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Por Adriana Meyer
 “Cavallo dijo que ese sistema
(el de los fondos reservados) sería preferible a que operen lobbies
que manejan dinero negro.” La frase pertenece a la declaración
testimonial que dio Carlos “Chacho” Alvarez el 23 de abril en
la causa por presunta malversación de caudales públicos
contra el ministro de Economía. Ese día logró pasar
inadvertido por la nutrida guardia periodística que esperaba en
los tribunales de Retiro la liberación del Luis Sarlenga, el ex
interventor de Fabricaciones Militares procesado por la venta ilegal de
armas. La demanda había sido presentada por el abogado de la CGT
rebelde, Héctor Recalde, al detectar la posible comisión
de delito en una frase contenida en el libro El Divorcio, de Martín
Granovsky.
En la página 248 del libro, el autor describe un encuentro ocurrido
en agosto de 1995 en el despacho de Cavallo en el Ministerio de Economía,
del que participaron Graciela Fernández Meijide y José Vitar.
Chacho Alvarez lo había visto denunciar a Alfredo Yabrán
en el programa de Mariano Grondona y lo llamó para decirle que
el Frepaso tenía datos para colaborar en su cruzada antimafias.
“Por favor, no hablen más de los fondos reservados porque
ésa es la plata que hay para sacar las leyes”, les dijo Cavallo
al salir, según escribió Granovsky.
La denuncia que Recalde presentó el 17 de enero recayó en
el juzgado de Carlos Liporaci, el mismo magistrado que investigó
la supuesta compra de votos en el Senado para la aprobación de
la Reforma Laboral y renunció en medio de acusaciones por su presunto
enriquecimiento ilícito. Las causas de Liporaci pasaron al juez
Gabriel Cavallo, quien delegó la denuncia de Recalde en el fiscal
Federico Delgado.
Este funcionario ya recolectó los datos sobre la distribución
completa de gastos reservados en la administración pública
entre 1990 y 2000. Recientemente pidió a la oficina de Presupuesto
información sobre qué razones invocó cada repartición
pública al pedir aumentos en las partidas de fondos de ese tipo
durante el mismo período. Y citó a declarar a Granovsky,
Meijide, Vitar y Joaquín Morales Solá, periodista que escribió
en una columna que el ex ministro de Economía, Roque Fernández,
había reconocido la existencia de planillas con fondos fijos y
había afirmado que algunos senadores recibían una remuneración
mensual, además de pedir sumas adicionales por determinadas leyes.
Morales Solá ratificó el contenido de la información,
pero Fernández, que también fue interrogado como testigo,
negó haber pronunciado tales palabras.
El diputado frepasista Vitar recordó ante el fiscal que “la
reunión giró en torno al tratamiento de la ley de Correos
y en particular sobre el accionar mafioso de personas relacionadas con
el negocio postal, concretamente, Alfredo Yabrán”. El legislador,
que declaró el mismo día que Chacho, agregó que “en
un momento dado se hizo referencia a los métodos ilegales que utilizaban
las mafias, incluso rumores fuertes sobre compra de votos en el Congreso
de la Nación”. Según Vitar, en ese momento “Cavallo
expresó que por aquella circunstancia él era partidario
de no retacear fondos blancos del Estado para financiar la política,
y que hizo extensiva la idea al funcionamiento del Congreso para evitar
que los grupos mafiosos compraran voluntades. Pero aclaró que en
virtud del tiempo transcurrido no recordaba la frase textual, aunque la
idea era la que expresó. Por su parte, la ex ministra Meijide declaró
que no recordaba haber oído la frase.
Ese lunes 23 los periodistas esperaban a Sarlenga en la puerta de Comodoro
Py 2002. Chacho acudió a la citación del fiscal, que no
había trascendido. Los empleados de la fiscalía le tomaron
declaración en una vieja máquina Remington. Alvarez aseguró
que mantuvo varias entrevistas con el autor del libro, que la reunión
con Cavallo existió, que participaron las personas mencionadas
por Granovsky, que se habló con el ministro del financiamiento
de la política y sobre los gastos reservados, pero que no recordaba
la frase puntual. “Se charló sobre la posibilidad deeliminar
los gastos reservados y Cavallo dijo que este sistema sería preferible
a que operen lobbies, pues estas asignaciones que figuran en el presupuesto
son preferibles a los referidos lobbies que manejan dinero negro”,
declaró Alvarez.
