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Por
Horacio Verbitsky
 El
fiscal Eduardo Freiler solicitará la declaración indagatoria
del director general de Sanidad del Ejército, general de brigada
médico Félix Juan Domínguez, en la causa por el robo
de bebés de madres detenidasdesaparecidas que, según el
fiscal y el ex juez federal Adolfo Bagnasco, obedeció a un plan
sistemático. En ese expediente, que desde la renuncia de Bagnasco
instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, están procesados y bajo
arresto los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera, Benito Bignone,
los miembros de la última junta militar Cristino Nicolaides, Rubén
Franco y Augusto Hughes y los ex jefes de las Zonas de Seguridad I y IV,
generales Juan Sasiaiñ y Santiago Riveros, entre otros. Con el
grado de mayor, Domínguez fue jefe del sector de Epidemiología
del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde eran alojadas las mujeres
detenidasdesaparecidas con embarazos a término, vendadas y atadas
a las camas. Debido a las estrictas condiciones de clandestinidad, todo
el personal que ingresaba al sector de Domínguez donde estaban
las secuestradas, debía quitarse su identificación personal,
de uso obligatorio según los reglamentos. Una vez que las desdichadas
daban a luz se les daba una inyección para que se les retirara
la leche. Las madres eran asesinadas y sus hijos entregados a familias
militares que se anotaban en una lista de espera. Al asumir como Jefe
de Estado Mayor, el general Ricardo Brinzoni designó a Domínguez
como director de Sanidad del Ejército, el cargo más alto
de ese escalafón. Tres meses después, el 13 de marzo de
2000, Brinzoni reunió a los periodistas para informarles que “no
hubo un plan sistemático” de robo de bebés.
Las constancias de dos causas instruidas en el fuero federal, por los
jueces Roberto Marquevich y Adolfo Bagnasco, recogen testimonios de mucamas,
parteras, enfermeras, médicos civiles y militares y de oficiales
del Ejército, que coinciden en un punto clave: las mujeres detenidasdesaparecidas
no eran alojadas en el sector de Obstetricia y Ginecología del
Hospital Militar de Campo de Mayo sino en el de Epidemiología,
donde había habitaciones especiales para ellas. Cuando las enfermeras
preguntaban por qué esas mujeres estaban amarradas a las camas
y vendadas o encapuchadas, se les contestaba que eran “subversivas”.
En la causa de San Isidro nadie mencionó al ahora general Domínguez,
y su nombre no fue incluido por el Ejército entre el personal asignado
entonces al Hospital de Campo de Mayo. Pero en la respuesta a una consulta
de Bagnasco sobre el personal médico militar de los servicios de
Ginecología y Epidemiología del Hospital General 602 de
Campo de Mayo durante la dictadura militar, el Ejército sí
incluyó en la nómina al entonces Coronel médico Domínguez,
Félix Juan, LE 4.363.454. El Ejército no precisó
las fechas de desempeño allí de Domínguez, pero varios
testimonios recibidos en las causas judiciales subsanan la omisión.
Según el testimonio de la enfermera Luisa Yolanda Arroche, pasaron
por Epidemiología entre 20 y 30 embarazadas. La enfermera María
Estela Herrera dijo que hubo mujeres embarazadas en Epidemiología
“desde 1976 hasta fines de 1978 o principios de 1979”. Agregó
que Domínguez se hizo cargo en 1978. En la causa del juzgado de
San Isidro está acreditado que a mediados de 1977 se produjo una
modificación de la estructura administrativa del Hospital, debido
al incremento del número de embarazadas que se recibían.
Se creó una división Materno Infantil, a cargo del mayor
Martín y desde entonces las parturientas fueron alojadas en Epidemiología.
Sólo la estructura paralela conocía la identidad de las
personas secuestradas. Los médicos de Ginecología elevaban
las historias clínicas a la división Materno Infantil, en
formularios sin membrete del Ejército y en los que el nombre de
las mujeres era reemplazado por identificaciones silvestres, como rubia,morocha
o petisa. En cualquier caso, esto abarca el período de Domínguez,
según la especificación de la enfermera Herrera.
Las dos puntas
Marquevich y Bagnasco empezaron por extremos opuestos de la cadena de
mandos en la  atribución
de responsabilidades. El juez de San Isidro investigó durante varios
años a los autores materiales de la sustracción de menores
y a sus esposas en cuatro casos: el del agente de la SIDE Miguel Angel
Furci, el oficial de la Armada Carlos De Luccía y los del Ejército
Norberto Bianco y Hernán Tetzlaff. Bianco era una de las piezas
clave en la estructura paralela, con independencia de su grado y especialidad:
era apenas un capitán y se desempeñaba en traumatología.
