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Por Raúl Kollmann e Irina Hauser
 La insólita pelea entre
la SIDE y sus ex agentes, en relación con la propiedad de 25 edificios,
produjo este jueves otro episodio que sería desopilante si no fuera
porque se trata de acusaciones cruzadas entre espías y funcionarios
del Estado argentino. Las 25 propiedades estaban a nombre de una sociedad
de cobertura llamada Osgra, integrada por cuatro agentes de la SIDE. El
problema fue que los despidieron y, además, apareció la
viuda de uno reclamando parte de los edificios y la ex esposa de otro
haciendo lo propio. Lo que ocurrió el jueves es que se pretendió
hacer una asamblea de socios de Osgra –al final, no hubo quórum
de espías–, pero lo más significativo es que estuvo
presente la AFIP que les reclama a los agentes despedidos que paguen unos
500.000 pesos de impuestos por Osgra. El obstáculo es que Osgra
es de la SIDE. El lío parece no tener fin: los agentes dicen que
a ellos los metieron en esa sociedad de cobertura que era ilegal, porque
el Estado no puede crear empresas privadas que no tienen control alguno,
y encima ahora les quieren cobrar impuestos. En la SIDE sostienen que
los ex agentes se quieren quedar con los edificios y consiguieron un fallo
categórico de la Cámara Federal procesándolos por
estafa procesal. Los ex espías presentarán hoy una denuncia
por asociación ilícita contra los ex titulares de la SIDE,
mientras que la central de espías ya consiguió una condena
de los agentes por tentativa de estafa.
El escándalo de los edificios de la SIDE se destapó el año
pasado. Entre los 25 inmuebles están, por ejemplo, once pisos en
25 de Mayo 35 –o sea, parte del cuartel central de la Secretaría–,
una propiedad en la avenida Coronel Díaz 2079 y casas o departamentos
en casi todas las capitales del interior del país. Los ex agentes
señalan que en algunas de estas propiedades funcionaron prostíbulos
y que todo el armado de sociedades privadas no sólo era ilegal
sino que tenía como objetivo manejar dinero y operaciones sin control
alguno.
La asamblea de Osgra no se pudo hacer, en realidad, porque los ex agentes
también están peleados entre ellos. Por ello, hasta el Hotel
Colón, sede del encuentro, sólo llegaron dos: Eduardo Peña
y Angélica de Isnaldi, la viuda del agente fallecido. Estuvieron
ausentes los otros dos supuestos dueños de Osgra, Miguel Mentasti
–que según parece sigue en la SIDE– y José Salinardi,
que tendría vinculaciones con la central de espías. Los
que sí estuvieron fueron los delegados de la Sindicatura General
de la Nación, que controla los organismos del Estado, aunque tienen
el problema que Osgra es de la SIDE, pero al mismo tiempo supuestamente
es privada. También llegaron los hombres de la AFIP que notificaron
allí mismo que Osgra debe pagar 109.000 pesos en concepto de impuestos
por el año 2001 y que además existe una deuda por un total
de 500.000 pesos.
Todo esto es lo que motivará a los ex agentes a hacer la denuncia
por asociación ilícita –una banda que supuestamente
arma empresas privadas con dinero del Estado– contra el ex titular
de la SIDE, Fernando De Santibañes, contra el responsable de finanzas
de la Central, Juan José Gallea, y contra los integrantes del estudio
jurídico Archimbal, Brissoni, Carcavallo, en cuya dirección
funciona otra sociedad, Tiumayo S.A., a la que la SIDE le transfirió
todos los edificios. La transferencia se hizo con un poder entregado por
uno de los socios de Osgra, pero obviamente se trata de un movimiento
ilegal ya que un socio no puede transferir todos los edificios.
La SIDE, por su parte, eligió el camino de la confrontación
con los ex espías. Los denunció por intento de estafa y
la jueza María Servini de Cubría efectivamente procesó
a los agentes por ese delito. La Sala II de la Cámara Federal confirmó
ese procesamiento en un fallo lapidario del 19de abril pasado, es decir
consideró que existe una movida de los ex agentes, la viuda de
uno y la ex esposa de otro para quedarse con los edificios que ellos sabían
que eran de la SIDE. Ni la jueza ni la Cámara se metieron a considerar
si todo el armado de la sociedad de cobertura era legal o una maniobra
de ex titulares de la SIDE para mover fondos sin control de ningún
tipo.
Con todas las ideas y vueltas, este escandaloso conflicto queda en el
siguiente estado:
 Los ex espías denuncian
a jefes de la SIDE.
La justicia avanza hacia un
juicio oral contra los ex agentes por tratar de quedarse con los edificios.
Los edificios se sacaron de
una sociedad y se metieron en otra, mediante un procedimiento ilegal.
La sociedad que ahora tiene
los edificios, Tiumayu, sigue siendo dudosa: es privada y la constituyen
supuestos testaferros de la SIDE.
Por ahora nadie investigó
por qué la SIDE mantenía –y mantiene– edificios
de esa forma, sin ponerlos a su nombre, más aún teniendo
en cuenta que en la mayoría de los casos no se usan para acciones
secretas, sino como oficinas centrales en la provincias. Es más,
debería investigarse si en alguna de esas propiedades funcionaron
o no prostíbulos, como dicen los ex agentes.
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