Cuando Elisa Carrió lo nombró durante la sesión en que se aprobó el otorgamiento de poderes especiales al Poder Ejecutivo, como uno de los sospechosos de haber participado en los casos de lavado de dinero, él se enojó. Se enojó aún más cuando desde el gabinete nacional nada dijeron en su defensa. Ayer, tras el tardío apoyo que le brindara el presidente Fernando de la Rúa hacia el fin de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, le remitió una carta al titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual. En el texto solicita que la comisión investigadora sobre lavado de dinero –que se aprobará el próximo miércoles– avance con “celeridad y profundidad” y anticipa su disposición a colaborar con los diputados con la intención de despejar las sospechas que pesan sobre él y sus actividades profesionales del pasado. Enterada, Carrió dijo a Página/12 que “agradece mucho su preocupación y que espera verlo pronto”.
“Es seguro que esa Honorable Cámara coincidirá en la necesidad de avanzar en la investigación con la mayor celeridad y profundidad”, le anticipó Colombo a Pascual al tiempo que anunció que le solicitó al ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, que ponga a disposición de la comisión investigadora todos los organismos de su dependencia.
La preocupación del jefe de ministros surgió a partir de que se lo vinculara en las operaciones cruzadas prohibidas que el Banco República -propiedad del menemista Raúl Moneta– con el Banco Macro, donde Colombo ocupó la vicepresidencia de Macro Valores entre 1997 y 1997. Tal vez por ello, es que Colombo advirtió en su misiva que la celeridad del trabajo de la comisión está relacionada con que “ni las empresas ni los ciudadanos que sean inocentes pueden ser perjudicados por un clima de sospecha que se prolongue innecesariamente”.
Si la respuesta de Carrió a la iniciativa de Colombo fue escueta, la del demócrata mendocino, Gustavo Gutiérrez no lo fue menos: “No tiene que mandar ninguna carta: esa es su estrategia mediática, el podrá demostrar en esa carta que esta preocupado pero la Cámara recién hoy recibe información”, dijo.
Por otra parte, Gutiérrez aclaró que la rapidez del trabajo se verá demostrada con los informes sobre los avances que tengan y que se realizarán con una periodicidad de siete a diez días. Pero la intención de imprimirle velocidad tiene otra razón. Gutiérrez dijo que está relacionada con la intención de “evitar que el escándalo tape la investigación”. La referencia del diputado está ligada a los nombres de ex funcionarios de la administración menemista y de la actual gestión, empresarios y personas vinculadas a los medios de comunicación que aparecen en los documentos que contienen las cajas que llegaron del Senado norteamericano. De alguna manera, Carrió y Gutiérrez pretenden evitar que el manejo de esos nombres se conviertan en una estrategia de defensa y, sobre todo, de ocultamiento del núcleo de la investigación. “Para nosotros el objetivo central será descubrir cuál fue la ingeniería que permitió las transacciones delictivas”, señaló.
Las reacciones a la carta de Colombo no sólo provinieron de parte de Carrió y Gutiérrez. También opinó el justicialista Eduardo Camaño quien aseguró que “no se puede pedir por carta que se investigue lo más rápido posible porque depende del desarrollo de la investigación. La comisión no es para resolver los problemas de cada uno”, afirmó al tiempo que adelantó que el PJ “no va a tener objeciones en votar la conformación de la comisión y a Carrió como presidenta”.
Antes de que la comisión comience a funcionar, es necesario que se superen dos etapas. Primero es preciso que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside el justicialista Jorge Busti, emita hoy el dictamen de creación de la comisión. Superada esta etapa, la comisión deberá obtener la aprobación de la Cámara baja el miércoles cuando sesionen. A partir de allí se deberán elegir las autoridades. Se descuenta–porque nadie puede públicamente oponerse– que Carrió ocupará la presidencia y la secundará Gutiérrez.

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