Por Adriana Meyer

“No me voy a profugar”, fue la frase más repetida por Antonio Erman González, el ex ministro multifunción de Carlos Menem, durante su declaración indagatoria, como para exorcizar el fantasma de su posible detención. El juez federal Jorge Urso lo interrogó como sospechoso de haber integrado la asociación ilícita que concretó la venta de armas a Croacia y Ecuador pero recién en julio, tras la declaración de Menem, resolverá si fue o no uno de los organizadores. Por lo tanto, Erman salió caminando de los tribunales federales y afirmó que “por fin se terminó la pesadilla”, tratando de mostrarse aliviado. Sin embargo, su situación quedó más comprometida (ver aparte). Durante la extensa declaración, el contador riojano insistió en que las iniciativas relativas al comercio de armamento no surgieron de las máximas autoridades de la administración menemista sino de “estamentos inferiores”, y que esa actividad se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Además, aportó documentación que involucra al ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Asistido por su fiel secretaria Liliana y su abogado Fernando Archimbal, Erman presentó un dictamen de la Cancillería sobre la viabilidad de la venta de cañones a Bolivia, realizado durante el paso de Cavallo por ese ministerio. La defensa parece haber planeado una estrategia que incluye salpicar al ministro de Economía, eterno enemigo de González. Sin embargo, el ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga declaró que la exportación a Bolivia se frustró por la oposición de Cavallo. Hace dos semanas, cuando la situación de Erman empezó a empeorar a partir de la citación (para el 10 de mayo) en la otra causa que investiga el contrabando de armas en el fuero penal económico, el ex funcionario había enfatizado que “todos los que firmaron los decretos” debían rendir cuentas. Cavallo es uno de ellos, además de Menem, pero los investigadores de la causa consideran que haber firmado los decretos que posibilitaron la maniobra no es suficiente para llamarlos a indagatoria.
“Tengo la conciencia tranquila”, afirmó Erman a las 10.40, de traje gris y zapatos sin cordones, mientras subía las escalinatas de Comodoro Py en medio de un tumulto de cronistas, reporteros y camarógrafos. Cuando le preguntaron si pensaba que, tras la declaración, iba a salir caminando de los tribunales, contestó “¿y de qué otra manera, en camilla?”, mientras trastabillaba y Liliana trataba de protegerlo.
En ese momento dijo que pensaba responder todas las preguntas. Y cumplió. Fueron unas 70 entre las que formuló el juez, asistido por el secretario Juan Martín Hermida, y el fiscal Carlos Stornelli. El acusado respondió con detalle, apoyado por la precisa memoria de su secretaria y con serenidad durante la mayor parte de la audiencia. Sin embargo, a cada rato repetía “no me voy a profugar”. Su calma se quebró en tres momentos de la indagatoria:
Cuando le preguntaron si fue apoderado de alguna cuenta en el exterior o si tenía firma junto a otra persona. Erman habría sacado dinero a través de la filial argentina de la UBS, de Suiza.
Cuando tuvo que responder sobre los empleados riojanos de Fabricaciones Militares Jorge Alcalde, Miguel Scarinche y Carlos Alberto Gómez, que habrían respondido a Emir Yoma.
Cuando le pidieron explicaciones sobre su relación laboral con Sarlenga. González fue contador de la empresa Fase, propiedad del ex interventor de FM. Ayer no negó conocer al hombre que con su confesión envió a la cárcel a Yoma y convulsionó el caso.
El ex ministro de Trabajo, Economía, Defensa y Acción Social, ex vicepresidente del BCRA, ex diputado y ex embajador en Italia aseguró que la venta de material bélico “nunca fue una política de Estado” del gobierno de Menem, sino que las propuestas surgieron de la comisión interministerial creada por decreto durante la gestión de Raúl Alfonsín. En dos oportunidades insistió en que las iniciativas de venta de armasiban desde los estamentos inferiores a los superiores. La sala II de la Cámara Federal, que marcó el camino en cuanto a la teoría de que en este caso hay una asociación ilícita, opina que fue a la inversa. Al respecto, Erman aportó documentación referida a las operaciones de venta de armamento concretadas durante el anterior gobierno radical. “Pretendió demostrar que esta actividad venía desde antes y que los radicales también vendieron cañones”, comentó a Página/12 un funcionario judicial.
Tampoco negó haber conocido a Yoma, aunque indicó que fue a través del hermano mayor del empresario, Muhammad Amin, que tenía una curtiembre de zapatos en la que supo llevar los números. Al traficante sirio Monzer Al Kassar lo vio una vez cuando se lo presentó Amira Yoma y aseguró que sólo mantuvo con él un trato protocolar.
Ante las cámaras que lo esperaban fuera de los tribunales Erman se mostró desahogado. Es cierto que zafó de algunos pronósticos que lo ubicaban tras las rejas y que su situación será resuelta por Urso recién en julio, tras el paso de Guido Di Tella, Martín Balza y Menem por el juzgado, también acusados de formar una banda delictiva. Pero quienes presenciaron la indagatoria aseguran que González “llegó preocupado y se fue preocupado”.

