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Por Adriana Meyer
 El interrogatorio al que será
sometido mañana el ex ministro de Defensa Antonio Erman González,
cuando declare en la causa sobre la venta ilegal de armas, girará
en torno a su presunta participación en la asociación ilícita
que concretó la maniobra. En el decreto de citación a indagatoria
del ex funcionario riojano el juez Jorge Urso no había especificado
el delito que le imputa, pero Página/12 pudo saber que lo indagará
como sospechoso partícipe de esa banda. La incógnita está
en la posibilidad de que al finalizar la audiencia el magistrado decida
que González no fue miembro sino organizador, como sostiene el
fiscal Carlos Stornelli, y el ex ministro salga esposado de Comodoro Py.
La situación de González ya había empeorado cuando
el juez en lo penal económico Julio Speroni lo citó a indagatoria
por el delito de contrabando agravado, que tampoco es excarcelable. Pero
ese magistrado recién le tomará declaración el 7
y es posible que ese día encuentre a Erman tras las rejas. El ex
ministro menemista pidió a la Cámara de Casación
Penal que declare la nulidad del fallo de la Sala II de la Cámara
Federal, por el cual el 4 de abril ratificó su procesamiento por
supuesta “falsedad ideológica de instrumento público”
por falsear el contenido de los decretos que en 1991 pusieron en marcha
la maniobra. Su defensor, el abogado Fernando Archimbal, se quejó
de que el fallo viola los derechos de la defensa en juicio de su cliente
riojano y le causa un perjuicio “que no podrá ser reparado
con ulterioridad” porque le impide participar de la licitación
que está haciendo el gobierno de La Rioja para la contratación
del soporte tecnológico para la recaudación tributaria.
En el expediente no hay elementos nuevos contra González pero será
interrogado bajo otro enfoque, tal como dispuso la sala II de la Cámara
Federal cuando le ordenó a Urso indagar a todos los procesados
como sospechosos por el delito de asociación ilícita. Para
los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun
es “inadmisible que el ex ministro haya permanecido ajeno a todos
los detalles de los trámites que se fueron gestando”.
El juez Urso pensaba tomarle ayer a la ex secretaria de Emir Yoma, Lourdes
di Natale, la tercera declaración indagatoria pero la mujer avisó
que está enferma y no concurrió a la audiencia. Urso quería
interrogar a Di Natale antes que a su ex jefe, que pidió ampliar
su indagatoria, pero decidió concentrarse en la elaboración
del cuestionario para González y postergó esas dos declaraciones
para la semana próxima. Lo mismo hizo con el encuentro que tenía
previsto con el presidente del Banco Central, Roque Maccarone. Esa entidad
debe hacer un aporte técnico al análisis de la información
sobre la ruta del dinero de la coima.
Hace dos años el magistrado empezó una pesquisa sobre el
presunto enriquecimiento ilícito de los 46 ex funcionarios imputados
en la que -hasta ahora– sólo juntó pruebas pero no
obtuvo ningún indicio como para acusarlos. Con respecto a Emir
Yoma, el juez prefiere seguir investigándolo con los elementos
que aparecen en la ruta del dinero. ¿Y Menem puede ser investigado
por su supuesto incremento patrimonial?, preguntó Página/12
a una alta fuente judicial. Tras un silencio prolongado, el funcionario
respondió que la palabra al respecto la tiene el fiscal Stornelli
(ver aparte). Aunque ese expediente tramita por separado, los instructores
están atentos a su evolución y si detectan cualquier aumento
en los bienes de los imputados coincidente con las fechas clave de la
maniobra utilizarán esa información en la causa madre.
Mientras Erman se prepara para enfrentar a Urso y a Stornelli, su ex jefe,
Carlos Menem, fortalece su equipo de defensores. Según la agencia
Télam, el estudio del ex ministro de la Corte Suprema Mariano Cavagna
Martínez se sumará a la defensa del ex presidente, encabezada
por el ex procurador Oscar Roger. La división penal de ese estudio
fue creada recientemente con la llegada de los ex jueces federales Adolfo
Bagnasco y Gustavo Literas.
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El juez se autodenunció
Con una nota manuscrita presentada a las 7.30 de ayer, el juez
Jorge Urso se autodenunció para que la Justicia investigue
su patrimonio y determine si se enriqueció en forma ilícita.
La denuncia recayó en el juzgado número 12, que está
vacante y cuenta como subrogante al juez Claudio Bonadío.
Además, el Consejo de la Magistratura recibió el pedido
de dos de sus miembros, Eduardo Orio y Mario Gersenobitz, para que
la Comisión de Acusación intervenga ante un “presunto
incremento patrimonial injustificado”.
