Página/12

El sueño de Fernando de la Rúa de finalizar su mandato colocando a la Argentina en el selecto club de países considerados “investment grade” (grado de inversión) esta cada vez más lejos. Ayer, la calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poor’s volvió a bajar la nota al país, por segunda vez en un mes y medio. Además mantuvo la perspectiva “negativa” sobre la economía lo que podría dar lugar a una nueva degradación. Tras los cambios, la deuda de largo plazo pasó de “B+” a “B” y la de corto, que es la que preocupa a los inversores, de “B” a “C”, tanto para los pasivos en pesos y en dólares. De esta manera, la Argentina ahora comparte cartel con Ecuador, Indonesia y Turquía, entre otros países que declararon el default de su deuda. Y quedó peor que Bolivia, Líbano, Mongolia, Islas Cook. Si se trasladara el ranking de S&P a un torneo de fútbol, Argentina se fue al descenso.
La decisión de S&P, una de las calificadoras más importantes del mundo junto a Moody’s, era esperada por los financistas. No obstante, la noticia profundizó la caída de las acciones –que terminaron con una baja del 3,4 por ciento– y de los títulos públicos. En este contexto, al que se suma el elevado costo afrontado por Economía en la licitación de Letes (ver aparte), el riesgo país se elevó 15 puntos, hasta los 990. Desde que S&P le toma el pulso a la economía argentina, hace ocho años, nunca antes la calificación había estado tan abajo. Y en el último semestre la nota cayó cuatro escalones, algo que nunca sucedió con otro país. “Esta secuencia demuestra la debilidad económica y las dudas sobre el repago de la deuda”, señaló a Página/12 uno de los economistas de S&P que preparó el lapidario informe.
“La disminución de las calificaciones refleja las presiones provenientes del frente fiscal y del manejo de la deuda, a pesar de las recientes medidas para promover el crecimiento económico”, suscribió la agencia en un comunicado. En otro párrafo agrega que “el éxito (del plan) está condicionado por el logro de un ambiente político y económico más estable que el actual. Las tensiones políticas han persistido” desde que asumió Domingo Cavallo. Para la calificadora, esta situación “amenaza” el respaldo que el ministro requiere para llevar adelante el ajuste.
En paralelo con la degradación a los títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, S&P hizo lo propio con las emisiones lanzadas por bancos y empresas privadas.
La decisión de S&P ensombrece aun más el panorama económico. En medio de la disparada de las tasas de interés, el castigo de la calificadora coloca a la Argentina como uno de los países más riesgosos del mundo para prestarle dinero ya que, en medio de la crisis, podría declararse insolvente. Ante ese peligro, los fondos internacionales vienen achicando en forma notable la cuota de sus inversiones en el país. Y los que siguen financiando al Estado, como los bancos locales, lo hacen a “tasas ruinosas para la economía”, tal cual lo definió el propio ministro.
Bajo estas perspectivas, el equipo económico salió al cruce de la calificadora. “Están mirando una película vieja”, acusó Guillermo Mondino, jefe de asesores del Palacio de Hacienda, y por esas cuestiones del destino hermano de una de las directoras (Diana) de S&P en Argentina, que por ese parentesco ya no evalúa al país. Mondino añadió, a modo de justificación, que “la situación está cambiando. Se han tomando muchas medidas correctivas importantes, y el programa con el Fondo Monetario es mucho más creíble”. Al mismo tiempo, Mondino aseguró que el megacanje de bonos que diseña Economía “no corre peligro”.
Precisamente, la determinación de S&P no es más que un emergente de lo que ocurre en el sistema financiero. La disparada del riesgo país hizo volar las tasas de interés y cerró los caminos de Economía para refinanciar la deuda en los mercado internacionales. En el plano local, Cavallo tomó medidas para aliviar el ahogo financiero –como la reducciónde encajes– pero ello no alcanzó para bajar las tasas de interés. Y los bancos se quedaron como los únicos prestamistas del Estado. El Gobierno cerró un acuerdo con las entidades financieras para lanzar un megacanje de títulos, por unos 20.000 millones de dólares, para desahogar los vencimientos de corto plazo.
–¿El anuncio del megacanje no alcanzó para impedir la baja de la nota? –preguntó Página/12 a Bruno Boccaro, director de Calificaciones de Riesgos Soberanos de S&P, en Nueva York.
–Todavía no está claro cómo se hará la operación, ni si será exitosa. El canje daría margen de maniobra a la economía pero, por ahora, lo único que sabemos es que la Argentina necesita crecer y encarrilar el desequilibrio fiscal para asegurar el pago de la deuda. Las ideas de Cavallo son buenas y tienen chances de éxito. Pero el ambiente político y económico está más complicado que antes, y no hay seguridades de que el ajuste se lleve a cabo. Los mercados ya perdieron la paciencia en la Argentina porque no demostraron la capacidad suficiente para hacer el ajuste y despejar las dudas del default.

