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Después de tres meses de investigaciones, el informe de la Comisión
Mitchell sobre la violencia israelo-palestina derivó en una conclusión
salomónica: el primer ministro israelí Ariel Sharon no tiene
la culpa de haber desencadenado la Intifada, pero la construcción
de nuevos asentamientos judíos en territorios palestinos es provocativa.
A renglón seguido, los miembros del equipo de investigación
internacional culpan parcialmente a la Autoridad Palestina por utilizar
el recurso de la fuerza –olvidándose del proceso de paz y
del diálogo– y no recogen en sus conclusiones la petición
de los palestinos en el sentido de que se envíe a los territorios
una fuerza internacional con la misión de proteger a la población
civil.
El informe fue entregado ayer a las autoridades israelíes y palestinas
mientras la violencia de que era objeto continuaba: los cañones
israelíes destrozaron una comisaria de la policía palestina
en Gaza, causando una decena de heridos, como represalia al lanzamiento
de obuses de mortero contra una granja situada en el interior del territorio
de Israel. El incidente se produjo pocas horas antes de que el primer
ministro Ariel Sharon visitara el asentamiento de Gush Katif en Gaza,
uno de los más polémicos y combatidos por las milicias palestinas.
Los ataques palestinos se han concentrado precisamente en las colonias,
aunque sus grupos terroristas también atentaron repetidas veces
en pleno corazón del territorio israelí.
Apenas conocidas estas conclusiones, los palestinos afirmaron que les
daba la razón, y se apresuraron a subrayar la condena a la expansión
de los asentamientos. Pero el informe Mitchell también ataca una
de las principales acusaciones palestinas: que la visita de setiembre
último del entonces líder opositor Ariel Sharon a la Explanada
de las Mezquitas fue lo que desencadenó la Intifada. La comisión
presidida por el ex senador estadounidense George Mitchell desmiente esta
conclusión, aunque admite que esa visita puede haber contribuido
a aumentar la frustración de los palestinos ante la falta de una
respuesta a sus reclamos. De hecho, incluso ministros de línea
negociadora del anterior gobierno laborista de Ehud Barak, como el ex
canciller Shlomo Ben Ami, desautorizaron la acusación de los palestinos,
al afirmar que las autoridades palestinas habían sido previamente
consultadas antes de esa visita y que habían dicho que no habría
problemas mientras Sharon no intentara entrar a las mezquitas propiamente
dichas.
Con este informe, decepcionante para la parte palestina pero también
para los israelíes (por lo menos para quienes, como el mismo Sharon,
defienden la expansión de las colonias judías en los territorios),
culmina el último esfuerzo diplomático del presidente Bill
Clinton por devolver la paz a los Territorios Autónomos e Israel.
El 17 de octubre del año pasado, y ante la gravedad del conflicto,
el ex presidente convocó a una reunión urgente y precipitada
en el balneario egipcio de Sharm El Cheik, donde se elaboró un
plan de paz para acabar con la Intifada y en el que se contemplaba la
puesta en marcha de una comisión de investigación internacional,
para aclarar la responsabilidad de lo sucedido.
El viernes mientras se filtraban algunas generalidades del Informe Mitchell,
la comunidad internacional renovaba sus esfuerzos para poner en marcha
un nuevo plan de paz, con el que atajar la Intifada. El presidente egipcio
Hosni Mubarak, el rey Abdalá II de Jordania y el presidente palestino
Yasser Arafat tienen previsto reunirse el domingo en Sharm El Cheik para
tratar de reactivar el plan internacional, bloqueado tras los últimos
incidentes. El eje de las discusiones volverá entonces a la interna
del gobierno israelí, entre el ala dura de Sharon y la negociadora
de su canciller Shimon Peres.
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