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Por Juan Jesús
Aznarez*
Desde
México DF
 El gobierno mexicano, maniobrando
a toda prisa para evitar el definitivo descarrilamiento del proceso de
paz en Chiapas aplaudió primero la ley indígena aprobada
por el Congreso, pero, al observar que el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) y sus aliados la rechazaba, rectificó,
y propuso su revisión. Convocada a Los Pinos, residencia de los
presidentes mexicanos, Xóchitl Gálvez, directora de la Oficina
de Asuntos Indígenas de la presidencia, pidió “profundizar
en aspectos centrales como la autonomía y la libre determinación”.
La crisis de Chiapas, según la mayoría de los análisis,
atraviesa un callejón sin salida.
Contrariado, acentuándose las viejas diferencias entre el Ejecutivo
y el partido oficial, Diego Fernández de Cevallos, jefe de los
senadores del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), conservador,
demandó al presidente “que nos respete”. “Yo le
invito a que más que preocuparse por la calidad de nuestro trabajo
se comprometa, como se ha comprometido, a atender las demandas de los
indígenas con políticas públicas.” La mayoría
parlamentaria, incluido el PAN, negó a Fox facultades para vetar
la ley porque se trata de una reforma constitucional aprobada por las
dos terceras partes del Congreso. Manifestantes prozapatistas se sumaron
ayer a las marchas mexicanas del 1° de mayo denunciado que la ley
no escamotea los mecanismos legales para ejercer el autogobierno.
El subcomandante Marcos anunció el domingo la ruptura de todo tipo
de contactos con el Gobierno al negar validez a una ley que, tras su ratificación
por al menos 16 de los 31 estados mexicanos, elevará a rango constitucional
los derechos y culturas de los diez millones de indígenas, el 10
por ciento de la población de México, la más pobre.
Traiciona, protestó Marcos, el contenido del proyecto de ley redactado
en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa),
integrada por representantes de los principales partidos parlamentarios.
Esa comisión resumió en la iniciativa los Acuerdos de San
Andrés, firmados aquel año por el gobierno de Ernesto Zedillo
(1994-2000) y los zapatistas. Las enmiendas de fondo introducidas por
esa presidencia condujeron al abandono de la mesa de negociaciones del
EZLN.
Los dos partidos mayoritarios, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y el PAN, subrayan que la ley es buena y perfectible, y evitará
choques de jurisdicción y agravios comparativos entre los indígenas
y el resto de los mexicanos. El alcance de la libre determinación
y de la autonomía reconocida en la ley federal, agregaron, deberá
ser definido, de acuerdo a sus necesidades y circunstancias, por los Congresos
locales de los 31 estados, domicilio de las 57 etnias, algunas integradas
por más de un millón y medio de personas y otras por apenas
medio millar. “Se habla de autonomía, pero no se establecen
sus características. ¿Quién la dará seguimiento
a eso? ¿Quién la hará cumplir? El PRI y el PAN se
lavan las manos”, denunció Martí Batres, jefe del Partido
de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) en la
Cámara baja.
La complejidad del problema indígena mexicano es de tal envergadura
que difícilmente habrá consenso, no sólo en el Congreso
sino en el resto de las fuerzas sociales, sobre la demarcación
de los territorios originariamente pertenecientes a las etnias, muchos
de ellos hoy en otras manos, o sobre los límites de la autonomía
política, económica y social, y de los usos y costumbres
ancestrales de las diferentes comunidades. El gobernador de Chiapas, el
independiente Pablo Salazar, ganador de las elecciones del pasado mes
de agosto en coalición con el PAN y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), rechazó la ley y anticipó cuchilladas
en el Congreso local cuando sea enviada a su consideración. El
obispo del empobrecido estado sureño donde en 1994 se alzó
el EZLN declaró que “el Congreso (federal) ya legisló
y cumplió una de las condiciones que habían pedido. Que
no sea totalmente satisfactoria para ellos es punto y aparte”.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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Los cambios de la
discordia
La distancia entre el proyecto de ley redactado en 1996 por la
Comisión legislativa de Participación y Concordia
(Cocopa) y el texto aprobado por el Congreso mexicano tiene muchas
diferencias y es la base de la nueva crisis en el proceso de paz
entre el gobierno mexicano y los zapatistas. Entre los cambios planteados
por el Congreso en la Constitución mexicana figura la prohibición
en su artículo primero de cualquier forma de discriminación:
 Queda eliminada la fracción
IX del artículo 115, de la propuesta de la Cocopa que reconocía
el respeto “al ejercicio de la libre determinación de
los pueblos indígenas en cada uno de sus ámbitos y
niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar
uno o más pueblos indios, de acuerdo con las circunstancias
particulares y específicas de cada entidad federativa”.
Las comunidades indígenas
pasan de ser “entidades de derecho público” a “entidades
de interés público”.
“El uso y disfrute
colectivo de los recursos naturales de sus tierras y territorios”
pasa a ser “uso y disfrute preferente de los recursos naturales
de los lugares que habitan”.
Todo pueblo indígena,
según la redacción de la Cocopa, se asienta en “un
territorio que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos
indígenas ocupan o utilizan de alguna manera”. La ley
aprobada no define cuál sea el territorio a demarcar y llama
a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad
de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”.
“Las comunidades
indígenas, como entidades de derecho público, y los
municipios”, según la redacción de la Cocopa,
“tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de
coordinar sus acciones”. En la ley aprobada, “las constituciones
y leyes de las entidades federativas” (de los 32 Estados, incluyendo
en la categoría al Distrito Federal), “establecerán
las características de la libre determinación y autonomía
que mejor expresen la situaciones y aspiraciones de los pueblos
indígenas en cada entidad, así como las normas para
el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades
de interés público”.
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