Por Carlos Rodríguez

Balas que pican cerca vio pasar ayer, por más de tres horas, el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, quien deslindó toda responsabilidad personal y señaló al ex Cuerpo Guardia de Infantería (hoy Agrupación Guardia de Infantería) como “encargado directo” del manejo de los servicios adicionales para garantizar la seguridad en los estadios de fútbol, sistema que habría dado lugar a una estafa investigada por la justicia. Fuentes judiciales dijeron a Página/12 que el comisario Santos, al declarar como imputado ante el juez Julio Lucini, presentó “datos estadísticos” que indicarían que desde que asumió el número de policías destinados a custodiar los estadios fue disminuyendo. Sin embargo, la irregularidad más grave comprobada en la causa ocurrió el 11 de marzo pasado, durante un clásico entre San Lorenzo y Huracán, cuando Santos llevaba un año y dos meses como jefe de la Federal. La situación procesal del jefe máximo se decidirá en diez días, pero se estimaba que “no sería procesado”, al menos por el delito más grave, que es el de “asociación ilícita”. Desde hoy, y por dos semanas, se tomarán otras 18 indagatorias a jefes intermedios presuntamente involucrados.
Al retirarse a la tarde del Palacio de Tribunales, Santos incurrió en alguna contradicción, tal vez por la presión que significó la presencia de varios medios periodísticos. Santos confirmó implícitamente las irregularidades. “Todos los elementos aportados le permiten al juez clarificar todo lo ocurrido”, señaló rodeado de micrófonos y precisó que la documentación aportada por él permite saber “lo que hizo la Policía Federal para contrarrestar este tipo de situaciones y evitar que se repitan (sic) situaciones como éstas”. Después, dijo que le había aclarado a Lucini que “de existir” los hechos irregulares “en todos los casos no pueden estar ausentes los clubes, ya que toda vez que un hombre nuestro concurre a cumplir un servicio de policía adicional, en todos los casos firma el representante del club”.
Fuentes judiciales comentaron a este diario que Santos dijo “desconocer totalmente” los hechos que se investigan, dado que el servicio de policía adicional en los estadios de fútbol era “manejado directamente por sus subordinados”, en alusión a los jefes que pasaron por el ex Cuerpo Guardia de Infantería, entre ellos los cinco altos jefes hoy procesados y con orden de detención pendiente. El comisario mayor Oscar Horacio Lissi fue jefe del citado cuerpo entre los años 1995 y 1997, y luego fue sucedido en el cargo, primero por el comisario Juan Bautista Eduardo Miño y luego por el comisario Hugo Miguel López, de quien los testigos dijeron que había intentado morigerar los hechos irregulares, no obstante lo cual también fue procesado por su rango y porque conocía los hechos.
Otro de los procesados por “asociación ilícita” es el comisario retirado Roberto Galvarino, ex jefe de la Dirección de Orden Urbano en 1999, de la que dependía el Cuerpo Guardia de Infantería, que cuando ocurrieron las irregularidades tenía su sede en la propia jefatura de la Federal. Tanto Galvarino como Lissi, el primero en situación de retiro y el segundo en disponibilidad, ocuparon sucesivamente la Superintendencia de Seguridad Metropolitana designados en ambos casos por el comisario Santos, que los puso al frente de los 14.000 hombres encargados de cubrir todos los servicios de seguridad capitalinos. La caída de Galvarino se produjo tras la fuga de tres presos famosos del Departamento Central de Policía y Lissi fue relevado por Santos tras el estallido del presente affaire.
“Ahora hay que analizar la veracidad de los datos aportados por el comisario Santos”, confió la fuente consultada por este diario, quien recordó que los presidentes de los clubes señalaron que el número de policías recién se redujo después del operativo realizado por el juez Mariano Bergés, entonces a cargo de la causa, el 11 de marzo pasado en el Nuevo Gasómetro. Allí se comprobó que la Policía Federal había cobrado por la presencia de 156 hombre que nunca habían concurrido al estadio. Otras fuentes allegadas a la causa aseguraron que Santos avaló un acta firmada por el comisario Juan Carlos Robles y el comisario retirado Juan Antonio Duhalde, jefe de seguridad y gerente de San Lorenzo de Almagro. El acta fue descalificada por Bergés en el auto de procesamiento. La interpretación que haga Lucini sobre este aspecto central de la causa será fundamental a la hora de resolver la situación procesal de Santos. El jefe de la Federal se encargó ayer de resaltar ante el juez que desde que asumió “trabajó para disminuir el número de policías adicionales”. Esto incluyó el reemplazo del Cuerpo Guardia de Infantería por la Agrupación Guardia de Infantería, que paralelamente se mudó a una dependencia ubicada en Cavia y Figueroa Alcorta. “Mal puedo querer perjudicar a los clubes”, sostuvo Santos, quien luego dijo que “si hubo irregularidades, los mismos clubes nunca pudieron ignorarlas”.
En la investigación ya se había señalado, como dato que indicaría una posible connivencia, que curiosamente, la mayoría de los clubes capitalinos tienen como jefes de seguridad a ex policías federales. Uno de ellos, el ya nombrado comisario Duhalde, fue procesado por encubrimiento. El suspenso por la situación de Santos se alarga otros diez días.

