Por Felipe Yapur y Laura Vales

La Cámara de Diputados aprobará hoy finalmente la creación de la comisión parlamentaria que investigará los ilícitos relacionados al lavado de dinero, tanto en el sector privado como en el público. Ayer, las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Peticiones, Poderes y Reglamento consensuaron un dictamen único que respeta las expectativas centrales de Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, los dos diputados motores de la investigación. Los alcances, poderes y facultades de esta comisión habían sido objeto de un fuerte tironeo entre Carrió y sus correligionarios del Gobierno. El acuerdo alcanzado contiene un compromiso de manejar “con discreción” la difusión de los nombres involucrados en la pesquisa. La fórmula prometida es “trabajo silencioso y dentro de 15 días difusión de una primera reseña sobre los avances alcanzados”, definió uno de los diputados. A nadie escapa que el buen propósito será más que difícil de cumplir.
En los últimos días, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se movió con la intención de despejar las sospechas sobre el rol que cumplió en el Banco Macro, uno de los principales financiadores privados del grupo Yoma. El funcionario fue vicepresidente de una de sus firmas controladas, el Macro Valores, entre 1997 y 1999. Los investigadores han subrayado que esa entidad financiera mantuvo operaciones con el Federal Bank de Raúl Moneta desde diciembre del 94 por cifras muy importantes, en movimientos triangulados muy sospechosos de lavado de dinero. Y descuentan que parte de esa información saldrá a luz en detalle cuando se empiecen a revisar los papeles enviados por el Senado norteamericano.
El temor ante el escándalo político que puede disparar el contenido de las cajas de documentación se reflejó en las declaraciones de ex funcionarios del menemismo y también de miembros del gabinete. Por caso, el secretario general de la Presidencia Nicolás Gallo comparó a la comisión con la que dirigió el senador anticomunista Joseph McCarthy.
La comisión que encabezarán Carrió y Gutiérrez tendrá alcances y atribuciones precisos. Los diputados podrán:
Recibir denuncias y pruebas.
Interrogar testigos y efectuar careos.
Realizar inspecciones oculares, dejando constancia de sus resultados.
Pedir información a los demás poderes del Estado.
Ordenar pericias, pedir al juez competente allanamientos y escuchas telefónicas, contando con el voto de la mayoría.
Durante todo el día hubo reuniones entre las diferentes comisiones que evaluaron los proyectos que promovían la comisión investigadora. Hubo también un encuentro entre Carrió y el presidente de la Cámara baja, el delarruista Rafael Pascual. Dos eran las preocupaciones de Pascual y los representantes de los diferentes bloques. Una de ellas era la cantidad integrantes que tendría la comisión. Carrió no tuvo problemas en aceptar que ésta oscilara entre 7 y 10 miembros. El otro punto de discusión se refería a un párrafo que fue eliminado: abría la posibilidad de que la comisión ampliara la investigación a otros casos judiciales. El oficialismo y la oposición veían que sin ese párrafo “se limitaba el campo de acción de Carrió y Gutiérrez”. Carrió relativizó esta “supuesta limitación” ya que considera que la amplitud del primer artículo del proyecto permite salvar este inconveniente ya que éste plantea “el análisis, la evaluación y la investigación de los ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público y la posible complicidad de los diferentes organismos competentes del Estado, con la inclusión de los autárquicos o descentralizados”.
La comisión deberá elevar un informe a la Cámara de Diputados en los 120 días posteriores su constitución. Los bloques deben definir a los integrantes de la comisión. Además de Carrió y Gutiérrez aparecen conmayores probabilidades el radical Mario Negri; el menemista Manuel Baladrón, y la frepasista Graciela Ocaña.

FALTAN DATOS SOBRE MERCADO ABIERTO
Cajas incompletas

Por L.V. y F.Y

La comisión investigadora del lavado de dinero se topó con la primera piedra en el camino aun antes de empezar a andarlo. El diputado mendocino Gustavo Gutiérrez reveló que en las cajas enviadas por el Senado norteamericano no llegaron los papeles referidos a Mercado Abierto, del financista Aldo Ducler, ex asesor de Ramón Ortega. El faltante no es para nada menor, ya que se trata de la parte del caso que podría trazar una vinculación directa entre el tema del lavado y el del financiamiento de las campañas electorales.
Anoche en las oficinas de Elisa Carrió confirmaron que efectivamente, esa parte de la documentación falta, aunque su no envío se atribuyó más a cuestiones administrativas –y por lo tanto solucionables mediante el trámite de mandar a pedir lo que falta– que a una intencionalidad de limitar o poner trabas a la investigación.
Lo que hay –y lo que puede faltar– dentro de las ocho cajas custodiadas por el Colegio de Escribanos se ha convertido en el centro de tensión del tema. Una de las grandes expectativas es que contengan de manera detallada los nombres de los titulares de las cuentas abiertas en el Federal Bank de Raúl Moneta, vehículo de operaciones de lavado de dinero de una magnitud que dejó sorprendidos a los investigadores del senado norteamericano. En triangulación con el Banco República en Buenos Aires y el Citibank de Nueva York, por allí pasaron 4.500 millones de dólares entre noviembre del 92 y mayo del 2000. Conocer la identidad de los dueños de esas cuentas podría desatar un proceso de limpieza política de consecuencias imprevisibles.
¿Se identifica a los titulares de esas cuentas o sólo figuran números? le preguntó este diario ayer Elisa Carrió. La diputada asegura que sí. “No sólo encontraremos nombres de empresas, sino también muchos de personas físicas” aseguró sin dudar.

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