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Las cajas con la información sobre lavado de dinero que realizó
el Senado de los Estados Unidos están a punto de llegar. Hasta
ahora, parece haber sólo dos diputados entusiasmados por abrirlas:
la radical rebelde Elisa Carrió y el demócrata mendocino
Gustavo Gutiérrez. El Frepaso, sin exhibir gran euforia, ya designó
a su representante ante la futura comisión investigadora, Graciela
Ocaña, una legisladora que conoce el tema pero de bajo perfil.
Carlos Soria sería el representante del PJ, que prefiere no inmiscuirse
en el armado de la comisión. El problema, por ahora, está
en el radicalismo. La posibilidad de que nombres de actuales funcionarios
de gobierno aparezcan entre los documentos norteamericanos puso nerviosos
a varios de sus integrantes y por ello intentan dejar bien en claro –una
forma sutil de decir “limitar”– las atribuciones y alcances
de la comisión.
El dilema de los radicales no preocupa a Carrió y Gutiérrez.
Este último aseguró a Página/12 que “si hay
personas que participaron en casos de lavado de dinero y hoy son funcionarios
del gobierno tendrán que dar explicaciones”. Oficialmente
los diputados de la UCR aseguran que este problema no existe, pero más
de un legislador y otros tantos funcionarios del gobierno no ocultan los
nervios que le producen la llegada de los documentos norteamericanos.
Trascendió que éstos demostrarían la participación
del Banco Macro –el actual jefe de Gabinete, Chrystian Colombo supo
ser vicepresidente de una de las compañías de esta entidad
entre 1997 y 1999– en operaciones cruzadas prohibidas con el Banco
República propiedad del menemista Raúl Moneta.
Esta preocupación se expresó de dos maneras. Por un lado,
el propio presidente Fernando de la Rúa tuvo que salir ayer a desmentir
las versiones sobre un supuesto alejamiento de Colombo debido a que su
nombre figuraría en la información estadounidense. La otra
fue la falta de definición del bloque radical para designar a su
representante en la comisión. El nombre del cordobés Mario
Negri suena con insistencia, pero en su despacho sostienen que es poco
probable porque la secretaría general del bloque “le insume
mucho tiempo”. También se habla de que podría ser el
entrerriano Guillermo Corfield, un contador de muy bajo perfil pero que,
según fuentes del bloque: “tiene experiencia en bancos”.
Beatriz Nofal es otra candidata que se baraja para integrar la comisión.
Ahora bien, lo que sí le preocupa a los legisladores autores de
las denuncias es que el oficialismo cumpla su promesa de aprobar sobre
tablas, en la sesión del próximo miércoles, la conformación
de la superanunciada comisión. Ayer, ambos se reunieron con Negri.
Allí comenzaron a delinear el perfil de la comisión a partir
de los tres proyectos que existen en Diputados. Carrió aseguró
que se acordó que la comisión será “investigadora”.
No un tema menor: que el proyecto que impulsaban Darío Alessandro
y Jesús Rodríguez le otorgaba apenas el rango de comisión
de seguimiento. “Se va a investigar pero no podrá allanar
o citar a testigos por la fuerza pública. Todo lo que vaya a hacer
tiene que tener previa y expresa autorización judicial”, dijo
la chaqueña al término del encuentro con Negri.
Carrió y Gutiérrez, de todas maneras, evalúan la
posibilidad de apoyarse en la Unidad Fiscal de Control de Delitos Tributarios
y Contrabandos (UFITCO) conducida por Maximiliano Rusconi con quien Carrió
piensa encontrarse hoy.
Lo que todavía resta definir es la cantidad de integrantes –serían
entre siete y nueve legisladores– y el plazo de trabajo que rondaría
entre 90 y 120 días. Para Gutiérrez la comisión no
debería tener más de siete miembros porque “el secreto
del éxito de la investigación es manejarse con un criterio
muy cuidadoso en la información y no es conveniente abrir tanto
la base”. La discusión no se detendrá durante el fin
de semana ya que se intenta tener todo cerrado hasta la próxima
sesión. Las cajas que llegarán de los Estados Unidos contienen
dos juegos de copias autenticadas por el Senado norteamericano. El material
quedará depositado en el Ministerio de Justicia. Luego se lo trasladará
al Colegio de Escribanos para ser certificado antes de derivarlo a la
Cámara baja y al Poder Judicial.
