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Por Claudio Scaletta
 El Gobierno nacional firmó
junto a las tres principales provincias justicialistas –Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba–, Corrientes, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las cámaras y gremios involucrados en la producción
de Bienes de Capital, el primer acuerdo de competitividad sectorial. La
semana próxima será el turno para los sectores del calzado
y textiles. El ministro Cavallo se mostró contrariado por la ausencia
de la mayoría de los estados provinciales y exhortó a los
empresarios para que convenzan a los gobernadores. Patricia Bullrich,
estuvo halagada entre sus referentes de dos épocas, el histórico
mandamás de la UOM, Lorenzo Miguel y el titular de Economía.
Los empresarios se mostraron satisfechos con “las políticas
activas” impulsadas por el gobierno, pero agregaron que la necesaria
contrapartida del aumento de la producción, si finalmente sucede,
deberá ser también el crecimiento de la demanda.
Domingo Cavallo estuvo tan afecto a las explicaciones como siempre. Dijo
que cualquier reactivación comienza con el aumento de la inversión.
Y que en ello juega un rol principal el sector de bienes de capital. Además
reconoció el rol motivador de la decisión jugado por Fernando
de la Rúa. “Elijan bien cómo empezamos a poner en marcha
estos planes de competitividad”, dijo Cavallo que dijo el Presidente.
Por eso “lo que estamos haciendo es mover los obstáculos para
que haya inversión en la Argentina”, afirmó. Esos obstáculos
no aparecieron con los deterioros macroeconómicos de la última
década, sino con sucesos acaecidos tras el alejamiento de Cavallo
de su primer período ministerial. Precisamente “en los años
‘96 y ‘97, básicamente el encarecimiento de costo del
capital, porque el gobierno tomó decisiones equivocadas en materia
impositiva y en materia regulatoria”, argumentó. El ministro
se refería así al aumento del arancel de importación
del 0 al 14 por ciento y a las demoras en la devolución del IVA
a los exportadores. Es por ello que las principales medidas del convenio
(ver aparte) apuntan a revertir esta situación. La otra pata, es
el ajuste sobre los costos de la mano de obra.
Quizá por ello, el secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel,
se convirtió en el centro de atención de la ceremonia. Fue
muy aplaudido por los empresarios, tratado de “compañero”
por la ministra Bullrich y aludido como un “buen sindicalista”
por Domingo Cavallo. “Compañeros de la UOM y Asimra”,
inició su discurso la titular de Trabajo, una figura inusual para
un acto encabezado por un presidente radical en la Casa de Gobierno. A
su turno, también Cavallo se mostró cortés con el
histórico “Loro”. Durante su discurso rescató
el comprensivo papel desempeñado por los “sectores sindicales”
y se lo vio luego dialogar animadamente con Miguel. Para cerrar, el legendario
líder de “las 62” cosechó todos los aplausos cuando,
a pedido de los fotógrafos, prolongó más allá
de lo normal su firma para luego, con un gesto cómplice, dar por
terminada la ceremonia.
Cavallo se mostró contrariado por el bajo rating conseguido entre
los gobernadores provinciales para la firma del convenio procompetitivo.
“A último momento nos enteramos que algunas provincias no
lo firmarán. Las provincias que firmen tendrán los beneficios
inmediatamente. Los que no lo hagan postergarán esos beneficios
y cada uno sabrá quienes son los responsables”, sentenció.
Por su parte Bullrich atribuyó las negativas provinciales al necesario
compromiso para “derogar impuestos distorsivos”.
