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Por Washington Uranga
 El próximo sábado,
cuando culmine la asamblea plenaria del Episcopado católico que
se está celebrando en San Miguel, los obispos darán a conocer
un nuevo documento en el que harán un enérgico llamado a
cambiar el rumbo de los acontecimientos y a la responsabilidad común
de cuidar a los pobres y los débiles, pero destacando también
motivos de esperanza. El texto incluirá un llamado de atención
particular a los dirigentes de todo tipo a quienes reclamarán,
una vez más, “magnanimidad” para actuar por encima de
sus propios intereses personales y en función del bien común.
El pronunciamiento sobre la cuestión social, uno de los dos documentos
que los obispos darán a conocer, está siendo elaborado por
una comisión designada por la asamblea y, según afirmaron
fuentes episcopales, tendrá un tono muy similar a la declaración
de noviembre último titulada “Afrontar con grandeza nuestra
situación actual”.
Ramón Artemio Staffolani, obispo de Río Cuarto y Secretario
Ejecutivo de la Pastoral Social, actuó como vocero de sus pares
para señalar que “a nadie se le escapa que la situación
del país es muy difícil” y frente a ello los obispos
reclaman “gestos de magnanimidad de parte de toda la dirigencia para
pensar en el bien de toda la comunidad”. Otro de los voceros, el
obispo Mario Cargnello, arzobispo de Salta, dijo que “no tenemos
soluciones mágicas, pero hacemos un llamado a la responsabilidad
de los mejores, de los responsables, de los dirigentes” especialmente
porque “no podemos dejarnos vencer por el desaliento de las situaciones
difíciles”.
El intercambio de opiniones sobre la realidad nacional realizado al comenzar
la asamblea sirvió para trazar un panorama sumamente preocupante
de la realidad nacional, en particular de los aspectos sociales. En plenario
cada uno de los obispos fue exponiendo su punto de vista, la información
y los desafíos que los datos recogidos plantea a la labor de la
Iglesia. Rápidamente los miembros de la jerarquía católica
llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de decir una palabra y encargaron
a una comisión integrada por tres obispos para redactar un borrador.
Las indicaciones que recibieron los redactores apuntan a mantener el tono
del documento de noviembre, utilizando un lenguaje directo y crítico
que pueda ser fácilmente comprendido por todas las audiencias.
La mayoría de los miembros de la asamblea quisiera una declaración
que rompa con la sensación de que no existen caminos alternativos
al elegido por los últimos gobiernos en materia económica
y social, haga un señalamiento crítico de la situación,
pero también de las responsabilidades de todos los sectores, en
particular de la dirigencia. Conscientes de la angustia que agobia a gran
parte de los argentinos, los obispos buscarán introducir en su
declaración una firme convocatoria a descubrir y vivir motivos
de esperanza a pesar de las dificultades.
“La economía no se resuelve por y para la economía
misma, sino para el hombre, no se resuelve en un juego de azar”,
dijo Cargnello ante los representantes de los medios de comunicación.
Por eso, insistió, “creemos en la fuerza del gesto y en la
fuerza de la verdad”. El arzobispo salteño subrayó
que “la avaricia es una forma de idolatría; el dios es el
dinero y por ahí no sale la cosa”. Staffolani sostuvo que
para solucionar la situación actual “no hay sólo dos
caminos, sino que hay más de ochenta caminos” y dijo que “los
economistas cristianos deberían salir a la palestra para decir
cuáles son esos caminos”.
Preguntados acerca de si realmente creen que las reiteradas demandas episcopales
son atendidas por los dirigentes, los obispos señalaron que “creemos
que hay que seguir sembrando porque tenemos vocación de sembradores
en defensa de los más pobres”. Y Staffolani remató
la frase diciendo que “no todas las semillas se las comen los pájaros”.
PROYECTO
PARA REPARAR LA REPRESION
Ampliando indemnizaciones
El diputado Ramón Torres
Molina, presidente del bloque Frente para el Cambio, presentó un
proyecto de ley en el que propone la ampliación de las indemnizaciones
para los detenidos por razones políticas durante la última
dictadura militar.
Torres Molina propone que accedan a los beneficios contemplados en la
Ley 24.043 las personas que fueron detenidas y/o procesadas por órdenes
de jueces de facto en causas políticas que en su momento no fueron
puestas a disposición del Poder Ejecutivo. La ley 24.043 dispuso
indemnizar a las personas que estuvieron detenidas a disposición
del Poder Ejecutivo antes del 10 de diciembre de 1983 o que, siendo civiles,
fueron privados de su libertad por tribunales militares. “La ley
no contempló a los detenidos y/o procesados por órdenes
de jueces de facto en causas de naturaleza política que no fueron
puestas simultáneamente a disposición del Poder Ejecutivo,
por lo que se cometió una verdadera injusticia”, fundamentó
el diputado.
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