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Discursos y zancadillas
Marcar el número necesario para sumarse a la teleconferencia
mantenida ayer de mañana por Domingo Cavallo con operadores
financieros de Nueva York permitió vivir, a módico
costo, una experiencia bastante monótona pero interesante
al fin. Quien a esta altura ya sienta alguna fatiga de escuchar
al mediático mediterráneo habrá disfrutado
al menos al descubrir cómo expone los mismos argumentos en
su inglés algo trabajoso, fonéticamente deficitario
pero más que suficiente para expresar su visión. En
algún sentido tranquilizador resultó comprobar que
sostenía el mismo discurso, bueno o malo, que predica aquí
cuando les habla a los argentinos. Quizá diga en privado
otras cosas, pero públicamente no cambia una coma. Fuera
de esto, no deja de resultar mortificante el espectáculo
de un superministro del Gobierno, y tan luego un aspirante a presidente
de la Argentina, rindiendo examen ante un grupo de administradores
de capitales especulativos, que plantean las obvias preguntas que
les dicta esa mezcla de codicia y cobardía que gobierna las
finanzas. En la cuestión de fondo, sobresalió el énfasis
con que Cavallo le restó importancia al déficit estructural
en la cuenta corriente del balance de pagos nacional, situando casi
toda la responsabilidad de la crisis en el déficit fiscal,
como compartiendo al milímetro el diagnóstico de FIEL.
El detalle no es banal, porque ese concepto es la base de toda una
política económica. Por el momento, sin embargo, Cavallo
se maneja con una mezcla bastante variada y contradictoria de medidas,
que no responden a una definición precisa y coherente del
problema a resolver.
Mientras tanto, hacia el interior del Gobierno sigue librando batallas
con contrincantes que, en apariencia, se han alineado detrás
de los objetivos marcados por Economía. Así, entre
las sordas luchas internas sigue prácticamente hundido el
proyecto cavallista de crear un Ministerio de Seguridad Social.
La semana pasada se anunció casi formalmente que la correspondiente
Secretaría pasaría a depender de la Jefatura de Gabinete,
pero Fernando de la Rúa no firmó el decreto. Radicales
y frepasistas aseguran, con convicción, que el traspaso no
tendrá lugar. De modo que Seguridad Social permanece en Trabajo,
bajo el mando de Jorge San Martino, en la Anses continúa
como interventor Rofolfo Campero y el superintendente de AFJP sigue
siendo Francisco Astelarra.
Sí hubo en Anses un cambio de gerencia porque Julio Páez,
que provenía del Nación, renunció ante la imposibilidad
de avanzar en la reestructuración que impulsaba. En su remplazo
fue nombrado Douglas Lyal, un hombre trasplantado por la ministra
Patricia Bullrich de la secretaría de Política Criminal
y Asuntos Penitenciarios al organismo que se ocupa de los jubilados.
Lyal cuenta con el apoyo de las huestes de Melchor Posse, Leopoldo
Moreau y el delarruista Alberto López Bujanda (es decir,
las vertientes del radicalismo bonaerense), que ya en diciembre
de 1999 se repartieron el poder en el organismo. Este grupo, que
llegó a un acuerdo de convivencia con Bullrich, está
resistiendo las presiones de Cavallo, que quiere trasladar a la
órbita de la Jefatura de Gabinete tanto a la Anses como a
la Superintendencia de AFJP, para que ese paquete sea manejado por
Armando Caro Figueroa, vice de Chrystian Colombo.
La consecuencia práctica de la impasse es una paralización
tal de la Anses desde marzo que casi no da de alta a nuevos jubilados.
Nadie define tampoco cómo ni cuándo se implementará
la decisión gubernamental, impuesta por Economía,
de liquidar en doce cuotas, y no al contado, los retroactivos por
la demora en el otorgamiento de beneficios. Como el retraso se dilata
y afecta a un número rápidamente creciente de pasivos
en lista de espera, se está acumulando una deuda considerable,
cuya única virtud, al menos para Hacienda, es que no aparece
explicitada en los números oficiales. Es uno de esos pasivos
que se mantienen ocultos y saltan a la luz de tiempo en tiempo.
Como en la Anses hay una gerencia específica, llamada de
Capitalización, creada para ocuparse de los trámites
de las AFJP, y esagerencia opera con más agilidad que el
resto de las dependencias, los afiliados al sistema privado consiguen
ahora que les otorguen el alta jubilatoria con tardanzas menores
a las padecidas por quienes vienen del reparto, que parecen merecer
un castigo superior por haberse aferrado al Estado. De todas formas,
la demora promedia, según estimaciones, unos ocho meses,
aunque hay quienes toman con pinzas este dato porque conocen muchos
casos en que las esperas llegan a prolongarse más allá
de los dos años.
Como justificación del tremendo atasco de trámites,
en la Anses adujeron que en los últimos meses les llegó
un aluvión de solicitudes para anticiparse al recorte o la
supresión de la PBU (Prestación Básica Universal)
por obra de la nueva reforma previsional, que se pretendió
instrumentar mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) en
diciembre. Pero nadie entregó precisiones sobre cuántos
pedidos de jubilación ingresaron, y por ende se vuelve imposible
cuantificar la deuda que está generándose por la parsimonia
administrativa. Varias AFJP, ante la lluvia de cartas documento
que reciben de sus afiliados, exasperados por la dilación,
ofrecen comenzar a desembolsarles pagos parciales como anticipo
sin esperar ni firma ni sello de la Anses, pero ello sólo
cuando están seguras de que el beneficio será otorgado.
Todo lo adelantado se descontará luego del retroactivo.
Mientras tanto, la reformulación de la reforma previsional
sigue empantanada porque nadie sabe con quién corresponde
discutirla. Todo lo que se sabe es que en los próximos meses
el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, según
se establece en el memorando con el FMI. Pero el propio San Martino,
como secretario de Seguridad Social y radical próximo a Ricardo
López Murphy, ignora qué posición defender
respecto de la PBU porque ni desde Economía ni desde la Rosada
le bajan definiciones. Como la cuestión quedó excluida
de los poderes especiales delegados por la Legislatura al Ejecutivo,
no le será sencillo al cavallismo introducir las futuras
jubilaciones en el exprimidor del ajuste, aunque no renunciará
a lograrlo.
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