PIDEN
SE PROCESE A CLAUDIA BELLO
Cajita nada feliz
El fiscal Carlos Stornelli le
pidió a la jueza María Romilda Servini de Cubría
que procese a Claudia Bello, por administración fraudulenta e incumplimiento
de sus deberes como funcionaria. Cree que es responsable del pago de un
sobreprecio superior a los 2 millones de pesos para la confección
de 300 mil cajas de propaganda oficial sobre la preparación de
la Argentina para afrontar el llamado “efecto 2000”.
La ex titular del Instituto Nacional de la Administración Pública
(INAP) y ex secretaria de la Función Pública había
sido denunciada por la Oficina Anticorrupción (OA) por contrataciones
directas con agencias de publicidad por más de 8 millones de pesos
para realizar la campaña para prepararse ante el famoso “Y2K”
que, junto a las cajitas en cuestión, incluía fotos de la
propia Bello y del ex presidente Carlos Menem. Las maniobras irregulares
habían sido detectadas por la Sindicatura General de la Nación
(Sigen).
En su dictamen, Stornelli dice que Bello y otros miembros del directorio
del INAP “perjudicaron los intereses confiados en el manejo de los
fondos asignados para la realización de la campaña mencionada,
mediante la abusiva disposición de los bienes del Estado y con
la finalidad de procurar el lucro indebido para sí y para terceros.
Obviaron, dice, “los mecanismos legales requeridos para la determinación
de los precios involucrados en esos actos”. Incluso está probado,
señala, que las empresas de publicidad beneficiadas con la contratación
–Lautrec y High Comm S.A– “efectuaron con posterioridad
a la ejecución de la campaña numerosas disposiciones de
dinero respaldadas con documentación adulterada”. El fiscal
pide también el procesamiento de directivos de esas firmas.
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OPINION
Por Eduardo Aliverti
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Pornografía
Son días de desnudos completos y sexo explícito.
Los actores protagonistas de las dos obras más difundidas
del momento dejaron a un lado pudores, hipocresías, falacias.
Y eso siempre es una buena noticia cuando se trata de actores políticos,
aunque haga falta redondearla.
Domingo Cavallo archivó la batería de recursos histriónicos
con que durante más de un mes entretuvo antes a la popular
que a la platea y los palcos. Enfrentó las cámaras
nervioso, dubitativo, desmemoriado, furciador, y anunció
aproximadamente lo mismo que le costó el puesto al vocero
militar que lo antecedió en el cargo. Adiós al mago
que nunca hubo y que quisieron ver tanto desesperado, tanto entregado
y tanto estúpido. Lo único que amortiguó un
poco su strip tease es que el de algunos viejos compañeros
de ruta fue más descarado, más impúdico.
La P que precede a Justicialista ya no es de partido sino de patota.
Una banda abroquelada en torno de un presumiblemente futuro reo,
que se junta para la foto y les dice a los radicales que metan mano
en la Justicia porque uno de sus jefes no puede ir preso. Aun en
un país como éste, jamás se había llegado
a extremo semejante. Salir un partido político, en el Congreso
de la Nación, a decirles a toda la sociedad, a los jueces,
a los fiscales y al Gobierno algo así como “señores,
así se demuestre que Menem es el capo de una asociación
mafiosa que vendió armas no se lo debe tocar; busquen la
manera que sea para sacarlo de la causa y arréglenlo rápido
porque, de lo contrario, la guerra va a incluir que no les votemos
una ley más”. Hace acordar a la famosa frase de Roosevelt
cuando lo consultaron sobre las atrocidades de la dictadura nicaragüense:
“Somoza es un gran hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
En principio, la noticia es que Cavallo y la patota peronista quedaron
tan enteramente desnudos que no haría al sentido común
la persistencia de un solo ciudadano en chocar otra vez contra la
misma piedra.
Pero el tema es que el ministro de Economía, la dirigencia
oficialista en su conjunto y ese mamarracho falsamente opositor
son emergentes, apenas eso, de un poder verdadero que está
en otra parte. En el capital ultraconcentrado, en la gran banca,
en las corporaciones extranjeras. De modo que son efectivamente
descartables y sustituibles por otros iguales, mientras la sociedad
no afecte a su enemigo en serio.
Si las elecciones fueran hoy, las ganaría Ruckauf, que representa
a una derecha todavía más brutal que ésta con
sus pretensiones de Estado policíaco y sus arrebatos xenófobos.
Y es ahí donde entre la duda acerca de si termina sirviendo
y aprovechándose, para algo mejor, que tanto pirata quede
sin más ropa que sus garfios.
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