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Por Irina Hauser
 El director de la Oficina Anticorrupción (OA), José Massoni, no se cansa de llamar a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete con la misma pregunta que tiene en vilo a todo su equipo desde hace un mes y medio. Quiere saber en qué quedó aquel anuncio de Fernando de la Rúa sobre la creación de un Ministerio Anticorrupción, que amenazó con ponerlo casi bajo sus órdenes directas, o sacarlo de ahí para siempre. �No hay nada, ningún proyecto, ni un papel�, le contestan religiosamente. Un estrecho colaborador del gabinete le dijo a Página/12 que �ese ministerio no existirá�. A nadie se le escapa el enojo que, por dos razones, tienen en la OA con el Poder Ejecutivo y con el propio ministro de Justicia, Jorge de la Rúa: por un lado, a 18 de sus 40 investigadores les rebajaron más de la mitad del sueldo y pese a sus reclamos aún no obtuvieron recomposición; por el otro, la noticia de la creación del ministerio de la transparencia les quitaría su autonomía y hasta el sentido de su existencia.
Cada vez que atraviesa momentos de crisis, el presidente De la Rúa elige volver a agitar de alguna manera las cada vez más débiles banderas de la transparencia. El 1º de marzo, durante el discurso de inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso, anunció que elevaría la OA, que actualmente depende del Ministerio de Justicia, al rango de Ministerio Anticorrupción donde la unificaría con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Al frente, dijo, pondría a un �extrapartidario�. En ese momento, la noticia dejó perplejo a su propio hermano, titular de Justicia, que estaba en Europa, en el mismo viaje en que tuvo que ofrecerle el ministerio de Economía �a pesar de no estar de acuerdo� a Ricardo López Murphy.
Jorge De la Rúa no fue el único sorprendido. En las copias del discurso que repartió la Presidencia entre los presentes en aquel acto en el Congreso, no figuraba el ministerio de la transparencia ni nada que se le pareciera. Fue �un golpe de pluma� de último momento del Presidente, bromean algunos ministros cada vez que se vuelve a saltear el tema en las reuniones de gabinete. Así y todo, De la Rúa volvió a la carga con el anuncio después de otra tormenta, cuando asumió en Economía Domingo Cavallo. Pero jamás dio ningún detalle más de lo que, dicen sus allegados, encarna una idea que le es propia.
En la Casa Rosada aseguran que nadie vio ningún proyecto ni nada relacionado, mientras otras reformas ministeriales como la creación de la cartera de Seguridad Social sí toman cuerpo. Al parecer, lo único que cosechó la idea fueron, más que propuestas o gestos de solidaridad, señales de repudio. El propio Jorge de la Rúa le hizo saber al mandatario que no le gustaba nada. De hecho, implicaba quitarle a la cartera de Justicia las únicas dos patas que le dan algo de presencia (la OA y la UIF). Fernando de la Rúa sabe que si hubiera sorprendido del mismo modo a cualquier otro titular de Justicia que no fuera su hermano, se hubiera ligado un escándalo.
De hecho, su anterior ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra �que para esa altura ya se había reconciliado con el Presidente que lo sacó inesperadamente del cargo al renunciar el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez� se tomó varios cafés con él para convencerlo de que lo que estaba proponiendo era �un total disparate�. La advertencia de Gil Lavedra no es menor, ya que fue en su propio estudio jurídico donde ideó junto con Fernando de la Rúa el organismo anticorrupción tal como aún se lo conoce. El ex ministro a lo sumo dio señales alguna vez de estar dispuesto a soportar que la OA fuera trasladada �modificaciones legales mediante� a la esfera del Ministerio Público para adquirir mayor autonomía funcional al reemplazar o sumarse a la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que aún subsiste pero reporta casi nulos resultados.
Massoni ha ejercido presión propia contra la idea del ministerio enumerando sus razones a Jorge de la Rúa. Comparte argumentos técnicos con otros tantos juristas con poder de influencia en la Presidencia:
 Un organismo de control del Ejecutivo no puede ni debe depender directamente del Presidente. La transparencia se demuestra con investigaciones autónomas y serias.
Para crear el Ministerio Anticorrupción habría que modificar la ley de ministerios y destinar una partida especial para crear un organismo que tendría apenas entre 50 y 100 personas.
Las actividades de la OA nada tienen que ver con las de la UIF y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.
Sería necesario modificar la ley 25.246 antilavado, que puso a la UIF bajo la órbita de la cartera de Justicia.
De la Rúa dijo que quería poner al frente del ministerio a un �extrapartidario� y darle participación a los distintos partidos políticos cuando la realidad es que con el ex juez Massoni ya cuenta con un extrapartidario.
Como si faltaran más resistencias al proyecto, a los pocos días del primer anuncio en el Congreso, un recorte salarial abrupto llegó a las categorías A y B del Ministerio de Justicia y afectó proporcionalmente más a la OA que a ningún otro sector de la cartera. Dieciocho de los 40 investigadores de la OA todavía dudan si quedarse ya que se les quitó, en algunos casos, hasta el 65 por ciento del sueldo (que cobraban bajo la forma de incentivo). Algunos de ellos tienen licencia en la Justicia Nacional y de la Ciudad, otros renunciaron apostando a un proyecto anticorrupción. El tijeretazo de Jorge de la Rúa paralizó a buena parte de la cartera que se plegó a una huelga durante dos semanas. �A los profesionales de la OA les tocará una recomposición del salario, aunque no sabemos cuándo�, explican a Página/12 en la cúpula de la cartera judicial. En el equipo de Massoni no entienden la lógica de la poda de sueldos casi unida al anuncio de su supuesta �jerarquización� a rango ministerial. Ante el público, no obstante, cuidan el tono de los reclamos, conscientes de que para mostrar independencia sólo tienen que recordar el procesamiento del frepasista y ex interventor del PAMI Angel Tonietto y el pedido de investigación del cuñado presidencial, el contraalmirante Basilio Pertiné, por negocios turbios. Lo demás fueron un sinfín denuncias judiciales contra la administración de Carlos Menem, entre ellas la demanda por asociación ilícita que llevó a la Cárcel al ex titular del PAMI, Víctor Alderete.
Pocas horas antes de llegar al ministerio, el hombre de pocas palabras Jorge de la Rúa estaba destinado a la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Su hermano lo puso frente a la cartera de la que depende la OA, un gesto que generó más suspicacias de las ya existentes sobre el organismo en el menemismo. Hacerla ministerio no parecería que mejore su imagen, más bien lo contrario.
Del Ministerio Anticorrupción sólo parecer existir el recuerdo del exabrupto desesperado del Presidente y, para él, un precedente que hace pensar que, más allá de los jueces, que luego de largos años de pasividad hoy deciden a arremeter contra la corruptela de la década previa, para los gobernantes la transparencia sea algo más que una palabra bonita.
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