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Por Eduardo Tagliaferro
 En la causa por la venta de
armas, nada será igual luego de que Luis Sarlenga rompiera el pacto
de silencio que envolvía la maniobra. La importancia de las nuevas
pruebas aportadas el martes por el ex interventor en Fabricaciones Militares
explicaba el frenético trabajo que ayer se pudo observar en los
despachos de los funcionarios judiciales. A pesar del cerrado mutismo
que mostraban los conocedores del expediente, producto de la reinstalación
del secreto del sumario, era evidente que tanto el juez Jorge Urso como
el fiscal Carlos Stornelli estaban adoptando medidas para constatar la
veracidad de los documentos presentados por Sarlenga, entre ellos recibos
de pago realizados por Fabricaciones Militares. Las nuevas declaraciones
de Sarlenga cuestionarían fuertemente los testimonios entregados
a la Justicia por Emir Yoma y Antonio Erman González.
Los encargados de la investigación judicial saben que no tienen
mucho tiempo para perder. No sólo porque el 13 de julio, día
en que deberá declarar Carlos Menem, no está tan lejano
como parece. también, sino fundamentalmente porque desde que se
involucró al ex presidente, el menemismo puso a jugar todas sus
fichas para evitar que su Jefe suba los escalones de Comodoro Py. Entre
las posibles maniobras que ponen en guardia a los instructores judiciales
está el posible recusamiento de Urso, hecho que llevaría
a que la causa sufriera una gran demora. Más de un año tendría
que invertir un nuevo magistrado en la lectura de todo el expediente.
Un funcionario judicial, consultado por Página/12, explicaba la
rápida investigación iniciada en el Consejo de la Magistratura
contra Urso por la acusación de enriquecimiento ilícito,
como un intento de correrlo de la causa que hace perder el sueño
al menemismo. “Es una carrera contra el reloj llegarán a desplazar
a Urso antes del 13 de julio”, decía ante este diario un destacado
miembro del fuero federal que concluía su especulación afirmando
que “aunque fuera el peor juez federal su separación no respondería
la principal pregunta de esta causa: ¿dónde están
los cañones enviados a Croacia?”.
El ex ministro de Defensa Antonio Erman González deberá
responder ante el juez en lo penal económico Julio Speroni qué
sabe de las 260 toneladas de pólvora que embalada en contenedores
fue despachada en el barco “Opatija” en noviembre de 1993 rumbo
al puerto de Rijeka en Croacia (ver página 7). Supuestamente la
pólvora había sido destruida en la localidad cordobesa de
Serrezuela, incluso un acta, que se demostró falsa, acreditaba
el hecho. Veinte días después de la supuesta quema, la pólvora
marchaba hacía la Dársena D del puerto de Buenos Aires en
24 camiones. En esta causa Erman está acusado de contrabando calificado,
un delito no excarcelable, por lo que deberá enfrentarse nuevamente
con la posibilidad de quedar detenido luego de su declaración.
Por la compra de la pólvora, el traficante Diego Palleros reconoció
haber pagado 2.500.000 dólares, dinero que no ingresó a
las arcas estatales por una razón lógica: no era una venta
autorizada por ningún documento oficial, por más amañado
que éste fuera.
Aunque luego de su declaración ante Urso, Erman dijo que “creía
que la pesadilla había terminado”, lo cierto es que su situación
judicial parece comprometerse todos los días un poco más.
El fiscal federal Carlos Cearras reclamó al gobierno de Fernando
de la Rúa todos los antecedentes sobre la venta de la Fábrica
de Elaboración de Cobre y Aluminio (ECA) y de la planta de Tolueno
Sintético, ubicada en la localidad bonaerense de Campana. La investigación
de Cearras le fue delegada por el juez Jorge Ballestero y se inició
por un anónimo que recibiera el fiscal Stornelli en el que se detallan
las supuestas coimas que rodearon a la venta de esos activos que pertenecían
a Fabricaciones Militares. Según el informante anónimo la
fábrica ECA estaba valuada en 150 millones de dólares y
elprecio de venta fue de 15 millones de los cuales 9 fueron utilizados
para pagar indemnizaciones. En el caso de la fábrica de tolueno
sintético su valuación sería de 2.500.000 dólares
y se vendió por 250 mil dólares. ¿Puede imaginar
la coima?, se preguntaba el anónimo.
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El próximo
es González
El actual embajador argentino en Estados Unidos, Guillermo González,
será indagado mañana por el juez federal Jorge Urso
en el marco de la investigación por la venta ilegal de armas
a Ecuador y Croacia. Fue el ex interventor de Fabricaciones Militares,
Luis Sarlenga, quien involucró a González en la operación.
El objetivo del juez es interrogar al embajador –quien tuvo
que volver de apuro de los Estados Unidos– por su actuación
en diciembre de 1994, cuando era subsecretario de Política
Exterior del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di
Tella, quien, a su vez, fue citado para el 24 de mayo próximo
para ser indagado como miembro de una asociación ilícita.
González fue nombrado como embajador en Estados Unidos por
el presidente Fernando de la Rúa a pocos días de haber
asumido. Cuando se supo que Sarlenga lo había involucrado
en el escándalo de la venta de armas, se llegó a hablar
de su renuncia al puesto, pero el canciller Adalberto Rodríguez
Giavarini desmintió esa versión.
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DENUNCIA
DE SEINELDIN CONTRA CARLOS MENEM
“El ordenó la venta de armas”
Por
E. T.
“Parte de
la (presunta) coima pagada por las ventas de armamento ha ido a la fortuna
de (Carlos) Menem. Luego hay un reparto entre todos”, dijo ayer en
declaraciones radiales el ex coronel Mohamed Alí Seineldín.
El titular de los carapintadas, que viene insinuando su voluntad de declarar
en la causa judicial, no dudó en afirmar que el ex presidente estaba
al tanto del destino que tenía el armamento.
Seineldín sostuvo que “Menem ordenó la venta de armas
a Ecuador y Croacia a pedido de los Estados Unidos y cobró una
comisión por ello”. Para fundamentar sus dichos Seineldín
recordó declaraciones que le habría efectuado el actual
apoderado del PJ, César Arias, respecto a que “quién
manejaba las ventas de armamentos y cobraba retornos”, era Menem.
Arias había sido uno de los dirigentes que ofició de nexo
entre Seineldín y Menem, luego de los levantamientos carapintadas
realizados en el gobierno de Alfonsín. En esos diálogos
el líder de los carapintadas creyó entender que sería
el jefe del Ejército una vez que asumiera Menem. Para atenuar el
quiebre de la promesa, cuando Menem llegó al gobierno nombró
a Seineldín agregado militar en Panamá. Aquel país
centroamericano en el que, luego de la invasión norteamericana
que desplazó a Manuel Noriega, se disolvieron sus fuerzas armadas.
El mismo país al que según los decretos firmados por Menem
se dirigía el material bélico enviado a Croacia.
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