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Por Carlos Rodríguez
 Hoy por la tarde, más
de tres semanas después de la fecha de citación original
y ante otro juez, el jefe de la Policía Federal, comisario Rubén
Santos, debe presentarse a declarar –siempre como imputado–
en la causa en la que se investiga una estafa cometida contra los clubes
de fútbol de la Capital Federal por el cobro de servicios adicionales
de seguridad cuyo monto global habría sido “inflado”
en forma fraudulenta. “La imputación original está
muy arriba, ahora hay que ver qué es lo que opina el nuevo juez”,
comentó a Página/12 una fuente del Palacio de Tribunales,
aludiendo a la acusación formulada por el anterior juez, Mariano
Bergés, una pesada herencia que debe ser resuelta, en la etapa
definitoria de la instrucción, por el nuevo magistrado, Julio Lucini.
Aunque al tomar la causa había suspendido las indagatorias solicitadas
por su antecesor, el juez Lucini ahora resolvió citar como imputados
no sólo a Santos –quien hoy mismo podría quedar procesado–
sino también a otros 18 jefes de la Federal que habían sido
puestos en la mira por Bergés.
¿Santos puede desde hoy quedar procesado y a punto de ser detenido,
como ocurre en la misma causa con otros cinco jefes de la Federal? Anoche
era imposible definir la respuesta del millón acerca del difícil
trance por el que atravesará, desde las 15, el máximo jefe
de la Federal, pero “está dentro de las posibilidades”,
comentó la fuente consultada. Bergés acusó a los
involucrados de conformar una “asociación ilícita”
y precisó que “el grupo no se conformaba sólo con los
integrantes del Cuerpo de Guardia de Infantería (eje de la investigación
judicial) sino además (con) superiores oficiales hasta llegar al
mismísimo jefe de la fuerza, circunstancia que no ha quedado enervada
(debilitada) con probanza alguna salvo, claro está, la unilateral
negativa de los encausados” cuando prestaron declaración indagatoria.
Bergés ordenó el procesamiento y la detención del
comisario general Oscar Horacio Lissi, quien al momento de la decisión
era el número tres de la Federal desde su función al frente
de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Después de su
procesamiento, Santos dispuso el pase a disponibilidad de Lissi. La otra
pregunta del millón es, entonces, qué pasará con
el propio Santos si queda procesado.
Los otros cuatro en igual situación son el comisario retirado Roberto
Galvarino y los comisarios Juan Carlos Robles, Hugo Miguel López
y Juan Bautista Miño. Las detenciones de los nombrados depende
de lo que decida la Cámara del Crimen, que analiza las apelaciones
presentadas por los abogados de la Policía Federal. Además,
están procesados por encubrimiento, lo que indica que seguirán
libres por ser un delito excarcelable, el subcomisario Osvaldo Alberto
Sangiorgio, y el comisario retirado Juan Antonio Duhalde, quien se desempeñaba
como jefe de Seguridad del club San Lorenzo de Almagro, uno de los damnificados.
Entre los 18 jefes o ex jefes que ahora serán citados, en calidad
de acusados, por el nuevo juez de la causa, figuran el ex secretario general
de la fuerza y ex superintendente de Seguridad Metropolitana comisario
Miguel Angel Ciancio, que pasó a retiro cuando asumió Santos,
y los comisarios Del Bagge, actualmente en funciones en la División
Reuniones Públicas y Seguridad, y el comisario mayor Segovia, quien
se desempeña en la Dirección General de Operaciones. Fuentes
judiciales dijeron a este diario que “todos los citados a indagatoria
son jefes intermedios que no podrían ignorar los hechos que estaban
sucediendo” entre los años 1998 a 2000, antes y durante la
gestión de Santos.
Al justificar los pedidos de detención, Bergés dijo que
a todos les correspondía “la calificación de organizadores
de la asociación ilícita (...) por la jerarquía que
detentan dentro de la fuerza policial, que les posibilita la toma de decisiones,
las que, obviamente, no existen en jerarquías inferiores”.
Eso mismo era lo que, en principio, podría corresponderle al comisario
Santos. El propio juez Bergés, luego de alejarse de la causa –en
la que suplantaba al juez Gustavo Karam, conlicencia por enfermedad–
admitió que él podría haber procesado a Santos por
asociación ilícita “o cuando menos por encubrimiento”,
si hubiera concurrido a la citación del 9 de abril.
Mediante el testimonio de una decena de suboficiales, en la causa está
demostrado que las autoridades del Cuerpo de Guardia de Infantería
enviaban a las canchas de fútbol una menor cantidad de efectivos
de las que hacían figurar en las planillas de “policía
adicional” que luego eran abonadas por los clubes. Por cada efectivo
se pagaba una suma de 48 pesos y se supone que el monto total de la estafa
surgiría de la multiplicación de esa cifra por cientos de
miles de prestaciones nunca realizadas.
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La tarea secreta de
Mathov
En el marco de la causa por la policía adicional, el juez
Mariano Bergés tuvo un duro enfrentamiento con el secretario
de Seguridad Interior, Enrique Mathov, a quien hizo responsable
por la demora en la presentación ante la justicia del jefe
de la Federal, comisario Rubén Santos. El titular de la fuerza
había sido citado para el 9 de abril, pero no concurrió
alegando que el secretario Mathov lo había enviado a realizar
“tareas reservadas” en el interior del país. En
un escrito, Bergés calificó a la maniobra de “burlesca”
y pidió que se abriera una causa judicial contra Mathov por
“falsedad ideológica” del documento público
enviado para excusar a Santos.