Urso escribió, con letra manuscrita (ver facsímil),
que el lunes 30 “se difundió periodísticamente
–aunque en forma errónea– que me he enriquecido
en el ejercicio de la magistratura que invisto” y que “el
cúmulo de falsedades que se pusieron de resalto en la televisión”
lo obligan a solicitar que se lo investigue. Posteriormente, en
declaraciones a varias radios, dijo: “No puedo permanecer indiferente
a una imputación de este calibre”. Y agregó que
“en este momento tan delicado, cuando se cuestiona la decisión
de un juez en un problema como el que vive el país, quiero
que haya alguien que instruya y diga si está bien o no lo
que he hecho en mi vida”. Urso sostiene que su patrimonio “es
conocido” y que vive “en el mismo barrio desde hace más
de 15 años”. “Saludo a la gente, me conocen los
porteros, nunca he hecho ocultamiento de absolutamente nada”,
aseguró.
Por su parte, los consejeros Orio y Gersenovitz indicaron que “correspondería
que el juez federal Urso explique debidamente la evolución
de su patrimonio como contribución a la necesaria transparencia
que debe presidir la vida y actos de los magistrados”, en virtud
de la información difundida en el programa de televisión
Detrás de las Noticias. Orio había impulsado la denuncia
sobre la conducta del ex juez Carlos Liporaci que quedó sin
efecto cuando ese magistrado renunció.
Urso desmintió las versiones que indicaban que presentaría
una denuncia por extorsión contra un periodista y minimizó
las amenazas que sufrió: “He recibido algún llamado
telefónico muy antipático”. El fin de semana
pasado una voz anónima le dijo que “si seguís
jodiendo con la causa de las armas van a terminar mal vos y tu familia”.
Ayer ratificó la denuncia ante la jueza María Servini
de Cubría.
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La
OA intenta detener un acuerdo
de la Corte a favor de Alderete
Por Irina Hauser
El director de la Oficina Anticorrupción
(OA), José Massoni, le objetó a la Corte Suprema que firme
una resolución sobre la situación de Víctor Alderete,
que está preso desde mediados del año pasado por liderar
una asociación ilícita. El escrito, presentado ayer, dice
que el recurso con que se defendió el ex titular del PAMI debe
ser desestimado. Si los supremos llegaran a exculpar y liberar a Alderete
con los argumentos propuestos por su abogado, León Arslanián,
esa decisión favorecería a Carlos Menem y a los ex ministros
acusados en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Según una versión de allegados al expediente, la Corte fallará
hoy o mañana. Dos altos funcionarios del tribunal, sin embargo,
negaron esa posibilidad, pero admiten que la acordada sería previa
a la indagatoria de Menem, fijada para el 13 de julio.
Lo que figura en la agenda de hoy de la Corte es el tratamiento del recurso
presentado por el general de brigada Antonio Vicario, a través
de su abogado Francisco D’Albora, en el que pidió que el máximo
tribunal declare nulo todo el expediente sobre la venta ilegal de armamento.
Una mayoría de los ministros, según pudo saber este diario,
está dispuesta a rechazar ese planteo por razones procesales. Al
no pronunciarse sobre el fondo dejarían abierta la puerta para
hacerlo en otra oportunidad. Y una ocasión para pronunciarse sobre
el delito de asociación ilícita podría ser el expediente
contra Víctor Alderete. Al menos así lo entienden y anhelan
algunos menemistas –Carlos Corach, Eduardo Bauzá y Eduardo
Menem– que acompañan al ex presidente en la espera de su indagatoria.
Sin embargo, el titular de la OA, que es querellante en la causa que llevó
a Alderete a prisión, no cree que la Corte pueda fallar sobre esa
cuestión, al menos por ahora. Su principal argumento es que el
recurso ante los supremos que presentó el ex interventor de la
obra social de los jubilados se refiere a su procesamiento por el delito
de defraudación, por el que ordenó su arresto el ex juez
Adolfo Bagnasco, quien consideró que como estaba involucrado en
varias investigaciones existía el riesgo de que intentara “eludir
la acción de la Justicia”. Bagnasco recién lo procesó
como líder de una asociación ilícita el 12 de febrero
de este año. “Los fundamentos de la prisión preventiva,
de los cuales la defensa se agravió al interponer el recurso extraordinario,
se modificaron”, dice Massoni. Añade que el recurso es abstracto
y que el procesamiento por asociación ilícita ni siquiera
fue tratado aún por la Sala I de la Cámara Federal.
El cuestionamiento de la OA estuvo impulsado, en parte, por los rumores
de una inminente resolución de la Corte. Según informantes
que conocen de cerca las causas que desvelan a los menemistas, el máximo
tribunal resolvería hoy o mañana, a lo sumo la semana próxima,
la situación de Alderete. También dijeron que la mayoría
de los ministros estarían dispuestos a decir que el ex funcionario
no es culpable de asociación ilícita. Dos encumbrados funcionarios
de la Corte, sin embargo, aseguraron que el expediente aún no circuló
por los despachos de los ministros y por ende es improbable que se trate
esta semana. Además, ahora deberán analizar también
el reclamo del fiscal anticorrupción. Lo que reconocieron, no obstante,
es que la resolución será firmada antes de que el juez Jorge
Urso interrogue a Carlos Menem.
