Por Washington Uranga
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Culto que encabeza Norberto Padilla, presentó ante los representantes de las distintas confesiones religiosas, un anteproyecto de ley de �libertad religiosa� mediante el cual se pretende la reafirmación del principio de igualdad de las distintas confesiones, si bien se deja a resguardo la situación de preeminencia que tanto la Constitución como los acuerdos preexistentes le otorgan a la Iglesia Católica, en particular a través del concordato firmado con la Santa Sede el 10 de octubre de 1966. El anteproyecto de ley, que consta de 37 artículos, fue elaborado contando con la asesoría de un consejo ad honorem constituido en el marco de la Secretaría de Culto y del que participan a título no institucional personalidades reconocidas dentro de las diferentes confesiones religiosas presentes en el país.
El proyecto contempla la creación del �registro de confesiones religiosas� que, sin embargo, no será de inscripción obligatoria. Quienes se inscriban en el mismo de acuerdo con los requisitos estipulados por la ley recibirán de inmediato la personalidad jurídica, sin mediar otro trámite y con la sola restricción del ejercicio del comercio. Para la realización de actividades civiles conexas con la labor religiosa, las entidades confesionales podrán constituir a su vez otro tipo de fundaciones, sociedades o asociaciones. Se crea también el Consejo Asesor de Libertad Religiosa y, mediante la modificación de algunos artículos de Código Penal, se agravan las penas por los llamados �delitos contra la libertad religiosa y de conciencia�.
De aprobarse la iniciativa todas las confesiones registradas legalmente tendrán derechos hasta ahora sólo reconocidos a la Iglesia Católica, como la �inembargabilidad e inejecutabilidad� de los templos o lugares de culto y de los objetos sagrados y la posibilidad de designar capellanes en los sistemas carcelarios, militar u hospitalario mediante acuerdos de cooperación suscriptos con el Estado nacional.
La iniciativa que se propone para la consulta de las diferentes comunidades religiosas tiene como antecedente un anteproyecto elaborado en 1992 e incorpora el resultados de aportes y consultas hechas tanto con la Iglesia Católica como con las diferentes vertientes evangélicas, el judaísmo y el islamismo. El proyecto de ley no define de manera taxativa lo que se entiende por religión, culto o secta, sino que establece que �no se consideran iglesias, comunidades o confesiones religiosas� a las entidades que desarrollen �exclusivamente� actividades tales como �el estudio o la experimentación de ideas filosóficas o científicas, o de fenómenos psíquicos, parapsicológicos, astrofísicos o astrológicos, a la adivinación o la magia�, así como la �prestación de servicios de resolución de problemas y armonización personal, mediante técnicas parapsicológicas, astrológicas, de adivinación, mágicas, de ejercicios físicos o mentales, o a través de dietas o medicinas alternativas�. Tampoco se consideran confesiones religiosas amparadas por el alcance de la ley a lo que se denomina �cultos o ritos satánicos�.
En un acto realizado ayer en el Palacio San Martín, del que participaron dirigentes de diferentes confesiones religiosas y con la presencia del Relator de Naciones Unidas sobre Libertad de Religión, Abdelfattah Amor, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini dijo que el anteproyecto de ley �busca ampliar y mantener el grado de libertad religiosa que ha caracterizado la historia argentina�, subrayando �el pluralismo, la tolerancia y el ejercicio libre de la libertad de conciencia�.
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