Por Laura Vales

“En las villas más pobres de la ciudad, 200 pesos por mes pueden llegar a hacer la diferencia entre la vida y la muerte.” Desde esta idea central partió ayer Alicia Oliveira para explicar, en la Legislatura porteña, de qué se habla al hablar de las irregularidades detectadas en el manejo del Plan Nuevos Roles Laborales. El programa fue creado en 1999 con el objetivo de capacitar a desocupados que estuvieran en situación de vulnerabilidad y fueran jefes de familia. Desde entonces hasta fines del año pasado se otorgaron planes a cinco mil quinientas personas y se desembolsó un presupuesto total de 9 millones de pesos. La primera irregularidad gruesa se descubrió hace dos meses: la ex jefa de prensa del funcionario radical Rafael Veljanovich reconoció que le habían dado uno de estos programas de 200 pesos mensuales. Desde entonces no pasa una semana sin que se descubran nuevas anomalías.
–¿Cuál es su diagnóstico sobre el caso? –preguntó ayer este diario a María Martha Polemann, nueva responsable de la oficina municipal a cargo de los planes.
–Mi opinión es que de cada diez planes, ocho fueron mal implementados– dijo la funcionaria.
“Aunque vale aclarar que ‘mala implementación’ no es sinónimo de delito”, agregó. Polemann considera que “tal como se usaron, hubo un altísimo porcentaje de estos planes que no cumplieron con su objetivo de asistir a los desocupados”. Y básicamente, eso fue lo que repitió ayer en la Legislatura. La funcionaria fue invitada, al igual que la defensora Oliveira, a una reunión conjunta de los diputados porteños que integran las Comisiones de Desarrollo Económico y la Junta de Etica.
El relato de las irregularidades descubiertas llevó más de tres horas e hizo públicos aspectos desconocidos del caso, sobre el que ya existe una investigación penal. Vale la pena detallar algunos de los puntos revelados por la defensora del Pueblo porteña:
u La más beneficiada: la Asociación de Profesionales de Ciencias Políticas (Aprocip) fue la ONG que recibió más fondos del Programa Nuevos Roles Laborales. En total, el gobierno le giró 720 mil dólares entre el ‘99 y el 2000. El motivo de tamaña fortuna podría buscarse en su acta de nacimiento: uno de los socios fundadores de la ONG es Jorge Viscuso, el funcionario municipal que manejó los planes hasta el año pasado. El cargo exacto de Viscuso fue el de coordinador general del Programa Nuevos Roles Laborales. Y su función consistió en aprobar qué programas de capacitación se iban a ejecutar y quiénes iban a ser sus beneficiarios.
u Docentes sabelotodo: la maestra Amalia Leto dio cursos de “Convivencia ecológica”, “Orientación Deportiva”, “Promoción del Tango”, “Conducta alimentaria para embarazadas”, “Auxiliar de operador socio terapéutico” y de “Diseño de páginas Web”, entre otros. También figuran técnicos ópticos dando clases de deportes, un escribano general del Gobierno experto en cuestiones de tango y docentes a cargo de dos cursos distintos, en lugares distantes pero con un mismo día y horario de clases.
u Militancia universitaria: hay estudiantes beneficiarios de planes en cinco facultades de la UBA: las de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras, Derecho, Farmacia y Bioquímica y Ciencias Económicas. Del total de beneficiarios del plan, de acuerdo al relevamiento de la Defensoría, el 15 por ciento fueron universitarios, un sector que difícilmente entra en la categoría de “desocupado, vulnerable y jefe de familia” al que se deberían haber destinado los planes. En ese 15 por ciento, como informó este diario, están incluidos no pocos dirigentes universitarios. La mayoría son de Franja Morada y pertenece a la corriente vinculada con el actual viceministro del Interior, Lautaro García Batallán, y con Rafael Veljanovich.
u Familias con varios beneficiarios: la norma de designar a un solo beneficiario por grupo familiar tampoco fue respetada. Ya surgieron 500 casos de beneficiarios con domicilio repetido. Para los investigadores, setrata de un indicador válido de pertenencia a la misma familia o a un mismo grupo político. El caso más escandaloso es el de Carlos Di Stéfano, padre del actual funcionario del Ministerio de Trabajo, Marcelo Di Stéfano. Di Stéfano padre anotó a tres de sus hijos en el Nuevos Roles, a pesar de que cobraba un sueldo del Estado superior a los 4 mil pesos.
La Defensoría del Pueblo mandó copias de su informe al fiscal Aldo De la Fuente, quien está a cargo de la causa penal y a decanos de facultades en las que aparecen alumnos subsidiados. Otra de las copias está desde ayer en manos de Aníbal Ibarra, con la recomendación de que se extremen las medidas de control en el Programa, que este año fue renovado.
En el Gobierno de la Ciudad aseguran que ya se implementaron nuevas reglas de juego, que para la Defensoría aún son insuficientes. Hay dos cambios principales: los beneficiarios deberán pasar por el tamiz de las oficinas municipales de empleo y quienes ejecutarán los proyectos serán mayoritariamente empresas en lugar de ONG. En el Gobierno porteño admiten que el Nuevos Roles tuvo mucho de caja de recaudación y saben que el tema está lejos de terminarse: anoche la diputada Vilma Ripoll anticipó que elevará a la justicia un listado de 54 funcionarios del Poder Ejecutivo que también recibieron su plan de 200 pesos.

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