Por Martín Granovsky

Salió a los gritos por televisión: “Renuncio a mi banca para defenderme en la Justicia”, dijo. Anunció que revalidaría su lugar en el Senado cuando hubiera una votación por sufragio popular y no indirecta. Y lloró. Pero Juan Melgarejo, el senador por Santa Cruz involucrado por su colega Silvia Sapag en maniobras sospechosas, acaba de encontrar un atajo para reaparecer inmaculado: a toda costa quiere ser subsecretario de Pesca, un área que conoce bien y donde recoge la simpatía de los pesqueros congeladores, justo cuando está por concretarse una medida oficial que supone millones de dólares para un sector u otro de la actividad.
Melgarejo había conseguido no ser noticia desde aquella noche del 20 de setiembre en que apareció en “A dos voces” con su pullover tejido y su aspecto de abuelo bonachón, y renunció en cámara. El día anterior la senadora Sapag había denunciado al salteño Emilio Cantarero. “Cantarero me dio que había mucha plata”, contó Sapag a Página/12 cuando narró las negociaciones por la nueva Ley de Hidrocarburos y el papel del justicialista salteño. Y en la tarde del 20, con el impacto de las revelaciones sobre Cantarero aún calientes, aseguró haber mantenido este diálogo con Cantarero: “Cuando le pregunté a Cantarero si la Alianza participaba de ese arreglo, me respondió: ‘Juan Ignacio Melgarejo está más pirata que yo’”. Sapag imitó el gesto de quien se tapa un ojo para simular un parche.
Radical por Santa Cruz, Melgarejo tenía buen trato con Cantarero. Era vicepresidente de la Comisión de Combustibles, en la que el justicialista actuaba como presidente.
Su gesto, sin embargo, gozó en ese momento de una diferenciación, incluso por parte de Carlos “Chach” Alvarez. Por lo menos no se había atornillado a la banca sino que había preferido someterse al voto popular en el futuro. Importantes dirigentes radicales subrayaron esa diferencia. Lo hizo, por ejemplo, Raúl Alfonsín. El propio Cantarero dijo a este diario: “Me voy junto con mis cosas y me retiro a otra tarea: defender mi inocencia. No me vuelvo a Santa Cruz, me voy a quedar en Buenos Aires a disposición del juez y a pelear hasta que esto se esclarezca”.
Si en el camino Melgarejo termina encontrando un puesto en el equipo de Domingo Cavallo, podrá argumentar que lo consiguió realizando lo que los expertos llaman “pesca accidental”. Es la que se produce, por ejemplo, cuando se busca calamar y se pesca merluza. Pero los lobbies del sector permiten dudar de la casualidad. La tradición de los últimos años enfrenta a dos sectores, los fresqueros y los congeladores. Los primeros capturan los peces en el mar y completan el proceso de frío y preparación de los filetes en tierra. Los segundos, donde pesan los españoles que utilizan bandera argentina, cumplen todo el ciclo en el mar. La pelea entre los dos suele ser feroz –después de todo, los pescadores siguen dedicándose a la caza–, y la Subsecretaría de Pesca termina siendo el sitio donde los lobbies encuentran, o no, un Estado que arbitra en lugar de someterse a los intereses de uno o a los de otro.
El negocio de la pesca produce en la Argentina más dinero del que se piensa en un país que se identifica con las vacas. Representa mil quinientos millones de dólares por año. Las exportaciones trepan a mil, más que las de carne.
Pero esas ganancias pueden aumentar para unas empresas en detrimento de otras el 1° de julio, cuando entre en vigencia el régimen de cuotificación. Según él, cada empresa podrá pescar un máximo de cada tipo de producto. Después, si le sobra cuota de un rubro, por ejemplo de langostinos, podrá vender esa cuota a otra empresa. De este modo el total de cuotas puede calcularse para impedir la depredación y, a la vez, puede generar un negocio comercial fabuloso. Un paso está antes de ese negocio: la cuotificación que corresponda a cada empresa. Un paso en el que el Estado jugará el rol sustancial y decisivo a través de la Subsecretaría de Pesca. Los fresqueros se preparan para resistir el desembarco de un congelador. Pero los expertos piensan que sería igualmente ridículo darle la Subsecretaría a un fresquero. Aunque más no sea para evitar, en el Estado, el riesgo de la pesca accidental.

LA CONVENCION ANTICORRUPCION
Empezando a castigar

El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, ratificó ayer el compromiso de Argentina con la Organización de Estados Americanos (OEA) en el trabajo de “prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción del continente”. El ministro habló en la apertura de la Primera Conferencia de los Estados Parte en la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), en Buenos Aires, en la que también participan el secretario general de la OEA, César Gaviria, y el vicecanciller argentino, Horacio Chighizola.
“Nos comprometemos a construir lazos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción del continente, como reza el preámbulo de la Convención”, dijo Jorge De la Rúa en el discurso de inauguración de la reunión que concluirá el viernes. El ministro afirmó que “nunca debe olvidarse que atrás de un corrupto existe siempre un corruptor y el sayo le cabe a todos, a los que cobran y a los que pagan”.
Por su parte, el secretario general de la OEA instó a los países americanos a “enfrentar definitivamente” la corrupción y destacó que en ese objetivo las empresas privadas tienen un papel “esencial”. Remarcó además la necesidad de que el continente asuma una “acción colectiva” contra ese flagelo. Durante la reunión, de la que participan representantes de 22 países, se formalizará la adopción de un mecanismo de seguimiento de la CICC, que “permita observar la forma en que los Estados ponen en práctica las disposiciones para luchar contra la corrupción”. Gaviria aclaró que el propósito de la CICC es “fortalecer la cooperación mutua, respetando los principios de soberanía, no intervención, igualdad jurídica e imparcialidad”. “La legislación de algunos países no sólo no castigaba a los corruptos sino que les permitía descontar impuestos de los sobornos que recibían y esto no podía seguir ocurriendo”, afirmó.

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