Que todo tiene que ver con todo no es sólo una verdad psicoanalítica.
A Alderete lo defiende el mismo estudio de abogados que al ex canciller
Guido Di Tella, uno de los principales acusados por la venta ilegal de
armas. En el caso del ex titular del PAMI, el abogado y ex ministro de
Justicia Arslanián planteó en un comienzo, antes de que
detuvieran a su defendido, que la figura de asociación ilícita
se creó para juzgar a bandas de tres o más personas que
se juntan para delinquir. Lo que se cuestiona es el hecho de asociarse,
de ponerse de acuerdo para robar o matar, por ejemplo. Eso, sostiene,
no es equiparable a los delitosparticulares que varios funcionarios puedan
cometer desde sus respectivos cargos públicos. Esta teoría
es diametralmente opuesta a la que manejan en la Sala II de la Cámara
Federal, el juez Urso y el fiscal Carlos Stornelli en relación
a la causa de las armas. Pero nadie descarta que por lo menos algunos
de los jueces de la Corte históricamente dóciles al menemismo
(y designados por él) hagan propia la tesis de Arslanián.
PIDEN
INVESTIGAR A MENEM POR ENRIQUECIMIENTO
Entre las armas y la fortuna
Por Eduardo Tagliaferro
La pregunta del millón,
esa que no respondió durante gran parte de su mandato y que le
formuló más de un cronista, es la que deberá responder
el ex presidente Carlos Menem, si el juez federal Jorge Urso hace lugar
a la presentación realizada ayer por el abogado Ricardo Monner
Sans. ¿Cómo hizo su fortuna, doctor? El abogado penalista
reclamó a Urso que incluya “al nuevo imputado” en la
causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador a la investigación
que pretende esclarecer el probable “enriquecimiento ilícito
de todos los que pudieran quedar vinculados a este expediente”. El
juez derivó el pedido, para que opine, al fiscal Carlos Stornelli,
quien hoy podría dar una respuesta.
En los primeros meses del ‘99, Urso hizo lugar a una presentación
de Monner Sans en la que solicitaba que se investigara si los involucrados
en la maniobra se habían o no enriquecido ilegalmente. Si la hipótesis
era válida para funcionarios de segunda y tercera línea,
más aún lo sería para quien es acusado de ser el
jefe de la banda.
Si hasta ahora el menemismo puso el esfuerzo en evitar la foto del “Jefe”
entrando a los tribunales federales, a partir de la presentación
de Monner Sans deberá dedicar parte de su tiempo a fundamentar
cómo construyó su patrimonio el ex Presidente.
La investigación del probable enriquecimiento ilícito se
desarrolla independientemente de la búsqueda de la ruta de la coima
en la megaventa de armamento. De dicha investigación queda explícitamente
excluido el ex cuñado Emir Yoma, ya que no revistaba como funcionario
público. Esto no obsta para que en la instrucción judicial
quede expuesta la endeblez de su red de empresas en la que sus directivos
se alternan de una a otra, y relucen reembolsos cuestionados, exportaciones
sospechadas de ser autoexportaciones y una generosa campaña de
créditos de la banca estatal, que son materia de otras causas.
La figura de enriquecimiento ilícito es la única en la que
se invierte la carga de la prueba, es decir que el funcionario imputado
tiene que demostrar su inocencia justificando cómo adquirió
sus bienes. Laboriosa tarea para el ex presidente, sobre todo si se tiene
en cuenta que cuando llegó a la Rosada su ritmo de vida distaba
bastante del actual y el pequeño departamento que poseía
en la calle Cochabamba, en el barrio de Constitución, era una de
sus pocas propiedades en la capital.
Mientras Menem prepara su defensa, en los tribunales siguen disponiendo
medidas probatorias y acumulando testimonios. El fiscal Stornelli también
deberá opinar sobre el pedido de Monner Sans para que se cite al
ex funcionario de Fabricaciones Militares, Domingo Tissera, quien en recientes
declaraciones periodísticas afirmó que “todos en la
fábrica sabían que las armas y municiones eran vendidas
al exterior” y que “luego del maquillaje de los cañones,
se los desarmaba y embalaba para su envío, en lugar de ser devueltos
al Ejército”. Además de complicar a Martín Balza
y Erman González, el testimonio fortalecería la idea de
que la maniobra tenía un fuerte nivel de coordinación, “parecido
al que suelen mostrar las asociaciones ilícitas”, sostuvo
a este diario un funcionario judicial.
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