Pero como colaborador directo del jefe del Hospital era quien tenía
libre acceso a Epidemiología. De los autores materiales, Marquevich
saltó a Videla, como jefe del Ejército y autor mediato de
delitos cometidos según una pauta común. En cambio, Bagnasco
partió de la investigación del plan criminal (denunciado
por los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún como representantes
de seis abuelas) y de Videla como jefe supremo. Marquevich imputó
a los ejecutores inmediatos, Bagnasco usó sus testimonios para
incriminar a los superiores, aunque también procesó y encarceló
a un par de aquellos, como el capitán de fragata Jorge Acosta y
el prefecto Héctor Febres, quienes dirigían la maternidad
de la ESMA. No obstante, las conclusiones de uno y otro magistrado fueron
similares. Al dictar la prisión preventiva de Videla, en julio
de 1998, Marquevich consideró acreditado que “en el servicio
de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo se alojaban
mujeres detenidas en estado de gravidez, con los ojos vendados o encapuchadas
y maniatadas. Obedeciendo a expresas directivas, ni el parto ni la existencia
de las criaturas era motivo de registro, es decir, ocurrían en
la clandestinidad más absoluta. Después del parto ninguna
versión sólida sostiene que madre y bebé continuaran
unidos: por el contrario todo indica que sus destinos se bifurcaban (...)
La única conclusión posible es que todo lo relativo a los
alumbramientos y destino de las criaturas estaba rigurosamente preordenado
y sometido a reglas de carácter general. Como consecuencia de ello,
fueron práctica reiterada y metódica”. El teniente
de fragata Jorge Eduardo Noguer, padre de una desaparecida embarazada,
testimonió en la causa que cuando intercedió por ella ante
el jefe de Campo de Mayo, el general Riveros admitió que existían
normas explícitas para que “los hijos de los zurdos caigan
en hogares bien constituidos ideológicamente”. El ministro
del Interior Albano Harguindeguy consultó una lista y le confirmó
la desaparición de su hija y de su nieta.
Listas y cuentas
Una fuente militar que aportó información para esta investigación
bajo condición de anonimato dijo que el general Domínguez
conserva una lista de los niños nacidos allí, con el detalle
de a quiénes fueron entregados. Algunos fueron dados a amigos y
otros vendidos, dijo. También sugirió cotejar los ingresos
oficiales del general Domínguez con sus bienes y cuentas bancarias.
Añadió que algunos de los empleados civiles y suboficiales
tienen ganas de declarar sobre esos hechos, pero temen represalias. Canicoba
Corral tendrá ocasión de verificar la exactitud o no de
estas afirmaciones.
La Cámara Federal de San Martín desdobló luego la
causa. Mientras Marquevich quedó a cargo de la investigación
de la responsabilidad de los médicos militares, la parte relativa
a Videla como autor mediato de los hechos pasó al juzgado federal
de la Capital a cargo de Bagnasco. En una de las causas que siguieron
en San Isidro, Marquevich condenó poralteración de estado
civil, retención y ocultación de menores y falsedad de documentos
a 12 años de prisión al mayor médico Norberto Atilio
Bianco, quien conducía a las embarazadas desde Epidemiología
hasta Obstetricia, donde daban a luz y luego se encargaba de su traslado.
Bianco inscribió como propios a dos hijos de esas mujeres. La Cámara
Federal de San Martín redujo la condena a 10 años y dispuso
su excarcelación, computando como parte de la pena los años
que Bianco estuvo en Paraguay resistiendo su extradición. Tanto
Bianco como las Abuelas de Plaza de Mayo apelaron el fallo, que está
a consideración de la Corte Suprema de Justicia. En otra causa
del mismo juzgado de San Isidro estaba bajo proceso el director de Obstetricia
y Ginecología del Hospital de Campo de Mayo, el entonces mayor
Julio César Caserotto. La causa se cerró por prescripción
el año pasado, a raíz de la muerte de Caserotto, a los 60
años.
Una carpeta
En sus declaraciones de 1985 ante la justicia militar y de 1998 ante Marquevich,
Caserotto narró que una mañana encontró alborotado
su servicio por la presencia de un soldado armado, como custodia de una
mujer puérpera internada. Cuando pidió explicaciones al
entonces director del Hospital, coronel Víctor Posse, este lo recibió
en compañía de Bianco y le dijo que a partir de entonces
todas las detenidas embarazadas serían internadas en Epidemiología.
