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Por Cledis Candelaresi
 El titular de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI) detalló ante el Congreso
español aspectos clave de su Plan Director para reestructurar Aerolíneas
Argentinas, que difícilmente pueda considerarse de salvataje. Según
precisó días atrás Pedro Ferreras en Madrid, es poco
probable que la empresa privatizada reciba los 650 millones de dólares
que el holding hispano –accionista mayoritario de AA– prometió
capitalizar en julio del 2000. Con idéntica sinceridad, el funcionario
dejó en claro que las inminentes reducciones salariales no invalidan
el objetivo de expulsar 1347 empleados.
Revelaciones semejantes hubiesen sido impensables en un informe brindado
en Argentina, en pleno conflicto con los gremios y cuando el Gobierno
analiza cómo evitar la caída libre de la compañía
sin que el Tesoro aporte fondos. Pero los datos fueron brindados por Ferreras
el 24 de abril y ante diputados de la Comisión de Hacienda de España,
cuya preocupación prioritaria es cuidar las finanzas que administra
José María Aznar.
“El Plan Director incluye una capitalización de hasta 650
millones. Pero tengan en cuenta que una buena cantidad ya fue puesta por
la SEPI en estos años, vía aportación a cuenta de
ampliación, con el objeto de subsanar aquellas deudas”, aclaró
el funcionario hispano, pulverizando cualquier ilusión de que los
socios europeos aporten dinero fresco a la compañía. Desde
el mismo momento en que la SEPI presentó al ex ministro de Infraestructura,
Nicolás Gallo, el denominado “plan de rescate”, la promesa
de capitalizar se insinuaba como un bluff. Apenas una formalidad para
que el gobierno local avale una reestructuración, que incluye impolíticos
despidos.
También desde entonces, el discurso oficial estuvo orientado en
un único sentido, bien fuera con Gallo en Infraestructura, antes,
o con Patricia Bullrich en Trabajo, ahora. La intención del Gobierno
es inducir a los gremios a que acepten flexibilizar las condiciones de
trabajo –incluidas rebajas salariales de entre el 6 y el 20 por ciento–,
para evitar una barrida masiva.
Este criterio estuvo plasmado en un modelo de acuerdo que impulsó
el viceministro Anselmo Riva y que, de haber prosperado, hubiera derrumbado
las convenciones colectivas a cambio de una dudosa estabilidad en los
puestos de trabajo por dos años. Bullrich habría promovido
algo semejante en una reunión que el martes mantuvo con cinco de
los siete gremios del sector. Los dos restantes, azafatas y técnicos
aeronáuticos, son los más renuentes a cualquier acuerdo.
Sin embargo, la versión taquigráfica del encuentro de Ferreras
con los legisladores hispanos pone en duda que la modificación
en convenciones colectivas sea, realmente, moneda de cambio para evitar
despidos. “Se presentó también una importante reestructuración
laboral, reordenando los gremios, las categorías laborales y las
prestaciones de cada uno de los convenios, que también supone la
reducción de 1370 puestos de trabajo en Aerolíneas Argentinas,
respecto a un colectivo de unos 6500”, detalló el hombre de
la SEPI ante los parlamentarios.
“La SEPI tiene la decisión de seguir adelante con la implantación
de ese plan (refiriéndose a la política laboral). Y para
eso instrumentará las medidas oportunas que permite la legislación
vigente, incluso las resoluciones (¿rescisiones?) forzosas de los
contratos de trabajo.” Poco después de esta advertencia ante
el parlamento español, la conducción de Aerolíneas
expulsó a 200 empleados, reincorporados al amparo de la conciliación
obligatoria.
El actual ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, el martes reiteró
en Diputados otra de las consignas oficiales para el tema Aerolíneas:
no intervenir en forma directa con fondos ni decisiones que le competen
al directorio de la empresa privatizada. “Para el gobierno, debe
ser tratada como una empresa privada”, aseguró el funcionario.
Pero esta prescindenciaes relativa. Aunque el Estado es socio minoritario,
hace rato que resignó su poder de veto sobre las decisiones. Sin
embargo, la promesa de SEPI de capitalizar 650 millones tuvo como contrapartida
el compromiso estatal de aportar el equivalente por su 5 por ciento de
acciones.
