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El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, sancionó a dos oficiales
de alto rango que contrataron como abogado de esa fuerza al líder
neonazi Juan Enrique Torres Bande. “Debieron haber conocido los antecedentes
de él”, culpó Brinzoni a sus subordinados que acercaron
al letrado para que lo representara, junto a otros 662 oficiales, en la
presentación de las solicitudes de hábeas data ante la Subsecretaría
de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para saber si existían
datos que los vinculen con la represión ilegal. Brinzoni despidió
días atrás a Torres Bande por orden del ministro de Defensa,
Horacio Jaunarena, después de que Página/12 revelara que
el abogado es el lugarteniente de Alejandro Biondini y apoderado del Partido
del Nuevo Triunfo.
“Las personas que trabajaron en forma directa con este profesional
y que debieron haber conocido los antecedentes de él” fueron
“sancionadas”, anunció Brinzoni, aunque no dio mayores
detalles sobre el castigo que recibieron: sólo precisó que
se trata de “dos personas” y se negó a revelar sus identidades,
así como la tarea que desempeñan dentro de la fuerza a su
mando.
Voceros del Ejército aportaron que “se trata de dos oficiales
de alto rango”, pero tampoco los identificaron, ni precisaron siquiera
el tenor de la sanción disciplinaria que les aplicó Brinzoni.
“Esos detalles entran dentro del marco de confidencialidad que existe
en estos casos”, se excusaron.
Brinzoni afirmó que “no comparto en absoluto la ideología
del partido que representa el abogado Torres Bande, con lo cual me siento
profundamente dolorido, mortificado de ese episodio”, al que calificó
como “absolutamente lamentable, repugnante”.
El jefe del Ejército asegura desconocer los antecedentes de Torres
Bande desde el día en que este diario publicó la foto del
abogado junto a Biondini en el estrado del Hotel Castelar, durante el
acto en que ambos presentaron su Partido del Nuevo Triunfo. Jaunarena
le ordenó entonces que revocara el poder que había otorgado
a favor de Torres Bande y se comunicó con el presidente de la Asociación
de Delegaciones Israelitas Argentinas (DAIA), José Hercman, para
anticiparle que el propio Brinzoni le enviaría una carta con las
disculpas del caso.
Brinzoni señaló en esa carta, entre otras cosas, que se
sentía apesadumbrado por su “desafortunada elección”.
Anteayer, concurrió personalmente a la DAIA y, después de
pedir disculpas una vez más, dijo que asumía la responsabilidad
“por haberme equivocado en seleccionar ese abogado sin conocer sus
antecedentes”.
Durante unos ejercicios militares realizados en Córdoba, el jefe
del Ejército insistió también en que está
“mortificado y arrepentido” y declaró: “Fue una
muestra de ineficiencia no haber tenido todos los antecedentes. Si quieren
creerme, pueden hacerlo; si quieren considerarme un estúpido, también
pueden hacerlo.”
El portavoz del Ejército, coronel Gustavo Gorriz, explicó
después de que Página/12 revelara quién era Torres
Bande que por su capacidad profesional (sic), sin obtener sus “antecedentes
personales, religiosos y/o políticos” ya que “no realizamos
inteligencia interna”. El abogado, sin embargo, es un perfecto desconocido
en el foro porteño y su estudio, en la calle Marcelo T. de Alvear
777, es un minúsculo departamento que ni siquiera tiene teléfono.
Torres Bande tampoco tiene secretaria, pero como contrapartida caminaba
con soltura por los pasillos del Edificio Libertador, al que concurría
frecuentemente.
La relación entre el dirigente neonazi y el Ejército surgió
a partir de su trabajo como defensor del coronel Edberto González
de la Vega, ex director de Fabricaciones Militares que fue procesado en
la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Torres Bande, en
cambio, no asistió como profesional a Biondini. En realidad, es
su lugarteniente como lo demuestra la fotografía del acto de lanzamiento
del Partido del Nuevo Triunfo, el 21 de setiembre pasado.
DEFENDIO
LOS ASCENSOS A MILITARES CUESTIONADOS
Jaunarena hace la venia
El ministro de
Defensa, Horacio Jaunarena, defendió los ascensos otorgados anteayer
por el Senado a cinco militares acusados de violar derechos humanos en
la última dictadura. “¿Cómo no va estar conforme
el Gobierno si el que envió los pliegos fue el Gobierno?”,
dijo Jaunarena mientras recorría junto al presidente De la Rúa
las nuevas instalaciones del Hospital Militar.
El jueves los senadores consideraron que los tenientes coroneles Oscar
Vaquero, Hugo Casella y Virgilio Moschino y los marinos Edgardo Rodríguez
y Carlos Anzoátegui habían hecho méritos suficientes
como para darles un ascenso, pese a que el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
y la propia Subsecretaría de Derechos Humanos solicitaron que no
les concediera ese beneficio. Ayer, por su parte, Jaunarena confirmó
la satisfacción del Gobierno con esos ascensos.
“El Ejecutivo hizo un análisis de los pliegos en su momento,
interpretó que había mérito para ascender a los oficiales
que envió para el acuerdo de Senado, y el Senado concordó
en que había mérito para ascenderlos”, afirmó
Jaunarena. Al parecer, en el análisis de funcionarios y senadores
no pesó que Vaquero y Moschino estén mencionados en los
legajos de la Conadep como participantes en los grupos de tarea, ni que
la fiscalía de Bahía Blanca sospeche que Casella integraba
las patotas de la dictadura que operaban en Río Gallegos. Rodríguez
y Anzoátegui, en tanto, fueron objetados por la subsecretaría
de Derechos Humanos.
El sorpresivo ascenso de los militares cuestionados ya tuvo su repercusión
en el Congreso; el diputado frepasista Jorge Giles presentó un
proyecto de rechazo de los ascensos, que en sus fundamentos dice que “no
puede ni debe ningún organismo de la Nación aprobar en cinco
minutos, sin debates, sin reflexiones ni explicaciones, los ascensos de
quienes son acusados directamente por aquellas violaciones”. Y por
su lado, la diputada Marcela Bordenave, también frepasista, acusó
al Gobierno de tener una política “peor que la de Carlos Menem”.
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