Por Gustavo Veiga

Una denuncia por administración fraudulenta que involucra a dirigentes y ex dirigentes de Argentinos Juniors podría entorpecer la transferencia de Juan Román Riquelme al club Barcelona de España. El abogado Alberto Miguel Pérez, ex vicepresidente segundo en la institución de La Paternal, se presentó como querellante ante el Juzgado de Instrucción Nº 19 a cargo del doctor Alberto Seijas, para solicitar una investigación en la entidad que se desempeñó como directivo. La causa que dio origen a su demanda es tan larga como compleja. El 12 de setiembre de 1996, Boca adquirió el 80 por ciento de su jugador estrella en una operación por la que pagó 640.000 pesos. Así lo estipulaba una cláusula adicional del contrato firmado en aquel momento por Ricardo Bravo y Esteban Ianni como representantes de Argentinos, y Pedro Pompilio y Roberto Digón por Boca (ver documento). El 9 de diciembre de 1997, este club registró en la AFA a su nombre el 20 por ciento restante del pase a cambio de un importe que, Pérez sospecha, jamás llegó a la institución vendedora. Por este motivo, le requirió al juez que –entre otras disposiciones– “decrete medida de no innovar sobre el futuro pase del jugador Juan Román Riquelme y/o, en caso de prosperar la transferencia se inmovilice el 20 por ciento de la suma que le correspondería a Argentinos Juniors de acuerdo al convenio firmado”. Consultado el dirigente de Boca Juniors Gregorio Zidar, presidente de la Comisión de Fútbol, sostuvo que “alrededor de dos meses después” de realizada la operación original, cuando se concretó el pase de César La Paglia, Boca saldó el 20 por ciento pendiente de Riquelme. Afirmó, además, que su institución tiene toda la documentación que prueba la propiedad del total del jugador.
Pérez, un letrado que dicta un curso sobre daños en el deporte en la Facultad de Derecho, está enfrentado con la comisión directiva que encabeza el contador Oscar Giménez. Sus diferencias con el oficialismo datan de 1997, cuando se decidió suspender en su cargo al ex secretario de hacienda del club, contador Alejandro Bursztyn, porque habría incumplido con determinadas normas estatutarias. Pérez reivindica a este último, quien le suministró una fotocopia del contrato en el que se acordó la transferencia de Riquelme a Boca. Desde entonces, los dos denunciaron irregularidades en Argentinos Juniors y, asimismo, resultaron demandados (ver aparte).
En este marco de confrontación, Pérez explicó: “Juan Carlos Malvido, el secretario general, dijo que, bajo ninguna forma, iba a permitir que el club perdiera el 20 por ciento del pase de Riquelme. Porque no hay ninguna documentación que avale la compra de Boca por ese porcentaje. Esto salió en todos los diarios. Giménez, ante esa presión, retiró –según Malvido– la documentación del club con relación a ese hecho. Y, además, presentó una nota en la AFA para pedirle a Julio Grondona que le informe de quién es el 20 por ciento. Esto me hizo pensar a mí que, evidentemente, había en principio un delito de administración fraudulenta”.
El ex vicepresidente del club y ahora querellante sostiene que “desde 1996 a la fecha no se hizo ninguna denuncia respecto al caso Riquelme, pero sí realizamos una por administración fraudulenta en una causa que prescribió. Hemos luchado en todos los terrenos. Y, en esta situación, tenemos plazo para que se investigue penalmente hasta el 2002, porque el delito prescribe a los seis años”. Pérez espera que el juez Seijas mande pedir el expediente archivado en la AFA donde consta que Boca compró el 20 por ciento del pase. Piensa que, de ese modo, se conocerá a quiénes firmaron a nombre de Argentinos Juniors la operación que completaba el traspaso del jugador.
En lo que se refiere a la institución compradora, el informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea de Representantes que auditó lascuentas de Boca durante casi seis meses, entre el 2 de octubre de 1997 y acta N 17 de C.D se aprueba la incorporación del 80 por ciento de los derechos federativos de estos dos jugadores (alude a Riquelme y Emanuel Ruiz) por $ 640.000 cada uno”. Más adelante, el texto señala que el 31 de octubre del ‘96 “según recibo extendido con papel membrete de Argentinos Juniors donde consta que no tiene nada más que reclamar en relación con la transferencia de los jugadores, se abona la suma de $ 200.000, pagándose además en esa oportunidad una comisión a Eventos Deportivos de Luis A. Aguerre y Milton Viera de $ 220.000”.
Pérez estima que su club les vendió los pases de Riquelme y Ruiz a dos empresarios –serían Alberto Poletti y el fallecido Enzo Gennoni– y que fueron ellos quienes colocaron a ambos juveniles en Boca cuando aún no habían debutado en Primera División. La intermediación –si existió– contribuyó a que resultara todavía más complicada la arquitectura de la operación. “Si hubo un contrato privado, el dinero tendría que haber ingresado a la institución; si no, alguno se lo llevó. Si el ilícito se cometió, no habrá forma de que ahora lo puedan tapar” sugiere el denunciante y socio vitalicio de Argentinos Juniors número 501271-1.
Pese a que Boca tiene constancia en su documentación interna de aquel pago por 200.000 pesos efectuado el 31 de octubre de 1996, más de un año después –exactamente el 5 de enero de 1998– el diario Clarín reproducía las siguientes declaraciones de Ricardo Bravo, quien por entonces era presidente de Argentinos Juniors, sobre el caso Riquelme: “Su traspaso nos significará un ingreso más que importante. Si lo venden en 14 millones de dólares, nosotros recibiríamos 2.800.000, ya que aún somos propietarios del 20 por ciento del pase del pibe”. La posible transferencia del jugador al exterior estaba en boca de muchos por aquella época. Bravo, un curioso personaje al que llamaban “Tanguito”, fue destituido de su cargo en marzo del ‘98. Sus pares de comisión directiva lo acusaron de cometer ciertas irregularidades, entre ellas, no explicar “adecuadamente” cómo pasó a Boca el juvenil Fernando Marinelli.
Hoy, cuando la venta de Riquelme al Barcelona de España está casi concretada, Pérez saca cuentas del dinero que debería cobrar Argentinos si prosperara su denuncia. “Estamos hablando de 4.400.000 dólares limpios, si, como se comenta, la operación se hace por 22.000.000”. El viernes último, el fiscal de la causa que se instruye en el juzgado del doctor Seijas habría requerido los antecedentes, con lo que quedaría abierta la investigación por administración fraudulenta, un delito que tiene como pena de 2 a 6 años de prisión.

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