|
Por David Cufré
 Domingo Cavallo pide a diario
los datos de la recaudación impositiva. Y recibe informes angustiantes.
Los sucesivos aumentos de impuestos se muestran insuficientes para detener
el derrumbe de los ingresos públicos. Los números de los
primeros días de mayo no reportaron la mejora prevista luego de
la generalización del IVA y de la suba del gravamen a las transacciones
financieras. En el Palacio de Hacienda existe una enorme preocupación
porque en la medida en que la recaudación no repunte será
imposible cubrir el agujero fiscal. La consecuencia directa es que con
ingresos magros se profundiza el pesimismo de los mercados, crece el riesgo
país, aumentan las tasas de interés y la economía
se aleja cada vez más de la posibilidad de escapar de la recesión.
Y entonces la recaudación vuelve a caer. Cavallo quiso cortar la
dinámica de ese círculo vicioso con una medida de impecable
lógica ortodoxa: volver a aumentar los impuestos. Pero la jugada
parece no rendir lo esperado. Por tanto, el ministro se apresta a echar
mano a una de las ideas promovidas por el economista favorito del establishment,
Roberto Alemann: privatizar la cobranza de impuestos y de las deudas que
los contribuyentes mantienen con el fisco.
Página/12 tuvo acceso a un informe oficial reservado donde se describe
la crítica situación de la recaudación impositiva
y se plantean posibles soluciones. La estrategia consiste en concesionar
al sector privado la cobranza de tributos y, especialmente, de la deuda
que los contribuyentes tienen con la DGI. El diagnóstico es que
el organismo recaudador presenta una alarmante ineficacia para cobrar
deudas ya detectadas. Alemann es uno de los mayores críticos de
la DGI y hace tiempo viene impulsando que el sector privado se encargue
de recaudar impuestos. Su consejo podría beneficiarlo directamente,
ya que tiene intención de participar del negocio -que se presenta
sumamente rentable- con la conformación de su propia empresa. En
cambio, Cavallo daría marcha atrás con otra idea sugerida
por Alemann, lanzada apenas asumió como ministro: un blanqueo amplio
de capitales, que resultaría poco efectivo en el contexto de una
AFIP en crisis.
Una de las tareas que Economía encargará a compañías
privadas -que deberán presentarse a licitación- será
elaborar un padrón de deudores y de los fondos que el Estado podría
recuperar. La DGI hizo una estimación de la recaudación
posible de ese stock de deuda, pero el resultado fue puesto en duda por
el secretario de Ingresos Públicos, Luis María Farré.
La proyección indica que existen unos 7 mil millones de pesos de
mora con el fisco, de los cuales podrían rescatarse la mitad. Pero
en el despacho de Farré se cuestionó la rigurosidad del
informe de la DGI. “No se conoce a ciencia cierta el monto posible
de recaudación. Podrían ser 500 millones, 3500 millones
o más”, señala el documento que Cavallo tiene sobre
su escritorio. En consecuencia, la primera etapa de la privatización
consistirá en encomendar al sector privado que determine el monto
y el estado de la deuda y, en función de ello, cuánto se
podría captar.
El diagnóstico que hacen en Economía de por qué la
recaudación va en picada apunta en primer lugar a las consecuencias
de la “depresión económica”. Cada vez más
contribuyentes se salen del sistema al no tener recursos para afrontar
sus obligaciones. Prefieren deberle al fisco que a sus proveedores o a
las empresas de servicios públicos. La ecuación es que la
DGI cobra una tasa de interés del 3 por ciento por la mora, tasa
que ninguna compañía conseguiría en este momento.
Cada vez es menos productivo aumentar impuestos porque mucha gente directamente
no los paga. Cavallo considera que debe volver a generarse mayor temor
a la evasión impositiva. Y asegura que para ello es mejor que empresas
privadas se encarguen de la cobranza, ya que serán más eficientes
porque su ganancia estará atada a su rendimiento. En Hacienda se
analiza cuál sería una comisión razonable.
