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Antonio Erman González podría convertirse en el segundo
menemista que termina preso por el escándalo de la venta de armas,
no como miembro de una asociación ilícita sino como contrabandista.
Es un buen declarante, según afirman los funcionarios que lo han
escuchado, y hoy podrá ponerlo otra vez en evidencia. Será
indagado por el juez penal económico Julio Speroni por presunto
contrabando agravado de pólvora a Croacia. El ex ministro podría
ser detenido al finalizar el interrogatorio porque ese delito –de
carácter económico, penado en el Código Aduanero–
no es excarcelable. Pero el magistrado podría decidir postergar
la definición sobre su situación procesal y, por lo tanto,
sobre su libertad. Tiene diez días, aunque ese plazo es muy flexible
desde el punto de vista procesal. En esa causa están imputados
el ex presidente Carlos Menem y el ministro de Economía Domingo
Cavallo.
Speroni lo había citado en principio para el 27 de abril, luego
postergó la declaración para el 7 y finalmente lo indagará
hoy. Cuando trascendió la citación su abogado, Fernando
Archimbal, admitió que su cliente podría quedar “más
de un año preso”. Y Erman salió a decir que la Justicia
debía citar a “todos los que firmaron los decretos” que
posibilitaron la maniobra, en obvia alusión a quienes aún
no fueron convocados: el ex presidente Carlos Menem y el ministro de Economía
Domingo Cavallo.
Fuentes de la justicia Federal aseguran que “la causa de Speroni
son sólo fotocopias de la de Urso” y agregan que cada vez
que avanza la investigación en la justicia penal federal (Urso)
el magistrado en lo penal económico sale con una medida “espectacular”.
Si Erman es considerado partícipe secundario del contrabando agravado
no irá preso. Speroni ya procesó a un funcionario de Aduana
como partícipe primario que difícilmente tuviera más
responsabilidad que Erman. Este juez investiga la exportación ilegal
de 4500 toneladas de material bélico a Croacia entre 1991 y 1994,
por medio de los embarques en los buques Opatija, Senj, Grobnick, Ledenice
y KRK, todos pertenecientes a la empresa naviera Croatia Lines. Esa operación
violó el embargo de las Naciones Unidas y los reglamentos del Código
Aduanero, que en su artículo 867 castiga con una pena de 4 a 12
años de prisión el contrabando de “elementos explosivos,
agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales
que pudieren afectar la seguridad común”. Speroni elevó
parte del expediente a juicio oral y se quedó con una parte que
apunta a la autoría intelectual de la maniobra.
Cuando aún era ministro, Erman declaró por escrito pero
en 1999 se presentó ante el juez para asegurar que no participó
de la maniobra. Como titular de la cartera de Defensa firmó los
decretos 1697 y 2283 que autorizaron la supuesta exportación de
material bélico a Panamá, que terminó en los Balcanes.
El ex ministro de Defensa está procesado por falsedad ideológica
en la causa madre sobre venta de armas que instruye el juez Jorge Urso
y la semana pasada fue indagado bajo el cargo de presunto integrante de
una asociación ilícita. Se especuló en ese momento
con la posible detención de Erman, dado que el fiscal Carlos Stornelli
lo acusó de ser uno de los organizadores de la banda. Pero Urso
prefirió decidir su situación procesal cuando resuelva la
de los otros tres ex funcionarios imputados, el ex canciller Guido Di
Tella, el ex jefe del Ejército Martín Balza y Menem. Esto
ocurrirá recién después del 13 de julio.
Mientras tanto, el juez Urso aún no fijó fecha para la ampliación
de la indagatoria de Emir Yoma solicitada por su abogado Mariano Cúneo
Libarona. Según comentaron fuentes judiciales “está
ocupado” en el análisis de los dichos del ex interventor de
Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, que declaró durante ocho
horas el martes. El magistrado volvió a implantar el secreto de
sumario y los investigadores llenaron tres hojas con medidas que están
realizando en estas horas, a partir de los nuevos datos que aportó
Sarlenga. Mañana será indagado el actual embajador argentino
en Estados Unidos, Guillermo González, quien fue involucrado en
la causa porSarlenga (ver recuadro). El 24 será el turno de su
ex jefe, Guido Di Tella, el 13 de junio el de Martín Balza y un
mes después declarará Menem.
PERFIL
DEL HOMBRE QUE RESOLVERA SOBRE GONZALEZ
Un juez de carrera y de bajo perfil
Aunque ya pasó los sesenta,
se mantiene en forma. Juega al tenis todos los sábados, cuida su
bronceado y gusta acompañar sus comidas con buenos vinos tintos.
El juez Julio Speroni resguarda al extremo su vida privada y mantiene
un bajo perfil, aunque habita el sexto piso del frecuentadísimo
edificio de Comodoro Py. Pertenece al fuero penal económico, que
algunos abogados llaman sarcásticamente “penal cómico”
por su conocida baja performance.
Nació en Capital Federal, es casado, tiene dos hijos y vive en
Adrogué. Ingresó a la Justicia en 1956, pasó por
todos los cargos administrativos y en 1989 el Senado aprobó su
pliego para ocupar el juzgado nacional en lo penal económico número
3. Por sus manos pasó el caso Operación Langostino y protagonizó
un confuso episodio por el que fue sancionado el suspendido juez del mismo
fuero Guillermo Tiscornia. En la puerta de su despacho hay un cartel que
advierte a los visitantes “si quiere hablar con el juez apague el
celular”. Y adentro hay otro que reza “nunca pierdo el buen
humor”. Speroni llevó la causa por contrabando contra el ex
entrenador Daniel Pasarella.
En 1998 fue denunciado por el entonces titular de la AFIP,Carlos Silvani
por sospechar que habría favorecido la acción de evasores
impositivos. Silvani acusó también a Tiscornia con fundamentos
tomados de las decisiones de Cámara que dieron marcha atrás
con medidas de los magistrados, tras apelaciones realizadas por la Aduana,
la DGI o el Senasa. Silvani promovió el juicio político
contra Speroni por considerar que otorgó protección al grupo
frigorífico Guerra y lo acusó de “cajonear” el
caso de una empresa de medicina prepaga. El magistrado también
fue sancionado por la Cámara de Apelaciones del fuero con una multa
equivalente al 15 por ciento de su remuneración.
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