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Por José Natanson
 La promesa se remonta a la campaña
electoral, cuando Fernando de la Rúa aseguraba por televisión
que, esta vez, “los costos los pagará la política”.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los diferentes accidentes de su gestión
y la preocupación casi exclusiva por los asuntos económicos
fueron diluyendo el tema. Hasta que, pocos días atrás, Carlos
Ruckauf retomó la bandera. Y al menos sirvió para generar
efectos concretos en el Gobierno. Ayer, el ministro del Interior, Ramón
Mestre, se reunió con los gobernadores aliancistas y anunció
que convocará a un encuentro con los mandatarios de todos los distritos
para avanzar en la reforma política.
El primero en encargarse del tema fue Chacho Alvarez y, después,
Federico Storani. Hubo reuniones, una rimbombante presentación
del proyecto en la Rosada, varias visitas al Congreso, entrevistas con
los presidentes de bloque, con los jefes de comisión, un encuentro
con los legisladores provinciales y hasta un seminario en Santa Fe. Los
avances, sin embargo, fueron escasos, y el proyecto de ley aún
duerme en el Senado. Todo cambió en los últimos días.
En la Rosada comenzaron a observar, primero con sorpresa y luego con creciente
preocupación, cómo Ruckauf se iba apropiando del tema. Ayer,
por ejemplo, el gobernador aprovechó un acto de entrega de ambulancias
a un hospital para agitar aquella bandera. “Es preferible no pagarle
a los intendentes, a los concejales o los funcionarios antes de no hacerlo
con los médicos”, aseguró.
En el Gobierno aseguran que las credenciales de Ruckauf son dudosas. “Fue
ministro del Interior y no hizo nada para avanzar en la reforma”,
argumenta un funcionario político de la Alianza. Igual, decidieron
reaccionar. Ayer, Mestre aprovechó una reunión con los gobernadores
aliancistas para anunciar que convocará a un encuentro con los
mandatarios provinciales de todos los colores, en el que se firmará
un acuerdo destinado a reducir los gastos de la política.
“Tenemos que dar una clara señal de que asumimos la necesidad
de limitar el gasto político, porque hay algunos desbordes que
llevaron a un desfasaje”, aseguró Mestre. No aclaró
ni la fecha ni –más importante aún- cuáles serán
los mecanismos para presionar a los gobernadores peronistas para que racionalicen
sus gastos. Sin embargo, al menos le sirvió para ganar protagonismo
y subir su perfil ante las críticas de muchos funcionarios, que
le achacan cierta opacidad en su gestión y su falta de peso político
para contrapesar la omnipresencia de Cavallo.
En la reunión, de la que participaron siete gobernadores aliancistas
además de Aníbal Ibarra, Mestre se inspiró en un
estudio elaborado por el viceministro, Lautaro García Batallán,
en el que figuran diferentes propuestas para limitar los gastos. Por ejemplo,
que ningún gobernador gane más que un ministro, que ningún
legislador local gane más que uno nacional, o que los gastos de
las Legislaturas no superen el 2 por ciento del presupuesto provincial.
“También debería incluirse al Congreso Nacional”,
reclamó el chaqueño Angel Rozas, quien suele llevar la voz
cantante, cuando Mestre terminó de explicar las diferentes posibilidades.
El resto de la reunión giró alrededor de la economía.
Según contó uno de los asistentes, Cavallo pidió
la reducción de los déficit provinciales y, después,
se mostró de acuerdo en todo: Rozas propuso la firma de un “convenio
de reciprocidad” para intercambio comerciales entre las provincias
chicas y las grandes. Luego expusieron los diferentes problemas de las
economías regionales. Y, finalmente, se quejaron por el atraso
de los fondos de la Nación a las provincias, a lo que el ministro
de Economía respondió diciendo que la situación se
regularizará pronto. “No los voy a abandonar”, prometió
Cavallo.
SIGUE
EL CORTE DE LA RUTA 3 EN LA MATANZA
“A tomar la Municipalidad”
“Hay cinco mil compañeros
a los que les cancelaron sus planes Trabajar. Ni el gobierno nacional
ni el de la provincia, ni el municipal cumplieron las promesas del año
pasado. Si no atienden nuestros reclamos, vamos a tomar la Municipalidad
de La Matanza por la fuerza”. El secretario general del movimiento
de desocupados de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete,
describió de esa manera el clima que reina entre los piqueteros
que mantienen cortada la ruta 3, en el kilómetro 22, a la altura
de la localidad de Isidro Casanova. La zona, una de las más empobrecidas
del país, amenaza con convertirse en un nuevo hierro caliente para
las autoridades, como en noviembre último.
“El gobierno nacional canceló anticipadamente cinco mil planes
Trabajar, muchos de los cuales vencían el 31 de julio, pese a que
en los cortes del año pasado se había comprometido a mantenerlos
hasta diciembre de este año”, dijo Alderete, y agregó
que esos beneficios “eran el único sustento para muchos hogares.”
El corte de la ruta no sólo es motorizado por la CCC; también
la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA), encabezada por el concejal frepasista
de La Matanza Luis D’Elía, lidera la protesta.
“Los desocupados en la zona aumentaron en 26 mil en los últimos
4 meses; sólo por dar dos ejemplos, en las últimas semanas
300 personas perdieron sus trabajos en la metalúrgica La Vasconia,
y la línea 162 echó a 200 trabajadores”, graficó
D’Elía, y calificó la situación en La Matanza
de “explosiva”.
Los manifestantes le reclaman al Gobierno nacional que deje sin efecto
la cancelación de 4900 Planes Trabajar, y además recuerdan
que se había comprometido a asfaltar 80 calles, a ensanchar la
ruta 3 y a otorgar dos millones de pesos en remedios y herramientas; “sólo
nos dieron veintiocho mil pesos de remedios, y encima vencidos,”
denunció Alderete. La novedad de esta protesta es que los reclamos
también apuntan al Gobierno de Carlos Ruckauf y al intendente matancero
Alberto Balestrini.
Hoy a las 11 se definirá en una asamblea el rumbo de la protesta.
Hay dos posiciones: tomar la municipalidad o, la menos dura, mantener
el corte.
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