Otro motivo de la baja performance de la recaudación que mencionan
cerca de Cavallo es la crisis de la DGI. Los funcionarios reconocen que
el plan de retiros voluntarios que se implementó en el organismo
el año pasadotuvo consecuencias nefastas. “Se fueron muchos
de los mejores agentes y se resintió la capacidad operativa de
la institución”, menciona el informe que describe el estado
de situación de los ingresos fiscales. Farré le explicó
a Cavallo que se relajaron los controles y los operativos de inspección
han disminuido. Además, dentro de la DGI existe un clima de confusión
porque las estructuras internas quedaron trastrocadas con los sucesivos
planes de reorganización. En algunas áreas hay un jefe para
dos o tres empleados y, en otras, se da la situación inversa. Para
colmo, por cuestiones presupuestarias se cerraron agencias en el interior
del país y el trabajo se recargó en menos dependencias.
Cavallo le reclamó al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que
se acelere el trabajo de reestructuración del organismo. En Economía
sostienen que el ministro está cada vez más disconforme
con la labor de Colombo y que está pensando en reclamar el traspaso
de la AFIP a Economía. Más allá de esa disputa, el
plan de privatización que se prepara en el Palacio de Hacienda
también contempla que en el futuro haya auditorías externas
sobre la DGI. La fiscalización de los contribuyentes seguirá
a cargo del organismo, pero se dará la curiosa situación
de que el sector privado controlará a una institución pública.
La concesión de la cobranza de impuestos, de la deuda existente
con el fisco y las auditorías sobre la DGI conforman el corazón
del plan con que Cavallo pretende cortar la persistente caída de
la recaudación. Los plazos para lograr un aumento de ingresos se
acortan. En abril la recaudación cayó 9,1 por ciento y,
con ello, el déficit fiscal se disparó a más de 900
millones de pesos. El Gobierno tiene la difícil misión de
contener el rojo fiscal de este mes y de junio en no más de 900
millones de pesos, porque de lo contrario incumplirá la meta de
déficit del segundo trimestre que acaba de repactar con el FMI.
Esa situación de urgencia fiscal llevó al ministro a apurar
los tiempos de implementación del programa privatizador del cobro
de impuestos. Roberto Alemann, quien con más entusiasmo fogonea
la idea, comparte el apuro, y no sólo por un interés académico.
|
Claves
 La recaudación
impositiva cae en picada pese a los impuestazos. Las metas fiscales,
aun replanteadas, siguen lejos de poder cumplirse.
El plan que pondría
en marcha Cavallo es concesionar a empresas privadas la cobranza
de impuestos y de las deudas de los contribuyentes con la DGI, a
cambio de una comisión.
Roberto Alemann, ex ministro
de la última dictadura militar y economista vinculado a la
banca extranjera, es uno de los principales impulsores del proyecto.
A la vez, participaría en una de los grupos que tomaría
a su cargo la concesión.
Los planes de retiro
voluntario de agentes fue deteriorando la capacidad operativa de
la AFIP, que hoy está en franca crisis. Es la coyuntura de
la que se aprovechó la avanzada pro-privatizadora, y que
Cavallo utilizará para reclamar la vuelta del organismo,
hoy dependiente de Jefatura de Gabinete, a Economía.
|
EN
ECONOMIA TIRAN BUENAS ONDAS
Vida color de rosa
El secretario de Política
Económica, Federico Sturzenegger, consideró que fue “un
error” de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s haberle
bajado la nota a la deuda argentina, negó que haya presiones del
mercado para adelantar el canje de deuda y aseguró que “la
economía no sigue cayendo”. Pronosticó además
que la tasa de crecimiento prevista para el año, del 2,5 por ciento,
se va a alcanzar, porque el consumo se recuperará durante el actual
trimestre y “en la segunda mitad del año lo que va a impulsar
el crecimiento será la inversión”. Confesó,
por otra parte, no entender por qué se habían instalado
en el mercado dudas sobre la voluntad de la Argentina en honrar sus compromisos.
“Pero no sobre la capacidad de pago”, aclaró.
“Ya hace seis meses que el nivel de actividad se mantiene constante
o creciendo un poquito”, estimó el funcionario ante la prensa.