Cuando se inició el caso, Cavallo estaba en Europa y su vocero
había asegurado a este diario que “por el momento” no
pensaba hablar del asunto. Cuando el fiscal impulsó la acusación,
imputó al ex y actual ministro de presunta malversación
de caudales públicos. Más adelante podría pedir su
citación a indagatoria. Los investigadores advirtieron que los
montos de dinero en concepto de gastos reservados que utilizaron los organismos
oficiales son muy grandes y “dan entidad a los dichos de Cavallo”.
LOS
PASOS DE DE SANTIBAÑES Y DE FLAMARIQUE
Fotocopias y pedidos al juez
Por A.M.
Tan sigiloso como Chacho, el
ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes se presentó en
los tribunales federales el jueves 19 en la causa sobre el escándalo
de los sobornos en el Senado, para entregar un informe sobre el manejo
de fondos durante su gestión. Al día siguiente, su abogado
le pidió al juez Gabriel Cavallo que revoque la citación
a indagatoria que está pendiente. Otro imputado, el ex ministro
de Trabajo Alberto Flamarique, pidió fotocopias del expediente.
Mientras tanto, los fiscales siguen juntando pruebas y el magistrado emprolija
la investigación que le dejó el renunciado Carlos Liporaci.
Ese fue el jueves en que el juez Jorge Urso firmó el procesamiento
del ex cuñado presidencial Emir Yoma, lo que convocó a todos
los medios. El ex jefe de los espías entró y salió
de Comodoro Py sin ser visto. Acompañado por su abogado Hugo Pinto,
presentó un extenso informe en el que criticó con dureza
a los fiscales de la causa, Eduardo Freiler y Federico Delgado, y aseguró
que no hay ninguna imputación de la cual defenderse. Sin embargo,
De Santibañes parece olvidar que Liporaci lo había llamado
a declaración indagatoria junto con Flamarique. Una de las primera
medidas que adoptó el nuevo juez de la causa, Gabriel Cavallo,
fue suspender esas medidas para estudiar mejor el expediente pero esto
no significa que la acusación ya no exista. Cavallo suele convocar
a los sospechosos para que hagan su descargo e interrogarlos sólo
cuando culmina la recolección de pruebas. Y sus allegados comentan
que la causa todavía tiene tela por cortar.
De Santibañes detalló la utilización de los 138 millones
de pesos que le habían asignado para la SIDE y reiteró que
obtuvo una partida adicional de 30, aunque le había pedido 50 a
su amigo el presidente Fernando de la Rúa. Con copias de asientos
contables trató de despejar las sospechas sobre los 6 millones
500 mil pesos que dos empleados de la SIDE cobraron poco después
de que concluyeran las negociaciones por la Reforma Laboral. Según
el ex funcionario, fueron asignados a gastos de personal pero los fiscales
creen que pueden haber tenido otro destino. Todo esto ya había
sido plasmado en la causa durante las tres declaraciones testimoniales
que dio el jefe de Finanzas del organismo, Juan Gallea, que sobrevive
en el cargo. A las pocas horas, el letrado Pinto solicitó un pedido
de revocatoria de la indagatoria de su cliente pero el juez respondió
con un anodino “téngase presente”. Aunque el defensor
apunte a utilizar el informe como descargo de De Santibañes eso
no alcanzará para anular el llamado a declarar como imputado. “El
estado de sospecha persiste”, indicó a Página/12 una
fuente judicial. Flamarique pidió copias de la causa y podría
presentar un pedido similar al de su ex compañero de gabinete.
Ante la magnitud que adquirió la causa por la venta de armas –a
partir de la resolución de la Cámara Federal, la confesión
de Sarlenga, la detención de Emir Yoma y el pedido de indagatoria
a Carlos Menem como jefe de una asociación ilícita–
el devenir de este escándalo pareció caer en el olvido.
Pero sus investigadores siguen trabajando:
 Analizan los llamados de asesores
de De Santibañes que tienen a su nombre una sociedad también
bajo la lupa.
Confeccionan listados telefónicos
de los imputados para realizar cruces a través del sistema Excalibur.
Estudian aspectos puntuales
de la evolución patrimonial de algunos funcionarios acusados.
Descartaron la hipótesis
sobre la posibilidad de que el dinero de los sobornos haya salido del
propio Senado porque comprobaron que ese cuerpo obtuvo balances positivos
durante el primer semestre del año pasado.
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