Las 16 cajas que contienen la información sobre lavado de dinero, enviadas por el Senado de Estados Unidos, ya están en la Argentina. Sin haber sido abiertos, los documentos ya desataron una disputa entre la diputada Elisa Carrió y una buena parte del gobierno de Fernando de la Rúa. Según fuentes cercanas a la legisladora chaqueña, en ellos se detallaría la participación del jefe de Gabinete. Chrystian Colombo fue durante el gobierno de Carlos Menem vicepresidente de Macro Valores, una empresa del banco Macro. Según los investigadores, Macro Valores habría realizado operaciones cruzadas con el Federal Bank, entidad financiera relacionada con el República, el banco del menemista Raúl Moneta. Fuentes cercanas al jefe de Gabinete hicieron trascender su bronca con las acusaciones. A Carrió no le importó: “Nosotros presentaremos las pruebas”, aseguró anoche.
El solo arribo de las cajas generó nerviosismo y enojos en el gabinete de De la Rúa, quien el jueves tuvo que salir a desmentir el alejamiento de su jefe de Gabinete. Colombo, según versiones confirmadas por fuentes confiables del Gobierno, estaba profundamente molesto por el escaso apoyo que había recibido dentro del propio oficialismo. La versión que molestó a Colombo es que su nombre estaría escrito en los documentos del Senado de Estados Unidos que detallan las operaciones cruzadas entre el banco Macro y el Federal Bank que le permitieron al primero, a través de Macro Valores donde Colombo ejercía la vicepresidencia, adquirir el Banco de Salta con una garantía del República.
Ayer el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, recibió las cajas de manos del asesor legal del FBI en el país, William Godoy. El hermano del Presidente se sintió obligado a hablar del caso: “Tenemos plena confianza en Colombo. (Las versiones) son plenas conjeturas y yo me limito a las palabras de la diputada Carrió que dijo que el nombre de Colombo no figura en los documentos”. En Jefatura de Gabinete añadían otro dato: en declaraciones radiales matutinas el periodista Andrés Oppenheimer, quien vino a presentar su libro Ojos Vendados, que investiga el tema del lavado, explicó que el apellido Colombo no figura en ningún documento del Senado norteamericano.
Pero el sosiego del Gobierno duró poco. Durante el programa televisivo “El juego limpio”, que conduce Nelson Castro por Todo Noticias, la diputada radical dijo que Colombo la había acusado de implicarlo en casos de lavado de dinero sin aportar pruebas. “Ante su reacción machista no hicimos más que entregar las pruebas sobre lo que dijimos”, aseguró Carrió. E indicó que descreía que esto pueda terminar en el desplazamiento del jefe de ministro: “Acá todos juegan a la permanencia. Un ejemplo es el caso Pedro Pou, al que la comisión bicameral le demostró que era el agente del lavado de dinero en la Argentina y si no se hubiera peleado con (el ministro Domingo) Cavallo, hubiera continuado al frente del Banco Central. Es la muestra palpable de que el Estado mafioso busca destruir la República”.
Ahora resta que la Cámara de Diputados apruebe el miércoles la comisión investigadora que, se descuenta, presidirá la Carrió. Ayer, el titular del cuerpo, Rafael Pascual, confirmó que ello ocurrirá. La decidida posición de Pascual tiene al menos dos razones: la imposibilidad de postergar su integración ahora y la presión ejercida por el propio Colombo que anhela un rápido dictamen de la comisión para destrabar su incómoda situación. Por estas horas, el jefe de ministros evalúa la posibilidad de enviar una carta pública a Pascual pidiendo se acelere el dictamen.
Carrió sabe que no tendrá apoyo absoluto de su propia bancada, pero no le preocupa quedar en minoría en la Comisión. Pero ni la legisladora ni el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez temen a esa situación. “La gente ya sabe que nosotros decimos la verdad. Si ellos nos ganan una votación, la gente sabrá que se trata de un intento de garantizar la impunidad”, imaginan.

MAS DENUNCIAS POR USO IRREGULAR DE PLANES LABORALES
El escándalo llegó al Estado

Además de militantes universitarios, también al menos 54 empleados de diversos organismos estatales habrían sido beneficiarios irregulares de los planes “Nuevos Roles Laborales”, que desde 1999 el gobierno porteño destinaba supuestamente a jefes de familia desocupados. Así se desprende de la denuncia que presentó ayer la diputada de la ciudad Vilma Ripoll (Izquierda Unida).
La legisladora denunció que los planes fueron otorgados a “empleados en actividad de la Anses, el Instituto Nacional de la Administración Pública, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el Comfer, el Conicet, Migraciones, Desarrollo Social, Vialidad, Cancillería, Ministerio de Trabajo, PAMI, Policía Federal, Servicio Penitenciario y Secretaría de Turismo”.
La presentación judicial, patrocinada por el abogado Juan Carlos Giordano, involucra además a personal del Registro Nacional de las Personas y de Parques Nacionales. En total, detalla los nombres de 54 beneficiarios de los 200 pesos mensuales que cumplen o cumplían tareas en esas entidades. Según los denunciantes, 28 de esas personas continúan trabajando en el Estado. En la actualidad, el resto ha sido dado de baja.
“Resulta imposible a esta altura creer que estos hechos fueron improvisados y aislados –señaló Ripoll en su denuncia–. Hay fuertes indicios de que funcionarios del Gobierno de la Ciudad, como los ya denunciados Jorge Viscuso y Miguel Ponce, actuando en complicidad con directivos de distintas ONG y militantes o punteros de la Alianza, han actuado planificadamente para direccionar caudales de la Ciudad, en forma delictiva.” La causa fue abierta por fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Hasta el giro que tomó ayer el caso, las denuncias de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, habían involucrado en el usufructuo de los planes a cientos de alumnos universitarios. Según la Defensoría, fueron universitarios al menos el 15 por ciento de los 5500 beneficiarios de los planes, que implicaron el desembolso total de 9 millones de pesos. Ayer, el subsecretario de Promoción Social porteño, ex defensor adjunto de la Ciudad y ex dirigente estudiantil, Rafael Veljanovich, en cuyo entorno surgió el primer caso del escándalo, aseguró que no participó del otorgamiento de dichos planes a miembros de Franja Morada: “Yo me hago cargo de ser ingenuo, pero de ninguna manera soy cómplice. Hay gente que pudo haber estado trabajando conmigo, que tuvo responsabilidad en esto y hay que investigarlo. Sean dirigentes o no, militantes o no, van a tener que responder”.

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