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La posición del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, se
vuelve más frágil con el correr de los días; además
de que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estudia si lo
denuncia ante la Justicia por su presunta responsabilidad en la masacre
de Margarita Belén, cometida en 1976 en el Chaco, ayer, el rabino
Daniel Goldman y los diputados de Argentina por una República de
Iguales (ARI), le pidieron al Poder Ejecutivo que lo pase a retiro por
haber nombrado al abogado neonazi Enrique Torres Bande como representante
de los militares que pidieron el recurso de “hábeas data”
a distintos organismos de derechos humanos.
En un proyecto presentado en el Congreso, los diputados de ARI, formado
por Elisa Carrió y los socialistas democráticos Alfredo
Bravo, Héctor Polino, Jorge Rivas y Oscar González, le pidieron
al Gobierno “el pase a retiro” de Brinzoni, y su reemplazo “por
un oficial superior cuyas conducta y convicciones sean compatibles con
las instituciones republicanas y con el modo de vida democrático.”
En tanto, Goldman, en una carta dirigida al ministro de Defensa Horacio
Jaunarena, exige la “separación del cargo” del jefe del
Ejército “ante el silencio que juega una suerte de complicidad
frente al nombramiento de un abogado nazi”.
Los tropiezos de Brinzoni se agudizaron cuando Página/12 reveló
que el abogado que el Ejército había contratado para gestionar
el “hábeas data” ante los organismos de derechos humanos
era Enrique Torres Bande, apoderado del neonazi Partido del Nuevo Triunfo,
que encabeza Alejandro Biondini y que disputa el liderazgo de la ultraderecha
argentina con el Partido Nuevo Orden Social Patriótico, de Alejandro
Franze. Tras la revelación, Torres Bande presentó su renuncia
y negó haber sido apoderado de “partido político alguno”,
pero confesó haber “dispensado cierta asistencia jurídica”
a Biondini.
Desde el Ejército intentaron defenderse diciendo que desconocían
los antecedentes del cuestionado abogado porque la fuerza “no hace
inteligencia interna”, y el propio Brinzoni, después de que
este diario publicara una foto de Torres Bande escoltando en un acto a
Biondini, se mostró “mortificado y arrepentido”. Quienes
pagaron los platos rotos por la contratación del abogado fueron
dos “oficiales de alto rango” que habrían sido los responsables
de acercarlo a la institución, y que fueron sancionados, aunque
no se especificó ni el nombre de ellos ni su castigo.
La cuestión es que el paso en falso de Brinzoni activó los
pedidos de renuncia en su contra; los diputados del ARI, en los considerandos
del proyecto, recordaron las “reiteradas muestras de su escaso respeto
por el funcionamiento de las instituciones republicanas, y de su ninguna
identificación con las demandas democráticas de una sociedad
como la argentina”. Enumeraron la solidaridad de Brinzoni con los
militares que se negaron a declarar en los “juicios por la verdad”,
su negación de que hubo un plan sistemático para robar hijos
de desaparecidos durante la última dictadura, y la defensa del
mayor retirado Jorge Olivera, cuando fuera detenido en Italia por el asesinato
de Marie Anne Erize.
Por su lado, Goldman afirmó que con el nombramiento de Torres Bande
“la mentalidad nazi encuentra un nicho para continuar con su actividad
discriminatoria, que atenta a los derechos humanos más elementales.
Y además criticó al Gobierno por “la falta de acción
y respuesta contudente.”
PEDIDO
ANTE EL JUEZ GARZON
Militares de cabotaje
El juez español Baltasar
Garzón ampliaría próximamente la lista de militares
argentinos procesados y con pedido de captura internacional. La Asociación
Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid solicitó ayer en tres
escritos que se libren dieciocho nuevas órdenes de detención
y se dicten 54 procesamientos en la causa por genocidio, terrorismo y
torturas durante la última dictadura en Argentina.
El pedido para que se dicten órdenes de captura abarca a doce represores
de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y seis de la provincia
de Santa Fe, entre ellos están José Antonio Suppicich, Raúl
Enrique Scheller, Jorge Radice y el ex juez Víctor Brusa. Las solicitudes
de procesamiento
son para trece marinos de la ESMA y 41 represores responsables de delitos
cometidos en el centro clandestino La Cacha, ubicado en la localidad de
Olmos.
En un trabajo elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos,
se pudo identificar a 151 personas que estuvieron secuestradas en La Cacha,
de las cuales 89 continúan desaparecidas. Miguel Osvaldo Etchecoltaz,
Alejandro Arias Duval, Raúl Fierro, Santiago Omar Riveros, son
algunos de los militares que actuaron en La Cacha y que la Asociación
Argentina Pro Derechos Humanos pidió que sean investigados. Hasta
ahora, Garzón procesó a 98 represores argentinos.
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