CHACHO CRUZO A CAVALLO Y SE SUMARON ALFONSIN Y MOREAU
“La basura bajo la alfombra”

La causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia dio que hablar ayer en la Alianza pero no por la situación de Carlos Menem, sino por la declaración del ministro de Economía de que el caso debería pasar a manos de la Corte Suprema. “Veo un pensamiento dominante donde parecería que para bajar el riesgo país y para generar credibilidad hay que meter toda la basura debajo de la alfombra”, advirtió Carlos “Chacho” Alvarez, quien consideró que “sería muy sano que el Presidente salga a diferenciarse de estas declaraciones de Cavallo” y llamó a la coalición a emitir un “pronunciamiento que cuestione lo que dijo el ministro de Economía”. “Es una posición muy equivocada”, se sumó rápidamente Raúl Alfonsín en contra de Cavallo y también el senador Leopoldo Moreau salió a criticarlo. El secretario de Legal y Técnica de Economía, Alfredo Castañón, lo defendió.
Alvarez sostuvo que Fernando de la Rúa tendría que diferenciarse de su ministro de Economía porque “si no, lo que hace es incentivar esta imagen de que el que Gobierno es Cavallo”. A propósito de la defensa del titular del Palacio de Hacienda a Menem y su propuesta de que la Corte Suprema se encargue de juzgar a los funcionarios importantes, el líder del Frepaso denunció que parece haberse instalado una teoría de que “la Argentina necesita convivir con niveles importantes de impunidad” para lograr un presunto desarrollo económico. “Veo un pensamiento dominante –precisó– donde parecería que para bajar el riesgo país y para generar credibilidad hay que meter toda la basura debajo de la alfombra”.
“La Alianza estaría renunciando a muchas de las cosas que planteó, si deja correr como una opinión propia las palabras de Cavallo”, alertó también ex vicepresidente y exhortó a la coalición a formular un “pronunciamiento que cuestione lo que dijo el ministro de Economía”.
Sus palabras encontraron rápida reacción en Alfonsín. El ex presidente declaró que “encuentro razón” en la opinión de Alvarez y destacó que “es una posición muy equivocada” la de Cavallo. Además de proponer que la vía de la Corte Suprema, el ministro consideró que a Menem había que “entenderlo en la complejidad de lo que ha tenido que administrar”.
Castañón defendió a su jefe y apeló a un remanido recurso de los políticos: “Fue malinterpretado.” El secretario Legal y Técnico de Economía afirmó que Cavallo “no dijo que este caso en particular lo tiene que tomar la Corte Suprema”, sino que el sistema judicial argentino “debería ser como el de España, que si tiene que juzgar a un Presidente o a un miembro del gobierno con fueros lo hace la Corte Suprema”. El funcionario cavallista se pronunció, además, a favor de “mantener al juez natural” de la causa, Jorge Urso.
“Vuelven a dar vigencia a ese viejo dicho que sostiene que todo lo que reluce no es oro”, ironizó Moreau acerca de las declaraciones de Cavallo, de quien destacó que “en el último tiempo, el ministro de Economía se ha dedicado a indultar a la corrupción. El primer indulto lo hizo en la causa del Senado, después indultó a Emir Yoma y, más adelante, a Pedro Pou”. Moreau coincidió con Alvarez en que De la Rúa “no debería permitir que se comprometa la opinión del Gobierno”.

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