En Obstetricia y Ginecología no se registrarían los ingresos
de esas mujeres ni los nacimientos que se produjeran. El sucesor de Posse,
general Agatino Di Benedetto, ratificó esas órdenes, que
según Caserotto no eran secretas. “Se trataba de una carpeta
que cualquiera podía ver, hasta la mucama cuando limpiaba”,
declaró. Di Benedetto fue uno de los testigos que identificaron
al actual director de Sanidad del Ejército como el jefe de Epidemiología
a cargo de aquella siniestra maternidad paralela. En su declaración
ante Bagnasco del 29 de mayo de 1998, día del Ejército,
Di Benedetto admitió el funcionamiento de un centro clandestino
de detención en el Penal Militar de Campo de Mayo, desde donde
se enviaban las parturientas, pese a que oficialmente estaba destinado
sólo a hombres. “¡Cómo lo vamos a negar, después
de todo lo trascendido respecto de este tipo de hechos!”, declaró
Di Benedetto, quien está por cumplir 78 años. Al declarar
como testigo en la causa, el entonces Jefe de Estado Mayor Martín
Balza dijo en enero de 1999 que en la guarnición de Campo de Mayo
había existido un lugar de reunión de detenidos civiles,
al que sólo tenían acceso Riveros y unos pocos oficiales
escogidos, a unos 1.500 metros del Hospital Militar. Pese a haber sido
subdirector y director de ese Hospital, Di Benedetto fue citado sólo
como testigo. La fiscalía a cargo de Freiler no compartía
ese criterio y entendía que los médicos militares debían
ser llamados a indagatoria como imputados. Esa disidencia entre juez y
fiscal es una de las razones por las que Domínguez aún no
fue citado. El paso del tiempo no inhibe la investigación ni el
castigo, ya que la sala I de la Cámara Federal, integrada por los
jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani declaró los delitos
cometidos como de lesa humanidad, y en consecuencia imprescriptibles.
“Lo
que lamenta es que lo descubrieron”
Por
H. V.
 El
Centro Simón Wiesenthal solicitó al ministro de Defensa
Horacio Jaunarena “una investigación inmediata” para
establecer cómo llegó el Ejército a designar al abogado
Juan Enrique Torres Bande y el alcance de los vínculos entre las
Fuerzas Armadas y los grupos neonazis. También le pidió
que una vez establecidas las responsabilidades se adopten sanciones. La
nota, firmada por el director de relaciones internacionales Shimon Samuels
y el representante para América Latina Sergio Widder, afirma que
“la salud del estado de derecho demanda una acción enérgica
para evitar cualquier intento de promover valores autoritarios antidemocráticos
y xenófobos en las Fuerzas Armadas”. La organización
internacional propuso a Jaunarena un programa de educación para
la tolerancia en institutos militares de formación. En abril del
año pasado Shimon Samuels había pronunciado una conferencia
para oficiales del Estado Mayor Conjunto sobre “Racismo en Internet”.
El viernes, Brinzoni dijo que había identificado y sancionado a
dos oficiales responsables, pero se negó a revelar su identidad
y la sanción impuesta invocando una supuesta confidencialidad,
inaceptable en un caso que involucra a funcionarios públicos en
un caso de interés público y trascendencia institucional.
Un informe del episodio de los hábeas data y el abogado nazi, fue
remitido a la sede en Nueva York de la Liga Antidifamatoria de la B’nai
B’rith (ADL), por Héctor Timerman. “Lo que empeora las
cosas es que un manto de silencio cubrió el hecho. Aunque el general
Brinzoni nombró a un nuevo abogado, ni el gobierno, ni los partidos
de oposición, ni la Iglesia ni ninguna otra institución
levantó el tema. Hasta la DAIA se dio por satisfecha sólo
por reunirse con el general en un encuentro privado, en el que Brinzoni
dijo que lamentaba todo lo sucedido. Lo que lamenta es haber sido descubierto.
Cualquier persona democrática debería tener en claro que
Brinzoni no es la persona adecuada para conducir el Ejército”.
