Por Eduardo Videla

Los actuales tribunales de Faltas porteños dejarán de existir el martes próximo, si la Legislatura aprueba –como se prevé, en una sesión prevista para el lunes– el proyecto que anoche anunció el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. La caída del polémico organismo se precipitó con la controversia por las multas fotográficas a infracciones de tránsito, sistema que los jueces cuestionaron sistemáticamente. Como adelantó Página/12 el viernes, el tribunal será reemplazado por una Oficina de Verificación Administrativa de Faltas, un cuerpo integrado por abogados que tendrán facultades para desestimar infracciones mal confeccionadas o establecer graduación de multas, según los casos. Las multas seguirán vigentes, pero durante 30 días hábiles a partir de la sanción de la ley –prorrogables por otros 15– estarán suspendidos los trámites vinculados con infracciones.
El gobierno porteño dejó de lado la idea original de disolver los tribunales de Faltas por un decreto de necesidad y urgencia, después de conseguir el compromiso de la Legislatura de debatir el tema en una sesión especial, el lunes. Se presume que el oficialismo reunirá los votos necesarios para aprobar el proyecto –algunos legisladores de la oposición ya habrían garantizado el voto positivo–, pero no podrá sofocar las críticas desde el Frente Justicialista y Encuentro por la Ciudad, donde se ve la disolución del tribunal como un castigo por el fallo que anuló las multas fotográficas.
Junto a este proyecto, el gobierno envió otros dos, destinados a flexibilizar el régimen de sanciones a las infracciones de tránsito: por un lado, aumenta las velocidades máximas en algunas calles y avenidas, y por otro, reduce el monto mínimo de algunas multas, como en el caso de mal estacionamiento y exceso de velocidad (ver recuadro).
“Queremos crear un sistema más ágil y eficiente, que termine con las sospechas de corruptelas administrativas”, dijo anoche Ibarra, al anunciar el proyecto para terminar con la Justicia Municipal de Faltas.
La iniciativa dispone el cese en sus funciones de los jueces de primera y segunda instancia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. “Los funcionarios serán indemnizados o pasarán a formar parte de la estructura del gobierno, en su condición de abogados”, dijo a Página/12 el secretario de Gobierno, Raúl Fernández.
En lugar de los actuales jueces se creará una Oficina de Verificación Administrativa de Faltas, cuya función será determinar la validez de las actas de infracción y los montos de multas aplicables en cada caso. “En principio, estará integrada por 40 miembros, pero ese número podrá ser aumentado si lo requiere la demanda”, explicó Fernández.
Debido a la premura con que se implementará el sistema, no habrá concursos para designar a los verificadores. El requisito para la designación será tener el título de abogado y más de 5 años en el ejercicio de la profesión. “Habrá un breve curso de entrenamiento antes de que entren en funciones”, adelantó el subsecretario de Gobierno, Agustín Zbar.
El nuevo organismo seguirá funcionando cuando sean designados los nuevos jueces Contravencionales y de Faltas. La integración de ese fuero está prevista para octubre, después de que el Consejo de la Magistratura termine de evaluar a más de cien aspirantes.
Mientras tanto ¿cómo funcionará el régimen de faltas si se aprueba el proyecto oficial?
Durante 30 días hábiles –prorrogables por otros 15–, no habrá trámites para discutir las multas, aunque podrá efectuarse el pago voluntario.
Una vez constituida la Oficina de Verificación de Faltas, los infractores comenzarán a ser citados. Como ocurre ahora, habrá un sorteo, pero en lugar de un juez se asignará un verificador.
El infractor podrá hacer su descargo y presentar pruebas a su favor. El verificador determinará si el acta está correctamente confeccionada, evaluará las pruebas, dictaminará si la multa es procedente y fijará, si corresponde, el monto de la sanción.
Si el infractor no está de acuerdo, podrá apelar ante la Justicia Contravencional y de Faltas. Como actualmente ese fuero tiene sólo cuatro jueces en comisión, solo se atenderán los casos urgentes. La tarea de determinar qué causas se ajustan a ese requisito quedan en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. El resto de los reclamos serán atendidos después de octubre, cuando estén los nuevos jueces designados.
–¿Los verificadores son funcionarios administrativos con funciones judiciales? –preguntó este diario.
–Tienen funciones jurisdiccionales administrativas –explicó Zbar–. No evalúan judicialmente una infracción sino la validez formal del acta y de las pruebas presentadas por el infractor. Su función es equivalente a los verificadores que trabajan en la Dirección de Rentas.

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