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Después de la detectivesca tarea de llamar a cada compañía
de teléfono móvil para conocer por qué encarecieron
globalmente su servicio a partir del calling party pays (CPP), la Secretaría
de Comunicaciones ordenó dejar en suspenso los nuevos planes comerciales
aplicados a partir del 1º de mayo, que incluyen importantes aumentos.
El secretario Henoch Aguiar consideró “impropios e inadecuados”
esos cambios, que la resolución firmada ayer evalúa como
una “actitud dolosa indubitable” y “gravemente lesiva”
de los seis millones de usuarios que –al menos por ahora– no
tendrán que afrontar costos adicionales por el uso de su celular.
Queda en manos de la Comisión Nacional de Comunicaciones iniciar
un “procedimiento sancionatorio” contra las empresas, que habrían
violado desde la Constitución hasta el Reglamento de Clientes.
Según consta en los considerandos de la resolución 122 y
tal como subrayó ayer el secretario de Comunicaciones ante la prensa,
las prestadoras del servicio de comunicaciones móviles aprovecharon
el CPP para modificar unilateralmente las condiciones contractuales con
sus clientes. “Se trata de un accionar impropio, generalizado, lesivo
de los derechos” de los usuarios, consideró la dependencia
oficial.
Comunicaciones dispuso la instrumentación del sistema “el
que llama paga” en las llamadas a celulares a partir del 1º
de mayo y fijó un valor máximo de referencia para dichas
comunicaciones. Pero según especuló el Gobierno –y
acordó en un pacto de caballeros con las compañías–,
ese costo debía tener un efecto global “neutro” en la
economía de las empresas, que podrían absorberlo en un juego
de compensaciones entre ellas, sin que este costo debiera ser trasladado,
necesariamente, a los usuarios.
No sólo esto no resultó así, sino que las compañías
habrían aprovechado la inauguración del sistema para aplicar
“aumentos considerables” en todo el servicio, disminuir la cantidad
de minutos libres y extender los horarios pico, en los que el servicio
resulta más caro. En otros términos, aprovechando la libertad
de precios del sistema, las empresas modificaron las condiciones pactadas
con sus clientes, “sin obtener su necesario consentimiento previo”.
“Se eliminó el principio de competencia y libertad de precios
y se engañó al cliente”, protestó ayer Aguiar,
quien se confesó embargado por la “tristeza y desilusión”
debido al comportamiento empresario. En virtud de esas faltas, la resolución
difundida ayer considera “nula toda modificación de la relación
contractual” aplicada con motivo del CPP y ordena a las prestadoras
presentar la totalidad de sus planes comerciales anteriores al 1º
de mayo, incluyendo los cambios propiciados en cada caso. Esos programas
quedan, por lo tanto, sujetos a la aprobación oficial.
Aquellos clientes que en estos días hayan prestado de algún
modo su conformidad a una nueva modalidad de facturación, también
estarán liberados de pagar cualquier incremento. Aguiar consideró
que “desde el punto de vista jurídico, el usuario que aceptó
tenía viciada su voluntad porque fue inducido a error”.
La intervención del Gobierno en una actividad de precios libres
está fundada en el artículo 34 del Reglamento de Servicio,
que permite intervenir en casos “excepcionales” como el actual,
con la intención de amparar al consumidor, y, al mismo tiempo,
sancionar a las empresas. Las compañías no habrían
respetado el artículo 42 de la Constitución, que garantiza
el derecho de los usuarios a tener una información “adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”.
Pero tampoco respetaron la ley de Defensa del Consumidor, ni el Reglamento
del Cliente del servicio de telefonía móvil. Del mismo modo
que, presumiblemente, también habrían incurrido en una conducta
cartelizada. “Hubo un pensamiento curiosamente común”,
respondió con cautela Aguiar.
Cualquier modificación tarifaria en los llamados entre celulares
quedará sujeta a dos condiciones: que el gobierno apruebe los nuevos
planes comerciales y que éstos, a su vez, sean expresamente admitidos
por losclientes. De no haber acuerdo en este sentido, quedarían
vigentes las reglas actuales.
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Acatan y después
protestan
“Nos notificamos de la resolución que nos impone el
retorno al sistema anterior de planes y tarifas, y el lunes fijaremos
una posición cuando contemos con un dictamen de nuestros
abogados”, fue la respuesta oficial dada en Telecom Argentina.
