peso mal
habido y tuvieron que reconocer, en el último caso post mortem,
su absoluta inocencia.
¿De qué gorilas habla el Gran Hermano Eduardo? Que
nunca fue peronista sino demócrata cristiano como Erman González.
¿Acaso de aquellos que lo nombraron funcionario de la intervención
militar en La Rioja?
Algunas presencias en la foto familiar de apoyo a Menem podrían
explicarse por las famosas carpetas, por ese resguardo informativo
que los rivales políticos conservan de sus adversarios para
usarlas como disuasor nuclear en el momento oportuno. Otras, como
la de Antonio Cafiero, sólo pueden explicarse por el mismo
fenómeno que produjo el ascenso de un cabo afortunado a comisario
general. En abril de 1984, analizando la derrota electoral sufrida
ante Raúl Alfonsín, Cafiero proponía con lucidez:
“Todas estas evasiones, que rehúsan la sana autocrítica,
que se refugian en la explicación pueril y acomodaticia y
que nos incapacitan para engendrar una oposición basada en
un proyecto alternativo al del oficialismo son otros tantos síntomas
del agobio que nos invade”. Por esas mismas fechas, el justicialista
chaqueño Adam Pedrini elevaba su renuncia como consejero
superior a Isabel Perón y lo hacía con estos términos
atinados: “La lealtad al ideario del General Perón (...)
se ejerce y se practica aportando ideas, evitando la obsecuencia
por antidoctrinaria, y aún criticando y discrepando (...).
(Desde hace años) el peronismo no practica el debate esclarecedor
que, reafirmando nuestra concepción ideológica, desenmascare
a las ideologías desembozadas o sutiles de la dominación
neocolonial”. ¿Por qué no se releen, muchachos?
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“Yo soy víctima
de una acción persecutoria por parte de algunos sectores
de la política argentina.”