DOMINGO CAVALLO CONVALIDO UN 12,4 POR CIENTO ANUAL
Tasas recontra “ruinosas”

Domingo Cavallo ya no reta a los banqueros por cobrar “tasas ruinosas para el país” en las colocaciones de deuda pública. De aquella denuncia furiosa de fines de marzo pasó a la estrategia opuesta, orientada a seducir a los mercados con todo lo que tenga a mano, como subir impuestos, bajar gastos y acordar un nuevo programa con el FMI. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Ayer tuvo que pagar una tasa del 12,4 por ciento por la emisión de Letras de Tesorería por 350 millones de dólares a 91 días de plazo. En la oportunidad que se enojó con los banqueros había convalidado una tasa del 11 por ciento, y en ese momento dijo que “nunca más” colocaría deuda a tasas de interés tan exorbitantes. Ayer, lejos de recordar sus palabras, consideró que “las cosas en materia financiera están mejorando”.
Los bancos que exigieron una tasa del 12,4 por ciento son los mismos con los que Cavallo negocia el canje de deuda. Por eso la emisión de Letes era una buena prueba para ver en qué medida el Gobierno había recuperado la confianza de los financistas. La colocación del mismo título que debió realizarse hace dos semanas se tuvo que suspender porque el riesgo país estaba holgadamente por arriba de los 1000 puntos. En ese contexto de histeria financiera, Cavallo prefirió pagar el vencimiento de Letes por 700 millones de dólares con recursos del colchón financiero, esquivando el previsible cachetazo que hubiera recibido de los mercados.
Pero de ese momento hasta ayer Cavallo hizo cuatro movidas importantes, buscando una tregua con los “mercados”: generalizó el IVA y subió la tasa del impuesto a las transacciones financieras, estiró a 1000 millones de pesos el ajuste fiscal, cerró el nuevo acuerdo con el FMI, y, lo más importante, anunció el megacanje de títulos de corto plazo por otros de largo. Todas las medidas respondieron a las demandas de los financistas. Pero la vuelta a la ortodoxia tampoco funcionó. La tasa del 12,4 por ciento que pidieron los banqueros para comprar las Letes es la segunda más alta para el plazo de 91 días desde la creación de ese papel. Sólo hubo un registro peor -12,6 por ciento- en noviembre de 2000, en medio de los rumores sobre la renuncia de José Luis Machinea y del temor a la cesación de pagos. La escalada de la tasa en aquella oportunidad se cortó con el blindaje financiero. Ahora nada parece alcanzar.
En la última emisión de Letes, del 10 de abril, la tasa había sido del 10,3 por ciento. A pesar del evidente deterioro, Cavallo opinó que “las cosas en materia financiera están mejorando”. No dijo dónde lo nota. Lo único que admitió fue que “en el exterior se han instalado expectativas muy negativas con respecto a la Argentina”. Pero consideró que esa situación “tiene mucho que con los errores de política económica que se vienen cometiendo desde hace cuatro años y que nos llevaron a una depresión económica”.
Que el Estado se haya financiado a más del 12 por ciento fija en un nivel altísimo el piso de la tasa para el sector privado. Además, Economía resolvió no emitir Letes a 180 días y canceló el vencimiento de ayer, por 350 millones de dólares, con recursos del colchón financiero. Lo hizo para no convalidar una tasa todavía mayor. Pero las empresas y los particulares quedan en una situación difícil, que torna cada vez más lejana la posibilidad de reactivación.

Daniel Marx, secretario de Finanzas. Intentó sin éxito frenar la rebaja de la nota de S&P. Las calificadoras castigan al sistema político sin palo ni piedra, pero a golpe de mouse.