Una postura semejante adoptaron las restantes compañías
con licencia en telefonía celular, que tras conocer la resolución
dictada por la Secretaría de Comunicaciones dieron por hecho
que el sistema “calling party pays” quedó sin efecto,
aunque no queda claro a partir de cuándo. Por lo tanto, también
quedó indefinido qué cuadro tarifario se aplicará
este fin de semana. Lo concreto es que para comunicarse entre líneas
móviles deberá seguir anteponiéndose el “15”,
por un impedimento tecnológico para eliminarlo. Pero, además,
según las compañías, los más perjudicados
por “el paso atrás” de la Secretaría serán
los clientes de modalidad prepaga –con tarjeta–. “Ellos
se beneficiaban con una rebaja de cinco centavos por minuto con
el nuevo sistema, y son el 60 por ciento de los clientes del sector”,
afirman. De las imputaciones de Aguiar, no se hacen cargo.
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Grabaciones reveladoras
Puntilloso, Henoch Aguiar encargó a sus colaboradores que
grabaran, con presencia de un escribano, los mensajes y explicaciones
que las compañías de celulares daban a sus clientes
telefónicamente, para demostrar los “abusos” y
“engaños”. Y se encontró con explicaciones
como éstas: “Usted tendría una bonificación
para que no impacte tanto el impuesto nuevo (...), si no usted tendría
que estar pagando 39 centavos más IVA, más otros 28
centavos más IVA por minuto, pero como le decía usted
va a terminar pagando solamente 39 centavos más IVA, quiere
decir que la empresa le está bonificando el ciento por ciento
del valor del impuesto ese”. En otros casos, los valores máximos
de referencia se explicaban como “un cargo adicional”
a la tarifa. “Las llamadas a otros teléfonos móviles
tendrán un cargo adicional al minuto de tiempo en el aire
de su plan de servicio, de 28 centavos más IVA, de lunes
a viernes de 8 a 22, y los sábados de 8 a 13”. Ahora,
la CNC tendrá pruebas para aplicar las sanciones.
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DERRUMBE
DE LAS VENTAS DE AUTOS EN ABRIL: -37,3%
Mes negro para concesionarias
De los últimos diez años,
sólo en enero de 1995 y en febrero último se vendieron menos
coches que el mes pasado. La caída con respecto a abril del 2000
fue estrepitosa: 37,3 por ciento. Más grave aún, si se quiere,
es que las colocaciones de vehículos descendieron 11,1 por ciento
en comparación con marzo, mes en el que hubo tres ministros de
Economía. La evolución de las ventas de autos demuestra
que las expectativas de reactivación que surgieron con el ingreso
de Domingo Cavallo al Gobierno sólo se reflejaron en las encuestas
de opinión. En los hechos, hubo menos gente dispuesta a comprar
un auto.
Junto a la caída del 9,1 por ciento en la recaudación, el
dato de las ventas de vehículos evidencia que abril fue un mes
negro para la economía. Se colocaron 15.754 unidades, la tercera
cifra más baja desde 1991. De ese total, sólo 7943 unidades
fueron producidas internamente. De todos modos, gracias a que las exportaciones
totalizaron 16.830 vehículos –64,3 por ciento más que
en abril del 2000 y 19,2 por ciento por encima de marzo–, la producción
pudo escapar a un descenso que hubiera sido histórico. Se fabricaron
26.770 unidades, 8,3 por ciento menos que en abril del año pasado
y 8,7 por debajo a marzo último.
Para tomar dimensión de la gravísima crisis por la que atraviesa
la industria automotriz sirve comparar las cifras de ventas de autos de
los últimos cinco años. En 1996 se colocaron 376 mil unidades.
Al año siguiente, 426 mil. En el ‘98, 455 mil; en el 99, 380
mil, y en el 2000, 306 mil. Para este año, con suerte, se esperan
ventas por 250 mil. Casi todas las terminales mantienen personal suspendido
y en varias están abiertos registros de retiros voluntarios. Cavallo
anticipó que automotrices y autopartistas serán favorecidas
por un plan de ayuda, con baja de impuestos, tal como el que se lanzó
esta semana para la industria metalúrgica.
En la competencia entre empresas, el ranking fue encabezado en abril por
Renault, con una participación de mercado del 19,6 por ciento.
Después le siguieron Peugeot (17,3%), Volkswagen (13,5%), Ford
(13%), General Motors (10,1%) y Fiat (10%). En cuanto a los modelos más
vendidos, el primer lugar lo ocupó el Peugeot 206, con 1067 unidades,
seguido por el VW Gol (922), Fiat Palio (862), Renault Clio (861), VW
Polo (548), Chevrolet Corsa (538), Renault Megane (513), Ford Ka (464)
y Fiat Siena (381).
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