Por Cledis Candelaresi

Diez años y treinta y cinco días después que se sancionara la ley de Convertibilidad, Diputados aprobaba anoche el proyecto que prevé modificarla, sujetando el valor del peso al dólar y al euro en partes iguales. Salvo por la resistencia menemista, Domingo Cavallo –autor de aquella ley y esta propuesta– consiguió un amplio apoyo pluripartidario para la media sanción de su iniciativa, que desecha la alternativa de una dolarización, al tiempo que descarta una devaluación intempestiva de gran envergadura, aunque no correcciones moderadas al valor de la moneda argentina.
Hasta la medianoche, la Alianza impulsaba un añadido que facilitaría la conversión de préstamos otorgados en una moneda (por ejemplo en dólares) a cualquier otra (por ejemplo a pesos, después de que éstos queden también atados al euro). El presunto objetivo de esa cláusula impulsada por la radical Beatriz Nofal sería permitir a los deudores argentinos beneficiarse con tasas de interés menores, tal como ocurrió tiempo atrás con los españoles, que pudieron transformar sus caros préstamos en pesetas, con un interés del 13 por ciento anual, en créditos en euros, con tasas de sólo el 4 por ciento.
Pero la verdadera finalidad del tercer artículo, que instruiría al Banco Central para que propicie esa conversión, era alejar el fantasma de una devaluación encubierta y así conquistar más votos. Precisamente, la sospecha de que Economía busca depreciación del peso sin anunciarlo es una de las más reiteradas acusaciones que disparan los detractores del proyecto para modificar la Convertibilidad.
En el camino quedaron los retoques impulsados por algunos diputados del justicialismo, en particular los más allegados al ex gobernador Eduardo Duhalde. Este sector de la oposición fogoneaba la inclusión de una cláusula que permitiera amparar los salarios, las jubilaciones y las cuotas de préstamos hipotecarios tomados en dólares de una eventual devaluación, fijándolos sólo al dólar.
Pero esa buscada desindexación tuvo más un sentido declarativo que el valor de una auténtica propuesta, ya que ni siquiera los hombres del PJ estaban ayer totalmente convencidos de que ese paraguas fuera realmente necesario para preservar el valor real de los salarios.
Tanto cavallistas como aliancistas, circunstanciales aliados en esta coyuntura, admiten que una cláusula que deje cualquier tipo de remuneración o cuota atada al dólar significaría resguardar al asalariado o deudor de una eventual devaluación del peso (si el euro se desvaloriza frente a la divisa norteamericana). Pero destacan que, del mismo modo, le impediría a esos mismos beneficiarse en caso de que ocurra lo contrario.
Justamente, la iniciativa oficial no puede brindar certidumbre respecto a dos puntos claves. Uno es a partir de qué momento entrará a regir la ley después que la sancione del Senado, ya que aquello ocurrirá cuando la moneda europea y la norteamericana se igualen. Según las proyecciones de Economía, esa equiparación podría ocurrir hacia fin de año, mientras que los diputados de Acción por la República ayer especulaban con noviembre, aunque reconociendo que es imposible tener esta certeza.
Tampoco puede saberse hoy cuál será el futuro del peso, que cuando la nueva convertibilidad entre en vigor comenzará a fluctuar según el “promedio simple” de las cotizaciones del dólar y el euro. Lo que se empeña en negar el oficialismo –entendido como la amplia congregación de Acción por la República, Alianza y provinciales– es que se busque, simplemente, devaluar.
“Esto no perjudica a los ahorristas ni a los inversores. Pero sí beneficia a los exportadores”, proclamó el radical Raúl Baglini, quien abrió la extensa lista de oradores como miembro informante. Irremediablemente, su discurso derivó a descartar tanto una devaluación como la alternativa de dolarizar la economía, impulsada por el ex presidente Carlos Menem y sus seguidores en el Parlamento. “Dolarizartampoco despeja el riesgo de un incumplimiento ni achica el riesgo país”, sentenció el mendocino.
Minutos después, el justicialista Jorge Remes Lenicov argumentó en el recinto en sentido semejante. A su criterio, la ampliación de la Convertibilidad aleja la posibilidad de una devaluación, “que deteriora, básicamente, el salario nominal”; pero también desestima una dolarización, condicionante de “nuestra soberanía”. Los dichos del diputado bonaerense marcaron la nítida línea divisoria entre la mayoría del PJ, que no encuentra ningún reparo de fondo a la iniciativa de Cavallo, y los menemistas liderados por Ana María Moso, más reacios a este aval e impulsores de la dolarización. La próxima partida debe jugarse ahora en el Senado.

EL RECHAZO NO ALCANZO LOS DOS TERCIOS
Diputados debatió el IVA a medios

La Alianza frustró ayer en la Cámara de Diputados la aprobación de un proyecto del justicialismo que proponía rechazar la extensión del IVA a los medios de comunicación y el aumento del impuesto a la televisión por cable. La propuesta fue presentada por el diputado Guillermo De Sanctis, con el apoyo de su bancada. Sin embargo, con su número mayoritario, la Alianza logró fácilmente torcer la sanción de la iniciativa, ya que ésta fue presentada sobre tablas y, por lo tanto, requería los dos tercios de los votos para imponerla en la sesión. Aun así, los legisladores del oficialismo evitaron defender en el recinto el aumento impositivo que dictó el Gobierno.
Además de De Sanctis, acompañaron el proyecto los también peronistas Teodoro Funes, Mario Das Neves y Francisco García. El primero de esos legisladores fue quien expuso durante la sesión de Diputados de ayer, en la que luego se siguió debatiendo el proyecto que modifica la Ley de Convertibilidad. De Sanctis enfatizó que la extensión del IVA a los medios atenta contra “la libertad de expresión e información” y el “desarrollo de la prensa argentina”. A su vez, el legislador consideró que había “razones para pensar en la inconstitucionalidad” del aumento del IVA a la televisión por cable.
Por su parte, Funes sostuvo que “el aumento del IVA sobre los medios se trasladará a los precios finales y afectará a todos los argentinos”. Añadió que “con este aumento se pone en marcha un sistema de restricción de la información, ya que muchos argentinos se verán impedidos de acceder a los medios de comunicación por el aumento de precios que esta medida acarrea”. A pesar de que el proyecto no prosperó en la sesión de ayer, Das Neves indicó que desde la Comisión de Defensa del Consumidor –de la que es vicepresidente– se impulsará una presentación judicial para que se declare inconstitucional la generalización del IVA, “ya que esta medida afectará la libertad de prensa que está amparada por la Constitución”.
En igual sentido se pronunció la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. A través de un comunicado, expresó su “absoluto rechazo a las últimas medidas adoptadas por Domingo Cavallo, en la profundización de una política fiscal regresiva que insiste en castigar a la población”. La extensión del IVA a los medios “en este contexto recesivo, pone un obstáculo concreto al acceso de la sociedad a la información y la cultura”. La entidad gremial de los periodistas concluyó que “el ejercicio real de un derecho social se convierte en un artículo de lujo al que sólo accederán los sectores que concentran la riqueza en el país”.

PRINCIPAL