“Le di una misión que no pude revelar, investigamos
algo muy importante”, sostuvo Mathov en declaraciones a Página/12
en las que rechazó las acusaciones de Bergés. El juez
le respondió desde el fallo mismo, tomando en cuenta que
Mathov es, desde su función, quien está al frente
del Comité de Seguridad que se encarga de establecer las
normas para evitar la violencia en los estadios.
Bergés cuestionó a Mathov y a los presidentes de la
mayoría de los clubes de fútbol, que declararon como
testigos en la causa, por entender que ninguno “ha intentado
mitigar siquiera en parte estas actividades delictivas” que
son investigadas. Y llamó a Mathov a que “se haga cargo
con rapidez de sus responsabilidades”, salvo que para el funcionario
“un partido entre Boca y River o Excursionistas y Defensores
de Belgrano” sea un acontecimiento que “puede organizarse
como una fiesta de 15 años”.
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Las causas de la Federal
 La fuga del Departamento
Central de Policía: La huida de Tractorcito Cabrera y de
los dos imputados en el crimen del vicepresidente de Paraguay puso
en jaque a once miembros de la gestión Santos, acusados de
facilitar la evasión. Entre ellos, el superintendente de
Seguridad Metropolitana, comisario general Roberto Galvarino, y
los titulares de la alcaidía del Departamento y de la comisaría
6ª, Hugo López y Gustavo Carca. El 20 de abril de este
año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento
de López y cinco de sus subordinados, pero dictó la
falta de mérito para Galvarino, Carca y los tres policías
restantes, miembros de la comisaría 6ª.
Causas armadas: La semana
pasada, un Tribunal Oral en lo Federal dispuso investigar a un grupo
de diez policías, sospechados de armar operativos antidrogas
en los que se detuvo a personas inocentes. Los mismos policías
habían estado involucrados en un procedimiento en que se
secuestraron piedras preciosas supuestamente contrabandeadas, que
luego resultaron falsas. La comisión especial designada por
la Procuración General de la Nación para analizar
estos casos ya descubrió 50 procedimientos “truchos”.
Represión en la
marcha de la CGT: En la madrugada del 19 de abril del 2000, un grupo
de trabajadores convocados por la CGT se concentraron frente al
Congreso Nacional, para protestar contra la sanción de la
ley de flexibilización laboral. Una fiscal ordenó
el desalojo, y se desató una brutal represión que
terminó con varios heridos, entre ellos el dirigente del
sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato. La causa desembocó
en el procesamiento de quince policías, entre ellos el comisario
José Laino, jefe de la circunscripción donde se ubica
el Congreso, y el jefe de Infantería, Osvaldo Sangiorgi.
Chalecos naranja: A mediados
de abril, dos oficiales involucraron a sus superiores de la Circunscripción
VI en el manejo de irregular del dinero cobrado por horas extras
que no se habían realizado. El jefe de otra de las circunscripciones
investigadas es el actual director general de comisarías
de la zona Sur, comisario inspector Alberto Capuchetti.
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VERON
DESPLAZO AL NUMERO UNO DE LA POLICIA
La Bonaerense quedó sin jefe
Fue removido el máximo
responsable de la Policía Bonaerense, comisario José María
Gallina, en una admisión implícita de la falta de resultados
de la administración de Carlos Ruckauf en su cruzada contra el
delito. Gallina –transferido a un cargo inferior– no tiene aún
reemplazante, y la movida se enmarca en una reestructuración de
la cúpula policial y de ese Ministerio “para reemplazar algunas
bajas”, entre las que Ramón Verón –ministro de
Seguridad de la provincia– incluyó la renuncia de Raúl
Harsich, señalado por Página/12 como torturador durante
la dictadura.
Gallina había sido designado en diciembre del año pasado
como superintendente de Coordinación de la Bonaerense, cargo que
equivale a una virtual jefatura de la policía. Reemplazó
a Eduardo Martínez, quien tuvo que irse después de decir
que “fusilaría por la espalda” a los policías
que torturaran. Ahora, Gallina fue transferido al cargo de subsecretario
de Formación y Capacitación, en el cual reemplazará
a Santiago Fazzini.
Verón negó que la remoción responda a un “enojo”
del gobernador Carlos Ruckauf por la falta de resultados en seguridad:
“Enojados estamos todos respecto a la seguridad, pero la Policía
no es la única responsable”.
El ministro apeló a un término militar al señalar
que la reestructuración se vincula con “algunas bajas que
tenemos que cubrir”, y mencionó la renuncia del coronel Raúl
Harsich, quien debió resignar su cargo de subsecretario de Planificación
del Ministerio de Seguridad luego de que una investigación de Página/12
revelara su participación –en 1976 y cuando era teniente primero–
en el secuestro y tortura del niño Floreal Avellaneda.
También serán desplazados de sus cargos –anticipó
Verón– todos los titulares de las direcciones del ministerio,
que son más de 20, pero no los jefes de las 18 jefaturas departamentales
de la Policía Bonaerense, aunque el funcionario admitió
que “uno o dos pasen a ocupar direcciones en el ministerio”.
También sería reemplazado el subsecretario de Relaciones
Políticas e Institucionales, José Hermindo María,
quien fue designado durante la gestión de Aldo Rico en Seguridad
e integraba el Modín.
Ayer Eduardo Sigal, presidente del bloque provincial de senadores del
Frepaso, sostuvo que las medidas son “una nueva cortina de humo que
intenta disimular la falta de medidas para resolver la corrupción
policial”, mientras “no existen políticas de seguridad
preventivas y fracasan las represivas”.
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