Por Cledis Candelaresi

A los ojos del FMI, privatizar funciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos puede entrañar más costos que beneficios. En un reciente trabajo distinguido con el sello de “confidencial”, al que accedió Página/12, el Fondo Monetario Internacional advierte sobre los riesgos de delegar en manos privadas la estratégica función de cobrar impuestos y aconseja limitar una tercerización a las áreas periféricas. El documento ahondará el debate que desató en el seno del Gobierno la iniciativa de Domingo Cavallo de confiar a empresas privadas la recaudación de tributos, camino que ya comenzaron a transitar las principales provincias gobernadas por la oposición.
Las reflexiones fondomonetaristas integran el apéndice del trabajo titulado “Argentina: nuevos desafíos para profundizar la Modernización de la Administración Tributaria”, redactado por John Crotty, Juan Toro, Benjamín Schütz y Luis Pedroche. En su parte central, el texto alerta sobre el débil control que ejerce la AFIP sobre los contribuyentes y otras deficiencias operativas para combatir la evasión. Pero lejos de postular la privatización como fórmula para subsanar esos males –aunque, al mismo tiempo, sin descartarla–, el FMI advierte sobre los límites y riegos que entraña una eventual tercerización.
“Privatizar la recaudación de impuestos no puede resolver problemas de acatamiento fundamentales que existen cuando las leyes son complejas y están redactadas de manera deficiente, cuando las facultades de los agentes de ejecución se ven limitadas, cuando el respaldo judicial al acatamiento impositivo es débil, y especialmente si un país alberga una gran economía informal que el gobierno no tiene voluntad política de combatir”, alerta el Fondo.
Una advertencia similar reitera el documento en las Conclusiones. “La experiencia de todos los países muestra que el proceso de privatización no es sencillo y a menudo no logra los incrementos en efectividad o eficiencia” buscados. A lo largo de varias páginas, los autores de “Argentina: nuevos desafíos...” precisan sus reparos y recomiendan qué privatizar y hasta dónde:
* “Bajo la cuidadosa supervisión de la gerencia de la administración impositiva” puede resultar exitosa la tercerización del cobro de impuestos en mora (ya vencidos) o de sistemas informáticos que no entrañen el manejo de información confidencial. Pero nunca la privatización de las “responsabilidades centrales”, como liquidación, fiscalización y penalidades a quienes incumplen.
* Los bancos suelen trabajar de un modo “eficiente y efectivo” en la recaudación de impuestos, según demuestran acuerdos instrumentados por países desarrollados. Pero esos mismos acuerdos en países en desarrollo resultaron “más problemáticos” debido a “sistemas inadecuados utilizados por los bancos”, la “débil supervisión” y las “sanciones inefectivas”.
* “Otro riesgo” de una eventual privatización es el “comportamiento corrupto de los funcionarios responsables”, que pueden buscar en los contratos una renta personal, debido a los grandes montos que involucran. O el “apuro” en concesionar los servicios, que puede inducir a contrataciones poco ventajosas. El FMI alude expresamente al oneroso contrato que la DGI había celebrado con la UTE IBM Banelco para la recaudación de aportes a la seguridad social, rescindido por el ex administrador Carlos Silvani.
* Las mejoras buscadas con una eventual privatización deben ser detalladas y cuantificadas, sin utilizar los vagos términos de “sustantivo o sustancial” aumento en la recaudación. El contrato debe ser seguido por un “funcionario de alto rango”, aunque, por el empleo de su tiempo, esto “puede resultar oneroso” para la institución.
* Debe ser especialmente resguardado el secreto tributario y contemplada su eventual violación, en caso de que la empresa privada tenga acceso adatos confidenciales. “Los empleados del contratista deben ser sometidos a las mismas sanciones penales por violación de las leyes de confidencialidad” que los de la DGI.
Las recomendaciones del organismo multilateral están muy a tono con lo que postulan algunos técnicos del gobierno, convencidos de que sólo puede transferirse al sector privado un segmento específico de la recaudación, pero nunca el sustancioso botín de los ingresos totales de DGI y Aduana, próximos a los 50 mil millones anuales.
La ley impone algunos límites a cualquier aventura privatizadora. Una es la inviolabilidad del secreto fiscal, principio que podría vulnerarse si se confía a una empresa privada la base de datos íntegra de los contribuyentes. Otra es la propia Constitución, que reserva al Estado la función de cobrar impuestos y de determinar quién debe pagar y cuánto. Al margen de las advertencias del Fondo, cualquier intento de transferir a manos privadas el cobro de impuestos estará acotado por esas restricciones.

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