Por Raúl Dellatorre

Un extraño “maridaje” es el que enlaza hoy, en Argentina, a las calificadoras de riesgo con el sistema político, entendido éste como la constelación de dirigentes, funcionarios, economistas del establishment y empresarios con alguna cuota de influencia sobre el poder. En una especie de juego de seducción mutua, a cualquier “amonestación” de las calificadoras, el sistema político responde plegándose al mandato de aquéllas: tal cosa “no se puede” hacer porque sube el riesgo país, o “se debe” hacer esta otra para mejorar la calificación. A su vez, las calificadoras se dejan seducir por el sistema político, cuyos representantes frecuentemente concurren a escenarios armados por aquéllas para decir lo que los asistentes quieren escuchar y aplaudir. También valen los mimos con esos miembros del sistema político que mañana, con sus decisiones, privilegiarán el pago de la deuda por sobre cualquier otro objetivo. Pero como en toda relación de a dos, también es posible la traición y el dolor.
No son mucho más de una docena las calificadoras que periódicamente le ponen “nota” a la deuda soberana argentina. Pero sólo dos, las más antiguas, son las que concentran el peso de la opinión sobre los fondos de ahorro o inversores de riesgo que apuestan parte de sus carteras a la deuda de países emergentes: ellas son Standard & Poor’s y Moody’s. La voz de los mercados, paradójicamente, está fuertemente monopolizada para opinar sobre Argentina.
De acuerdo a un estudio realizado por el economista radical, Martín Hourest, la base de calificación de estas agencias está conformado por no más de 13 agregados macroeconómicos, “de una impresionante rusticidad, lo que define la forma bestial en que lee la realidad el pensamiento único”. Relaciones sencillas tales como monto global de deuda contra PBI o contra exportaciones anuales, tasa de inflación, crecimiento del PBI o PBI per cápita, resumen la medición que las calificadoras hacen de la salud financiera de un país. “Ni siquiera se toman el trabajo de elaborar coeficientes más sofisticados, como medir la volatilidad de los capitales financieros, la necesidad futura de compra de divisas en el mercado para pagar intereses, y consecuentemente el riesgo de una corrida contra el peso”, citó como ejemplos Hourest.
Los fracasos de las calificadoras en predecir las crisis de países emergentes en la última década han mellado su prestigio internacional, un dato que sin embargo no ha sido computado por el sistema político argentino, que les sigue rindiendo un respeto reverencial. El FMI, en un estudio reciente, mencionó como probables causas de dichos yerros las falencias en los sistemas de contabilidad pública de los países analizados, que habrían inducido a error a los analistas, y la existencia de “ponderadores internos no mensurables”, eufemismo que hace referencia a factores políticos que podrían afectar a la economía. La posterior inclusión de este “ponderador de riesgo” le otorgó a las calificadoras el manejo de un indicador absolutamente arbitrario y muy teñido por sus propias necesidades coyunturales.
Así, por ejemplo, una calificadora que viene de varios errores sucesivos en sus pronósticos –recomendando comprar títulos que dieron pérdida– tenderá a curarse en salud siendo más dura en sus notas futuras. Y aunque los “fundamentals” –agregados macroeconómicos– no lo justifiquen, podrán echar mano al “ponderador” de riesgo político para bajar una calificación. “Es lo que le viene sucediendo a Argentina, que cada vez que enfrenta una turbulencia política o un ministro intenta una salida un poco heterodoxa (fuera del libreto neoliberal), el riesgo país pega un respingo, aunque los ‘fundamentals’ no hayan cambiado”, subrayó Hourest. Tantas prevenciones de las calificadoras tras sucesivos fracasos estarían afectando también la “nota” que hoy aquellas le asignan a Argentina. “Frente al anunciado canje de deuda, hay dos hipótesis que explican el castigo de las calificadoras”, refirió Hourest. “Una, es que si no castigan ahora al país y después Argentina consigue un canje exitoso, deberían subirle la nota desde un piso más alto y podrían quedar en off side”. La otra hipótesis es que las calificadoras, “íntimamente asociadas al funcionamiento del sistema financiero y bancario, estén presionando para negociar alguna garantía de que dicho sistema no pierda la renta extraordinaria que vino obteniendo hasta ahora”.
Con una elevada dosis de discrecionalidad y una capacidad para opinar altamente concentrada, las calificadoras logran manejar, “a golpe de mouse”, al sistema político argentino, “metiendo miedo” o respaldándolo, alternativamente. El fantasma del mercado tiene cuerpo, intereses, un pasado cuestionable y hasta contradicciones internas. Pero de este lado del mundo, se sigue viendo nada más que una sábana inmaculada.