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Ya habló el Jefe. Ahora le toca a sus hombres. Ayer, el diputado
Miguel Angel Toma y el ex secretario general de la Presidencia, Alberto
Kohan, acusaron, prácticamente a dúo, a la Alianza de ser
los responsables de la “la persecución política”
que sufre su conductor, el ex presidente Carlos Menem. Toma dice que el
Gobierno, y sobre todo el Frepaso, tienen “una tecnología
altamente sofisticada en la campaña sucia, la denuncia y el golpe
bajo”. Por su parte, Kohan, un inseparable del ex presidente, apuntó
sus críticas a lo que denominó “esquema de persecución
política” que la Alianza desarrolló durante la campaña
electoral y que ya en el gobierno se tradujo en la Oficina Anticorrupción:
“Repartición que se preocupó en dar mucho más
material a los medios que pruebas a la Justicia”, se quejó.
Los menemistas están conscientes de que ya no conseguirán
otras expresiones de solidaridad como la que se realizó la semana
pasada en el Congreso –acto del que algunos dirigentes del PJ ya
se están arrepintiendo como el gobernador santafesino Carlos Reutemann–
y también saben que las flamígeras declaraciones de Menem,
luego de que el juez Jorge Urso lo citara a declarar como imputado, no
ayudan mucho y “es mejor que comience a bajar un poco su perfil”.
Es por estas razones que prefieren que la tesis de la persecución
la lleven adelante sus colaboradores, sus seguidores.
Kohan rompió el silencio y la emprendió contra lo que denominó
“la vieja estrategia electoral de la Alianza” que consiste en
denunciar a los funcionarios del gobierno menemista, continuó y
se profundizó cuando llegaron al gobierno. La prueba para Kohan
es “la Oficina Anticorrupción que se ha preocupado en dar
mucho más material a los medios que pruebas a la justicia”.
Situación para Kohan que el PJ ha denunciado desde que abandonó
el gobierno.
El ex funcionario no disimula la molestia que le produce la citación
de Menem para el 13 de julio como imputado en la causa por la venta ilegal
de armas: “Es una enormidad considerar al Estado como una asociación
ilícita por actos perfectamente legales y hechos dentro del marco
de la ley”, dijo para luego agregar que “si vamos a considerar
a algunos de los poderes del Estado como una asociación ilícita,
lo mismo le puede llegar a corresponder a cualquiera de los otros poderes”.
El diputado, en tanto, también denunció la campaña
que la Alianza realiza en contra de los hombres y mujeres que fueron funcionarios
durante la gestión de Menem. Toma, quien supo ocupar el puesto
de secretario de Seguridad de la Nación durante la gestión
de Menem y que suele jactarse de haber integrado durante su juventud las
“formaciones especiales” de Juan Domingo Perón, advirtió
que “acá está actuando bastante fuerte la mano de obra
desocupada, aquella despedida de los servicios de inteligencia (de la
gestión de Fernando de Santibañes)”. Pero allí
no concluyó el legislador y amigo del juez Urso, al asegurar que
“además tienen un ideólogo contratado por el gobierno
que se llama Dick Morris, un maestro en embarrar la cancha”. Del
“ideólogo” Morris también se refirió Kohan,
quien recordó que la contratación del asesor norteamericano
y “experto en campañas sucias” había generado
discrepancias en el seno de la coalición gobernante.
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Dolarización
La ley que amplía la convertibilidad al euro generó
arduas discusiones entre los legisladores menemistas. Entre estos
no había consenso sobre qué hacer. Por un lado había
algunos, como Javier Mouriño y Daniel Scioli, que eran partidarios
de bajar al recinto y promover la dolarización. Pero la mendocina
Ana María Mosso encabezaba el grupo que era partidario de
dar el debate contra la ley que envió Domingo Cavallo y ahí
mismo promover la dolarización de la economía argentina.
La tesis Mosso finalmente triunfó. Lo que quedó pendiente
de discutir era si alguno llevaría el caso Menem al recinto.
Al cierre de esta edición, y mientras se debatía el
proyecto del Ejecutivo, ninguno de los menemistas había realizado
una referencia sobre la situación jurídica que vive
su líder.
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PROPUESTA
DE RUCKAUF PARA BAJAR EL GASTO
Menos legisladores, más plata
El gobernador bonaerense, Carlos
Ruckauf, opinó ayer que se debe “fomentar un autosacrificio
de la clase dirigente” y expuso su plan para bajar el costo de la
política: reducir a la mitad durante dos años la cantidad
de legisladores provinciales y municipales. “Se trata de otro golpe
de efecto mediático con fines electorales”, advirtió
Federico Storani –quien hasta su renuncia como ministro del Interior
trabajó en la reforma política y la reducción de
sus costos– y consideró que el planteo de Ruckauf es “casi
puramente demagógico porque su implementación requiere de
la reforma de las constituciones provinciales”. Su sucesor en ese
cargo, Ramón Mestre, no hizo comentarios sobre la propuesta del
bonaerense, aunque sus colaboradores señalaron que esa cartera
tratará de “avanzar en una ley que fije topes para los gastos
de las legislaturas”.
“Tenemos que fomentar un autosacrificio de la clase dirigente de
la Argentina para ponernos a la altura de esta crisis”, sostuvo Ruckauf
y después precisó su iniciativa: “Propongo –dijo–
que en las próximas elecciones, y por dos años, se elija
la mitad de los legisladores de nivel provincial y municipal y se baje
en forma proporcional el presupuesto para no poder ahacer nuevos nombramientos,
porque si no lo que saca de un lado se lo meten por el otro, y son siempre
sueldos altísimos.” “Un acuerdo histórico entre
el Presidente y los gobernadores”, sería –según
el propio mandatario bonaerense– “la mejor forma de llevar a
la práctica su proyecto”.
Ruckauf estima que a partir de su propuesta se podría generar un
ahorro del orden de los 1500 millones de pesos. Su idea es que “ese
dinero se utilice para crear puestos de trabajo para jefes y jefas de
familia”.
“Creo que hay que pasar dinero de la política a crear puestos
de trabajo y reactivar el mercado interno”, insistió Ruckauf,
después de recordar que “en Argentina hay más de 5.000
municipios” y que constituye “una barbaridad” que en “lugares
muy chiquitos, prácticamente la totalidad de la recaudación
se vaya en gastos políticos”.
Storani consideró que el planteo de Ruckauf es “casi puramente
demagógico” porque su implementación requiere de reformas
a las Constituciones, que son las que establecen en cada distrito el número
de legisladores. El ex ministro coincidió con el bonaerense en
la necesidad de bajar los costos de la política y opinó
que “hay que hacer un enorme esfuerzo”, pero recordó
que “eso estaba planteado. En su momento propuse una reunión
con los gobernadores para abordar el tema y sólo estuvieron los
de la Alianza porque los peronistas se negaron a venir”.
Unos días antes de renunciar, Storani también reunió
a los legisladores provinciales aliancistas de todo el país. Allí
se acordó impulsar la reducción de los gastos y se habló
de que los presupuestos de las Legislaturas no podían pasar del
2,5 por ciento de los PBI provinciales. La implementación de ese
tope implicaría ahorrar 300 millones de pesos.
Sobre esa misma base trabaja ahora Mestre, quien la semana pasada trató
el tema con los gobernadores peronistas del grupo Federal. El martes próximo
el ministro se reunirá con los mandatarios de la Alianza para conversar
precisamente de ese mismo asunto.
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