A pesar de que el convenio supondrá la reducción de los
aportes patronales y nuevos convenios colectivos, la ministra afirmó
que los trabajadores se verán beneficiados “porque tendrán
empresas activas con aumento de su producción y la posibilidad
de contar con nuevas fuentes de trabajo”. “En la medida en que
la actividad se vaya reactivando los trabajadores van a poder participar
en la productividad de la empresa, lo que significa mejoras importantes
para los trabajadores metalúrgicos”, concluyó. El sector
empresario estuvo representado por la Asociación de Industriales
Metalúrgicos (ADIMRA). En diálogo con Página/12,
su nuevo presidente, Manfredo Arheit –quien reemplazó a Juan
Carlos Lascurain, ahora a cargo de la vicepresidencia–, explicó
que el convenio es muy positivo si se lo considera en el marco de los
últimos 10 años. Es la primera vez en este período
que “se comienza a trabajar fuertemente para eliminar las trabas
burocráticas que afectan al sector”. Arheit destacó
también que las medidas tendrán un impacto diferencial entre
los distintos subsectores. “El más beneficiado será
el de maquinarias agrícolas”, sostuvo. El dirigente dijo,
sin embargo, que algunas empresas desconfían de que las buenas
intenciones finalmente se cumplan. “Es claro que el sector de bienes
de capital se reactivará, pero como contrapartida de esta reactivación
tiene que crecer la demanda, en especial la del sector automotor”,
concluyó.
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Qué da y
qué recibe cada uno
Compromisos del Gobierno nacional
 Incrementar el reintegro
a las ventas locales de bienes de capital del 10 al 14 por ciento.
Eximir del pago del impuesto
al endeudamiento empresario a las nuevas inversiones.
Eximir el pago del impuesto
a la renta mínima presunta.
Parte de aportes patronales
podrán tomarse como crédito fiscal a cuenta de IVA.
Reducción de la
alícuota del IVA al 10,5 por ciento. Los débitos que
no se compensen serán reintegrados a los fabricantes bajo
la misma modalidad utilizada para el IVA a la exportación.
Crear la posibilidad
de utilizar los saldos técnicos de IVA como garantía
o para saldar créditos en el sistema financiero.
Continuidad de las líneas
de crédito con tasa diferencial del 7 por ciento para la
compra de bienes de capital de origen nacional.
Reglamentación,
en un plazo no superior de 60 días, del decreto de compre
nacional.
Dictado de normas que
faciliten la reconversión y reinserción prioritaria
dentro del sector metalúrgico de ex trabajadores de la actividad.
Compromisos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los Estados provinciales que suscribieron el acuerdo
Eximir al sector
industrial del pago de Ingresos Brutos.
Lo mismo cuando se trate
de contribuyentes de otras jurisdicciones que también hayan
suscripto acuerdos de competitividad.
Propiciar medidas tendientes
a la eliminación o absorción de tasas municipales
que afecten procesos productivos.
Compromisos de los empresarios y sindicatos
Reflejar en el costo
final pagado por el comprador la reducción del IVA al 10,5
por ciento y el reintegro del 14 por ciento.
Preservar los niveles
de empleo existentes a la fecha por el término de un año,
aun en situaciones de crisis. En este último caso, con la
participación del Ministerio de Trabajo y las organizaciones
sindicales.
Iniciar contactos, en
un plazo no inferior a 6 meses, para dar comienzo “a negociaciones
tendientes a la actualización o renovación” de
las convenciones colectivas de trabajo. A partir de su inicio, estas
negociaciones no podrán extenderse más allá
de los dos años.
Inclusión en los
nuevos convenios de un capítulo específico que considere
las condiciones especiales del sector de las pymes.
Incorporar mecanismos
de negociación tendientes a la regularización del
trabajo en negro.
Junto con el Gobierno
nacional, diseñar y ejecutar de manera conjunta un Programa
de Formación Profesional para el sector metalúrgico
destinado a los trabajadores desocupados de la actividad.
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COMBATE
CONJUNTO DEL MERCOSUR CONTRA LA AFTOSA
Juntos, aunque sea por fiebre
Los países del Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia y Chile
como países asociados) decidieron ayer llevar a cabo una estrategia
conjunta regional de prevención, control y erradicación
de la fiebre aftosa y desarrollar políticas comerciales para promover
los productos de origen animal. El acuerdo fue alcanzado en San Pablo
en el marco de la XII Reunión Ministerial Interamericana sobre
Salud y Agricultura. A su vez, el presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, ofreció a los gobiernos
de la región el apoyo técnico y crediticio para combatir
la enfermedad.