Anticipó que el crecimiento en el segundo trimestre con respecto
al primero del corriente año resultará del 0,3 por ciento,
similar a la evolución que se observó entre el primer trimestre
de este año y el último del pasado.
El titular de Política Económica intentó disimular
la preocupación que causa en el Palacio de Hacienda la suba del
riesgo país y la baja de calificación a la deuda argentina
dispuesta por S&P. “A medida que se vayan despejando las dudas,
las tasas irán bajando”, respondió, pero admitió
también que la incertidumbre financiera estuvo potenciada por la
reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y por el proyecto
de ampliar la Convertibilidad mediante la inclusión del euro. Con
respecto a la agencia Standard & Poor’s, Sturzenegger opinó
que “han cometido un error muy grande”.
Sturzenegger comentó que durante su reciente viaje por Estados
Unidos, este último fin de semana, recogió una visión
más favorable de la Argentina que la que había percibido
un par de semanas atrás en su visita a países europeos.
Añadió que el anuncio del canje de deuda tuvo como finalidad
calmar a los mercados y enviar una señal de que la Argentina cuenta
con los elementos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.
Señaló que su implementación demandará al
menos dos o tres semanas hasta tanto se cierren todos los trámites
administrativos.
Desestimó que los operadores del mercado estén presionando
para adelantar el canje de deuda y aseguró que el Ministerio de
Economía “se tomará su tiempo para decidir cuándo
se realizará”. Sturzenegger señaló que esa operación
“viene a completar una serie de medidas para buscar la reactivación,
lograr la eficiencia fiscal, el financiamiento y la ejecutividad política”,
pero que sin ella “igual el riesgo país caerá”
por las mejores perspectivas de la economía en general.
|
El
FMI no tiene fe en que funcione
|
El Fondo Monetario Internacional puede ser uno de los principales
detractores del proyecto cavallista de privatizar la recaudación
tributaria. Tal como reveló Página/12 en su edición
del domingo, un informe confidencial de ese organismo no descarta
la posibilidad de tercerizar algunas funciones que actualmente corresponden
a la Administración Federal de Ingresos Públicos, pero
advierte sobre los riesgos de encarar esta tercerización en
un país como Argentina.
Las advertencias del Fondo están expresadas en un apéndice
del trabajo titulado “Argentina, nuevos desafíos para
profundizar la administración tributaria”, en el que también
apunta a otras presuntas debilidades de la Administración Federal
de Ingresos Públicos: no contar con un plan centralizado para
combatir la evasión ni con sistemas informáticos apropiados
para encarar esa batalla, al margen de la “corrupción
interna”, a la que alude expresamente.
El FMI también subraya que una eventual privatización
“no resuelve problemas de acatamiento fundamentales que existen
cuando las leyes son complejas y cuando el respaldo judicial al acatamiento
es débil (...) y especialmente si un país alberga una
gran economía informal”. Pero al margen de esos problemas
imputables a la administración argentina, los técnicos
del organismo multilateral también alertan que la tercerización
“no es sencilla y a menudo no logra los incrementos en la efectividad
o eficiencia” buscados.
Después de exponer estos reparos, el documento da pautas acerca
de cómo organizar una eventual privatización. Una es
limitarla al cobro de los impuestos en mora (algo semejante a lo que
hizo José Manuel de la Sota en Córdoba). Otra es preservar
para el Estado las “responsabilidades centrales” como la
liquidación, fiscalización y penalización de
contribuyentes incumplidores.
El FMI sí propugna una participación activa de los bancos
en el cobro de impuestos, pero advierte que acuerdos de este tipo
resultaron un fracaso en países en desarrollo: el supuesto
es que ideas exitosas en países desarrollados suelen no serlo
en los emergentes.