RUCKAUF SUSPENDIO LA CONSTRUCCION DE OCHO PENALES
Al final, no se hacen las cárceles

Después de impulsar la derogación del dos por uno –que previsiblemente sumará presos a las ya repletas cárceles–, y en un momento en que se suceden motines en las comisarías, como consecuencia de las pésimas condiciones de alojamiento de los detenidos, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf anunció que la promocionada construcción de nuevas cárceles quedará para más adelante. Ruckauf debió dar marcha atrás con su proyecto por razones económicas y decidió echarle el fardo al gobierno nacional, al que responsabilizó “por la complicada situación financiera” que atraviesa el país. El gobernador sostuvo que “es imposible construir sin dinero y hoy la Argentina no tiene crédito”.
Ruckauf confirmó que por el momento se suspenderá la licitación para la construcción de ocho cárceles nuevas con capacidad para 640 internos cada una, que fueron proyectadas para aliviar la superpoblación que afecta al sistema penitenciario provincial y en un intento por descomprimir la tensa situación que se vive en las comisarías, donde se repiten los motines. Hay que tener en cuenta que, actualmente, la población carcelaria en todos los penales provinciales asciende a 15 mil internos, más otros 6 mil que están alojados en las comisarías bonaerenses. La decisión se conoció un día después de que un tribunal marplatense ordenara al Ejecutivo provincial a que, en un plazo de treinta días, traslade a todos los presos de las comisarías a unidades carcelarias.
“Yo no puedo inventar lugares en las cárceles, quiero que se construyan, pero hay una situación financiera muy complicada. Hay que esperar que se produzca esta reversión que (el presidente Fernando) De la Rúa y (el ministro Domingo) Cavallo piensan darle a la economía”, manifestó el gobernador.
Por su parte, el subsecretario de Política Penitenciaria y readaptación social bonaerense, Miguel Angel Pló, explicó que el retraso de las licitaciones se produjo porque “las empresas oferentes nos piden permanentes postergaciones de las convocatorias, requerimientos fundados en su imposibilidad de poder determinar costos, y por las elevadas tasas de los préstamos que deben tomar”, dijo el funcionario. Según recordó Pló, el plan prevé la construcción de ocho penitenciarías —cuyos diseños fueron aprobados por el gobierno provincial— a través del sistema de leasing (alquiler con opción a compra).
Se trata de ocho cárceles proyectadas hace un año, que deberían ser construidas en las localidades de Dolores, Azul, Barker (Benito Juárez), Saavedra, General Lamadrid, María Ignacia Vela (Tandil), Urdampilleta (Bolívar) y Campana.
Pló insistió en que las prisiones “son necesarias para el funcionamiento de la Justicia en la provincia de Buenos Aires y las consecuencias derivadas de esta forzosa postergación, son también graves”. Aunque sostuvo que “no estamos al borde del colapso”, reconoció que el tema “es preocupante”.

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