La epidemia de fiebre aftosa es calificada como “catástrofe
nacional” por los productores de Uruguay, donde han aparecido más
de 120 focos de la enfermedad, mientras Argentina lanzó un esfuerzo
de vacunación para tratar de controlar casi 300 brotes. Paraguay
fue reconocido como libre de aftosa con vacunación y esperaba suspender
la misma en agosto del 2000, pero la aparición de casos sospechosos
obligó a reanudar las vacunaciones.
Brasil está teóricamente libre de la epizootia, aunque en
agosto del año pasado se detectó un foco en Rio Grande do
Sul, que llevó al sacrificio de más de 8000 bovinos. Actualmente
las autoridades tratan de establecer un cinturón de seguridad vacunando
a todos los animales en las fronteras con Argentina y Uruguay.
Como parte del acuerdo, los países firmantes se comprometieron
a dar amplia información sobre la inocuidad de la aftosa para la
salud humana y combatir la utilización indebida de la enfermedad
como excusa para la adopción de barreras proteccionistas al comercio
de productos y subproductos de origen animal.
El acuerdo establece bases para la armonización de las políticas
sanitarias de cada nación y el cumplimiento de los objetivos propuestos,
así como el compromiso de los seis países de “presentar
informaciones precisas, transparentes y completas sobre la ocurrencia
de casos de aftosa en sus respectivos territorios”. Dichas informaciones
serán canalizadas a través del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa (Panaftosa), que además recibió de los seis países
la autorización para “hacer auditorías independientes,
supervisar, evaluar y armonizar” sus planes sanitarios.
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Senado indeciso
Las sospechas volvieron a sobrevolar el recinto del Senado. Ocurrió
ayer a raíz del tratamiento del pliego de Roque Maccarone,
propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir el Banco Central
en reemplazo de Pedro Pou. El hecho se inició cuando el justicialista
disidente Héctor Maya, que no integra la bancada del PJ sino
el sub–bloque 17 de Octubre, pidió que el pliego del
banquero sea girado no sólo a la comisión de Acuerdos
sino también a la de Asuntos Constitucionales, que preside
Jorge Yoma. Pese a la resistencia del bloque radical, expuesta por
Raúl Galván, la bancada justicialista acompañó
el pedido de Maya y aprobó, por mayoría, el pase a
ambas comisiones.
Pero pasado un rato, cuando ya se trataba otro tema, Galván
pidió la “reconsideración” de la anterior
votación, y para sorpresa de Maya y su bloque, la bancada
justicialista, sin pudor, votó en sentido contrario a como
lo había hecho un cuarto de hora antes.
Fuentes del propio recinto señalaron a Augusto Alasino, ex
jefe del bloque justicialista y acérrimo enemigo de Maya
en la interna entrerriana, como el “hacedor” del cambio
de opinión. “No podemos mandar este tema a la comisión
del Negro (aludiendo a Yoma); lo puede congelar años y con
el riesgo país por las nubes y la economía en bancarrota,
sería un desastre”, argumentó ante sus pares
de bancada, como si se tratara de un acendrado consultor de la city.
Cuando consideró que la operación “panqueque”
(por el vuelco del voto) estaba consumada, el “Choclo”
–como apodan al legislador entrerriano– se acercó
a la banca de Galván para anunciarle que estaba “arreglada”
la revisión del tema.
Los disidentes del bloque –precisamente escindidos tras el
escándalo por sospechas de coimas en la votación de
la reforma laboral, el año pasado– no ahorraron críticas.
“Acá se cambian los votos como si fuera una marea, como
si hubiera fuerzas mágicas”, denunció Maya, aludiendo
a los “sospechosos movimientos” observados en el recinto.
“No caben dudas de que pasó algo raro”, agregó
el justicialista de San Luis Héctor Torino. La oscura movida
fue censurada hasta por Carlos Corach, que a los gritos le reclamó
a José Luis Gioja, jefe del bloque, “ahora van a tener
que explicar por qué cambiaron el voto”. Los disidentes
terminaron abandonando el recinto.
Maccarone deberá concurrir el miércoles próximo
a la Comisión de Acuerdos, pero ayer quedó claro que
no es lo que pueda exponer allí lo que decida la aprobación
de su pliego.
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