Pero si Argentina quisiera embarcarse en una experiencia privatizadora,
los hombres de Horst Köhler recomiendan “evitar el apuro”
y subordinar todo el proceso al control de un funcionario de alto
rango quien, entre otras cosas, debería estar atento a la posibilidad
de que los responsables de privatizar se vean tentados por la búsqueda
de un beneficio personal. |
Como
si nada alcanzara, el riesgo
país volvió a los 1000 puntos
|
Se cerró un acuerdo con el FMI, se prometió
reducir el gasto público, se lanzó otro impuestazo y se anunció
el megacanje de deuda pero en la city siguen dándole la espalda
a Domingo Cavallo. Con el actual nivel del riesgo país, es dudoso
el éxito del trueque de bonos.
|
|
Por Claudio Zlotnik
El riesgo país volvió
a subirse al escalón de los cuatro dígitos. Después
de dos días en los que había finalizado por debajo de los
1000 puntos, ayer el riesgo país terminó por arriba de esa
marca: exactamente en 1007. Una suba de 17 puntos respecto de la jornada
anterior. Por su parte, las acciones recuperaron una pequeña porción
de lo que habían perdido anteayer y mostraron un alza del 0,5 por
ciento. En este contexto, se complican las chances de que el Gobierno
tenga éxito con el megacanje de deuda. Justamente, esa operación
es el comodín que guarda Domingo Cavallo para intentar sacar a
la economía del pozo.
Desde que el mediterráneo regresó al Palacio de Hacienda,
el riesgo país nunca perforó la barrera de los 900 puntos.
Incluso, tuvo picos de hasta 1300. A pesar de que el ministro cambió
sustancialmente su discurso y empezó a “hablarle a los mercados”,
el riesgo país se resistió a bajar. Tampoco alcanzaron el
anuncio de un nuevo ajuste en el gasto, ni el impuestazo ni el flamante
acuerdo con el Fondo. Insaciables, los agentes del mercado desatienden
cada movida del Gobierno porque, justifican, el problema de fondo no se
resuelve: la economía sigue deprimida.
Mientras tanto, el nivel actual de riesgo país significa que en
el supuesto de que Economía vaya a pedir prestado en los mercados
internacionales le exigirían una tasa de interés de entre
13 y 16 por ciento anual, dependiendo de si el crédito es de corto
o de largo plazo, respectivamente. Bajo estos parámetros es imposible
ver una economía en crecimiento. Esta fue una de las razones por
la cual la agencia estadounidense Standard & Poor’s degradó
la calificación de la Argentina a un nivel similar al de Ecuador
e Indonesia, dos países que cayeron en default.
En línea con ese análisis, la disparada del riesgo país
tiene que ver con la percepción de los inversores de que la Argentina
no podrá cumplir con los pagos de la deuda en el corto plazo. Por
esta razón, los mercados internacionales se cerraron y Cavallo
se tuvo que limitar a pedir prestado a los bancos para refinanciar los
pasivos. Pero este escenario tiene un límite. Y para salir de este
callejón sin salida, el ministro aceptó la sugerencia de
su amigo banquero David Mulford y lanzó el megacanje. La operación,
estimada en 20.000 millones de dólares, permitiría despejar
los vencimientos de corto plazo y así impulsar una baja de las
tasas de interés que desemboque en el postergado despegue económico.
Sin embargo, algo está fallando. El anuncio del megacanje enfrió
el riesgo país durante unas pocas jornadas, pero ha vuelto por
encima de los 1000 puntos. Y si persiste este clima, el éxito de
la operación será dudoso. Para canjear sus títulos
de corto plazo, los bancos e inversores extranjeros tendrían que
reclamar una tasa de interés altísima para recibir los de
largo plazo poniendo en tela de juicio la capacidad de repago en el futuro.
Sin certezas de que se pueda cumplir, el megacanje tendría muy
pocos interesados e iría al fracaso. Para hablar de éxito,
analistas del microcentro calculan que la operación debería
reportar un ahorro anual de 4000 millones de dólares, en los próximos
cuatro o cinco años, en los pagos de los servicios de la deuda.