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Protestas y propuestas
La sede de Aerolíneas Argentinas, ubicada en Perú
y Rivadavia, fue abrazada ayer a la tarde por trabajadores de la
Asociación del Personal Aeronáutico, en protesta por
la demora en el pago de salarios. En tanto, otro grupo de trabajadores
decidió ayer instalarse en una suerte de “campamento”
en el hall central del Aeroparque Jorge Newbery. Por su parte, en
la sede del Congreso, diputados de distintas bancadas presentaron
un proyecto de resolución para que sea el Poder Ejecutivo
quien intente una solución a la crisis de la empresa, vía
negociación directa con el gobierno español. La intención
de los legisladores –incluyendo a los titulares de la bancada
oficialista y del PJ, Darío Alessandro y Humberto Roggero–
es que el Gobierno tenga una participación activa en la definición
de la crisis y abandone su criterio de tratar a Aerolíneas
como empresa privada. “No queremos la quiebra. Queremos que
el gobierno español saque la empresa adelante y mejore su
funcionamiento”, aseguró ayer Patricia Bullrich. La
ministra de Trabajo intentó aventar los temores que provocaron
las declaraciones formuladas el día anterior por su par de
gabinete Carlos Bastos. El ministro de Infraestructura, sugirió
como una posible solución que Aerolíneas Argentinas
se declare en quiebra, aunque a condición de que los españoles
se hagan cargo de la multimillonaria deuda de la compañía
y que aparezca un socio privado sustituto. Bullrich también
admitió ayer que posiblemente hoy convoque a la empresa y
a los gremios, presumiblemente para discutir las condiciones laborales.
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CONTROVERTIDA
REASUNCION EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Chevallier-Boutell, el mismo de Videla
Por Julio Nudler
Juan Pablo Chevallier-Boutell
viene de asumir por segunda vez en su vida la Superintendencia de Seguros
de la Nación. La primera fue durante la dictadura militar de Videla
y Massera. Esta vez lo eligieron Domingo Cavallo, ministro de Economía,
y Daniel Marx, secretario de Finanzas. Página/12 había anticipado
la polémica designación de este abogado del estudio Beccar
Varela, con fuerte inserción personal en varias aseguradoras extranjeras
(además de aquéllas vinculadas a ese bufete), lo que lo
inhabilitaba manifiestamente para convertirse en la autoridad reguladora
del sector. Pero este obstáculo habría sido salvado, según
señalaron a este diario fuentes de Finanzas, mediante la altruista
renuncia de Chevallier a todos sus cargos privados, a lo que añadió
una carta dirigida a la Dirección de Políticas de Transparencia,
de la Oficina Anticorrupción. En la esquela promete abstenerse
en toda decisión concerniente a las firmas en las que estuvo involucrado
hasta ayer mismo. Lo que no pudieron aclarar cerca de Marx es quién
resolvería en tales casos, que no serán pocos, a juzgar
por la frondosa actividad empresaria del flamante superintendente. Además,
el resto de las compañías compite con aquellas o son sus
clientes, por lo que el ex funcionario procesista debería vivir
excusándose.
El nombramiento de Chevallier generó zozobra entre las aseguradoras
nacionales, convencidas de que profundizará la extranjerización
del sistema. La inquietud quedó expresada ayer en un comunicado
emitido por el diputado Héctor Polino, miembro de Argentina República
de Iguales, en el que menciona los intereses privados del superintendente.
Chevallier es (o era) vicepresidente de St. Paul Compañía
Argentina de Seguros (filial de la estadounidense); director titular de
ACE Seguros (ex grupo Syrius); director suplente de Cigna (estadounidense);
síndico titular de Galicia Vida y de Hartford Seguros de Retiro
(estadounidense), y representante en la Argentina de las reaseguradoras
extranjeras Connecticut General Life Insurance y NAC (North American Company)
Reinsurance International, y del broker Willis.
A Cavallo y Marx les interesan particularmente las aseguradoras en tanto
inversores institucionales, en cuyas carteras hay títulos públicos
por casi $ 2800 millones. Los activos del mercado asegurador argentino
totalizan unos $ 10.000 millones. Un 55 por ciento de esos activos son
inversiones, y la mitad de éstas está colocada en bonos
estatales de deuda. Pero nada obsta para que Hacienda pueda introducir
muchos más títulos en las compañías de seguros
ya que, a diferencia de lo que ocurre con las AFJP, no hay un tope legal
para la inversión en deuda pública.
Lo que sí establecen las normas es que los activos deben estar
radicados en la Argentina, obviamente porque así pueden ser embargados
eventualmente para responder ante los asegurados. Sin embargo, por vía
de excepción, la Superintendencia admitió que ciertas compañías
extranjeras tuvieran los títulos del Tesoro argentino depositados
en Nueva York. Los competidores locales indican que resoluciones discrecionales
como ésa sesgan las reglas de juego en contra de ellas. También
temen que la SSN eleve los requisitos de reservas técnicas, hasta
niveles que las compañías nacionales no puedan cumplir,
o manipule la admisión de rubros dentro del patrimonio neto exigido.
Polino recuerda que, por la ley de Etica Pública, debería
transcurrir por lo menos un año antes que Chevallier pudiera ocupar
un cargo público vinculado a su actividad privada. En Finanzas
aducen que esa restricción queda salvada con la prometida abstención,
y añaden que inevitablemente un tema “tan técnico”
como el del seguro exige que se encargue de él un especialista.
Pero, por las dudas, prefirieron una (re)asunción discretísima,
sin ceremonia ni pompa.
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