Héctor Timerman es hijo del desaparecido ex director del diario
La Opinión, Jacobo Timerman, quien fue secuestrado, torturado,
despojado de su propiedad y de su ciudadanía argentina y expulsado
del país por la dictadura militar. En su informe a la ADL recordó
que mientras su padre estuvo detenido en un campo de concentración
dirigido por el Ejército, vio a un adolescente al que los guardias
obligaban todos los días a caminar en cuatro patas, a ladrar, a
dormir sobre un felpudo mugriento, a comer del piso sin usar las manos
y a gritar “Soy un sucio perro judío”. Esa, agrega Timerman,
“fue la vida y probablemente la muerte de un chico judío a
manos del Ejército Argentino”. Su informe también recordó
que los únicos sospechosos en el atentado a la AMIA son miembros
de las fuerzas de seguridad. Timerman escribió que el “continuo
nexo entre antisemitismo y Ejército” debería ser “un
escándalo nacional”, pero que “el silencio de las fuerzas
democráticas me retrograda a los tiempos en que las fuerzas sociales
de la Argentina no comprendieron la necesidad de erradicar el antisemitismo
y todas las formas de racismo antes que la tragedia se precipitase sobre
la vida de todos los argentinos”. Uno de los destinatarios de la
carta, el rabino Morton Rosenthal, declaró en Madrid ante el juez
español Baltasar Garzón acerca del diferencial de crueldad
padecido durante la dictadura por las víctimas judías. Rosenthal
remitió copias del informe a la Comisión del Parlamento
Israelí que estudia la desaparición de judíos durante
la dictadura y al investigador de la Universidad Hebrea, Edy Kaufman.
“Nosotros no ponemos ni sacamos funcionarios, pero tampoco emitimos
certificados de buena conducta”, se defiende el presidente de la
DAIA, José Hercman. La reunión mencionada por Timerman fue
solicitada por Brinzoni, quien invitó a los dirigentes judíos
a reunirse en el Estado Mayor. Pero la DAIA prefirió recibirlos
en la sede comunitaria de la calle Pasteur, reconstruida luego del atentado
de 1994. Antes de atender a Brinzoni y al secretario general del Ejército
Eduardo Alfonso, la DAIA decidió que no se emitiría un comunicado
conjunto. Brinzoni repitió su inverosímil explicación
sobre cómo llegó Torres Bande a convertirse en su abogado
de confianza. Los dirigentes judíos respondieron con su preocupación
por las persistentes vinculaciones entre el Ejército y gruposnazis
y mencionaron las humillaciones adicionales que los prisioneros judíos
sufrieron en los campos de concentración durante la última
dictadura militar. “Había svásticas pintadas en las
paredes o se las escribían en el cuerpo, los obligaban a escuchar
marchas alemanas y discursos de Hitler”, dijo Hercman. El presidente
de la DAIA añadió que los judíos son el 0,5 por ciento
de la población argentina, pero ascendieron al 7 por ciento de
los detenidos-desaparecidos. Brinzoni y Alfonso escucharon en silencio.
Hercman dijo que judíos y musulmanes no pueden seguir la carrera
militar, aunque en el pasado hubo judíos que participaron en lo
que Hercman llamó “las luchas por la liberación nacional”.
Uno de ellos fundó la sinagoga de la calle Libertad, dijo. Brinzoni
replicó que la fe de bautismo católico dejó de exigirse
en la década de 1960, pero admitió que el espíritu
de la veda no se ha levantado.
Durante la reunión se analizó la posibilidad de que representantes
de la DAIA dicten cursos para oficiales del Ejército, dirigidos
a contrarrestar el antisemitismo existente y la infiltración por
el nazismo. Esas actividades versarían sobre temas generales como
el Holocausto y el racismo, pero también acerca de lo sucedido
en la Argentina durante la última dictadura militar. Los dirigentes
judíos solicitaron que tal como ocurre en las instituciones educativas
civiles, cada 19 de abril, cuando se conmemora el levantamiento de ghetto
de Varsovia, se declare día de la convivencia y se dicte una clase
alusiva al Holocausto. Brinzoni y Alfonso ofrecieron someter a consideración
de la DAIA la bibliografía en uso en los institutos de formación
castrense y expurgarla de cualquier pasaje objetable. También dijeron
que harían notas y entrevistas alusivas en la revista El Soldado,
de la que se editan 60.000 ejemplares. Este enfoque pedagógico
pasa por alto que ni el antisemitismo ni las técnicas bárbaras
que se aplicaron en la guerra sucia fueron inculcados por medio de los
programas de formación castrense. Como cuenta el general Adel Vilas
en un libro de memorias que el Ejército no le autorizó a
publicar, la doctrina de la contrainsurgencia francesa fue aprendida al
margen de las estructuras formales del Ejército, mediante traducciones
de obras de los coroneles de la guerra de Argelia que realizaron editoriales
subvencionadas en forma indirecta por la inteligencia castrense, tal como
hoy ocurre con Torres Bande y su partido neonazi. Los generales Brinzoni
y Alfonso, principales responsables de la supuesta infiltración
que se pretende combatir no parecen las personas más indicadas
para dirigir el proceso de reeducación.
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