En la city admiten que, tras el anuncio formal del megacanje, se abrió
un compás de espera. Que el riesgo país se mantendrá
en los niveles actuales hasta que se conozcan más detalles de la
operación. Hay banqueros, incluso, que advierten que si este contexto
no afloja, Cavallo podría negociar las condiciones del trueque
directamente con las entidades financieras. “Sería un acuerdo
privado, sin una licitación pública”, deslizó
un financista en diálogo con este diario. Esta fórmula sería
muy distinta a la que está proponiendo el Gobierno: en vez de voluntario,
el canje sería compulsivo. Por ahora, el equipo económico
no quiere dar el brazo a torcer, y varios funcionarios salieron de gira
por Estados Unidos y Europa para explicar la propuesta. En contrapartida,
Standard & Poor’sbajó la calificación de la Argentina,
entre otros motivos, porque existen dudas de que el canje tenga éxito.
Desde que se anunció la operación, los muchachos de Cavallo
guardan en secreto los detalles del megacanje hasta tanto los entes reguladores
bursátiles de Argentina y Estados Unidos den el visto bueno. Pero
saben que corren contra reloj. En unos diez días esos informes
estarán listos y tendrán que dar el paso decisivo, convocando
a los poseedores de títulos públicos.
|
Tío Alan Bajada
En Wall Street existe consenso de que Alan Greenspan volverá
a bajar la tasa de interés, el miércoles que viene.
Una encuesta realizada entre los principales 25 economistas de Nueva
York reveló que la mayoría piensa que la Fed recortará
la tasa en medio punto, lo que la llevaría al 4 por ciento
anual. Incluso, varios bancos de inversiones coincidieron en que
el costo del dinero caerá al 3 o 3,5 por ciento hacia finales
de este año. De ser así, la tasa volvería al
mismo nivel que mostraba en 1994. Curiosidades del destino, en ese
momento Domingo Cavallo también estaba al frente de Economía
y la política de la Fed contribuyó para que el PBI
se expandiera con fuerza. Ahora, Cavallo necesitaría otra
vez una ayudita del Tío Alan.
|
REACCIONES
POR EL BOCHAZO DE LA CALIFICADORA S&P
El alumno pide reconsideración
La rebaja en la
calificación de la Argentina por parte de la agencia internacional
Standard & Poor’s deparó distintos análisis por
parte de los economistas. Desde el Gobierno, el canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini optó por continuar la visión crítica mostrada
por el equipo económico respecto de la decisión de S&P.
“Estas calificadoras hacen su tarea. Pero su criterio es muy conservador.
Se entiende: ellas están resguardando el interés de los
inversores”, destacó ayer desde Tokio.
Desde el otro lado del mostrador, Laura Finland Katz, directora de S&P
en Nueva York, justificó la decisión de la agencia. “Hasta
el momento no se han visto señales de que el país vaya a
reactivarse”, dijo. No obstante, aclaró que el país
“no está cerca de la cesación de pagos en el corto
plazo. Ecuador está más abajo que Argentina”, apuntó,
aunque ambos países están calificados con la nota C para
la deuda de corto plazo.
Diversos economistas señalaron que el proyectado megacanje de títulos
de la deuda ayudarán a modificar la percepción sobre la
Argentina, aunque al mismo tiempo se admite que esa operación será
costosa. Fue el caso de Manuel Solanet, de FIEL. “Aunque la Argentina
tenga que pagar un elevado costo por canjear bonos, esa es la única
forma de comenzar a reducir fuertemente el riesgo país”, precisó.
La agencia de riesgo inglesa Fitch Ibca confirmó ayer la nota de
la Argentina, tras haberla degradado el último 28 de marzo al considerar
que el país no tenía disponibles fondos en los mercados
internacionales para refinanciar sus pasivos. No obstante, la calificadora
aclaró que la condición para no bajarla otra vez es que
el megacanje sea voluntario para los tenedores de títulos.
Por su parte, el economista de la CTA Claudio Lozano criticó con
dureza a Standard & Poor’s. “Las calificadoras funcionan
en base a evaluaciones precarias. Utilizan los mismos instrumentos para
medir economías que son completamente diferentes”, apuntó.
Por otra parte, señaló que el aumento en las tasas de interés
que le cobran al Gobierno “es una muestra de que los mercados quieren
más ajuste. Los inversores no son agentes neutrales”.
|
