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“La
causa está armada.” Así, la ex secretaria de la Función
Pública Claudia Bello descalificó la investigación
sobre la contratación de servicios para prevenir efectos negativos
en las computadoras durante el cambio de año de 1999 al 2000, que
coordinó la ex funcionaria y que la actual Oficina Anticorrupción
(OA) denunció por supuestos sobreprecios. Ayer, Bello –de
elegante trajecito sastre y tacos altísimos– y con mucha documentación
en sus manos, declaró en los Tribunales de Comodoro Py que “todos
los pasos” de la operación fueron correctos, y, como otros
menemistas, concentró su bronca en el fiscal Carlos Stornelli,
a quien acusó de obviar pruebas que la favorecerían.
La historia comenzó en 1999, cuando en boca de todos estaba el
miedo al “Efecto Y2K”, que podría descalibrar a todas
las computadoras, al no reconocer correctamente sus programas el 1 de
enero de 2000. El Gobierno menemista, a través de Bello, decidió
lanzar una campaña de folletería preventiva sobre los peligros
del “Y2K”, y, se lo adjudicó de forma directa y sin esperar
los precios testigos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
a la empresa Lautrec Publicidad. Cuando finalmente llegó el informe
de la SIGEN, que calculaba en cinco millones de pesos el monto del servicio,
Bello, a través del Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP), ya le había otorgado el contrato a Lautrec
por 8 millones.
El 2000 no encontró a la ex funcionaria ni unida ni dominada, pero
sí denunciada; en febrero de ese año la Oficina Anticorrupción
solicitó que se investigue un presunto sobreprecio en el contrato
por el “Y2K”; la causa recayó en el juzgado de María
Romilda Servini de Cubría, y la investigación en el ahora
famoso fiscal Stornelli. En fuentes judiciales aseguran que Lautrec, después
de cobrar el jugoso contrato, pagó dos millones de pesos a empresas
fantasmas, que podrían haber oficiado como canales de distribución
de supuestos sobornos.
Ayer, Bello amplió su primera declaración del 25 de agosto
del año pasado, y, en su defensa, juró que el precio testigo
de la SIGEN no le llegó, y que se enteró de él “por
los diarios”. Bello justificó los tres millones de pesos de
diferencia “por la calidad del producto”, y reiteró que
en la adjudicación “no hubo ningún incumplimiento de
normas”. También defendió la cesión directa
a Lautrec por la “urgencia” del tema.
Tanto la OA como Stornelli habían pedido el procesamiento de Bello
por presunto “fraude al Estado”, y por eso Servini dispuso la
ampliación de su indagatoria. En la OA afirman que la plata de
la campaña estaba destinada originalmente a planes asistenciales
para víctimas de las inundaciones, además de recordar el
sobreprecio pagado. Mientras, la causa sigue su marcha; como la de la
venta de armas, la del caso IBM-Banco Nación, la de las irregularidades
en la gestión de Víctor Alderete en el PAMI, o la de los
manejos poco claros de la ex secretaria de Recursos Naturales, María
Julia Alsogaray.
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