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El doble cómputo para los procesados que estén más de dos años en prisión
�conocido como ley del dos por uno� ya forma parte de la historia. Ayer,
la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que elimina ese beneficio,
instaurado por los propios legisladores hace siete años para descomprimir
la superpoblación carcelaria. Consiguieron los dos tercios de los votos,
cantidad que necesitaban para rechazar las reformas hechas hace una semana
por el Senado, que había eliminado las pocas garantías que le quedaban
a la norma. El dos por uno, no obstante, sigue vigente para los actuales
procesados: la nueva norma regirá para quienes sean detenidos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial. Los propios diputados coinciden
con los especialistas: esta reforma, por sí sola, no contribuirá a resolver
el problema de la inseguridad. El texto, aprobado casi por unanimidad,
mantiene en vigencia las garantías establecidas en el Pacto de San José
de Costa Rica, según el cual, la detención sin sentencia no debe exceder
�plazos razonables�. Y establece que un procesado no puede estar más de
dos años �extensible a tres� con prisión preventiva sin sentencia. Para
evitar demoras arbitrarias por parte de los jueces, la ley establece un
mecanismo de control: los magistrados deben informar al Consejo de la
Magistratura los motivos de las demoras en las causas. La eliminación
de ese contralor había sido una de las modificaciones introducidas por
los senadores hace una semana. La ley 24.390, conocida como del �dos por
uno�, había sido sancionada en noviembre de 1994, al calor de una ola
de revueltas carcelarias. Nació como una reparación para la inmensa cantidad
de detenidos con causas demoradas. A la vez, pretendía acelerar las causas
judiciales. La norma no cumplió ninguno de sus objetivos: hoy hay en el
país 10.000 detenidos más que en 1994 y en la provincia de Buenos Aires,
el 82 por ciento de los presos son procesados, según datos del Servicio
Penitenciario Bonaerense. En los últimos años, además, la ley fue condenada
por la opinión pública, al conocerse casos de delitos cometidos por personas
que recuperaron su libertad antes de tiempo por aplicación del doble cómputo.
Los propios diputados que la habían votado hace siete años reconocieron
ahora que la ley terminó distorsionando el sistema de penas: �Por efecto
del doble cómputo, un condenado podía pasar tantos años en prisión como
alguien que resultara absuelto, por el mismo hecho�, puso como ejemplo
un legislador. Esos cuestionamientos se combinaron con la ola conservadora
que reclama mano dura. El peronismo pugnaba por la eliminación lisa y
llana de la norma, mientras que el gobierno pretendía una reforma más
liviana, que excluyera del beneficio solo a los autores de delitos graves,
con penas superiores a los 15 años de prisión. Finalmente se logró el
consenso: se mantuvo el �plazo razonable� establecido por el Pacto de
San José de Costa Rica, se eliminó el cuestionado doble cómputo y se introdujo
una instancia de control al accionar de los jueces, de acuerdo con una
propuesta del diputado Franco Caviglia, de Acción por la República. De
acuerdo con esa modificación, los jueces que tengan a una persona detenida
más de dos años sin sentencia deberán elevar un informe al Consejo de
la Magistratura explicando por qué no se resolvió la causa hasta ese momento.
Lo mismo deberán hacer cuando ese detenido sea puesto en libertad. Con
esos datos, el Consejo de la Magistratura deberá elaborar un registro
de imputados con sentencias demoradas, listado que deberá hacerse público
anualmente. Los jueces que incurran en demoras injustificadas pueden ser
pasibles de sanciones. �Con la sanción de esta ley ¿podrían llegar a generarse
protestas o motines en las cárceles? �le preguntó este diario al diputado
Ramón Torres Molina (Alianza) uno de los que aprobaron el proyecto. �Si
los jueces la aplican bien, no va a haber problemas. Pero su mala aplicación,
sumada a la legislación de algunas provincias, que limitan la excarcelación,
puede generar conflictos carcelarios.
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Cómo fue
y cómo será
El dos por uno
 La prisión preventiva
no puede ser superior a dos años, plazo prorrogable a un
año más cuando la cantidad de delitos atribuidos al
procesado o la complejidad de las causas impidan cumplir con esos
términos (artículo 1º).
Se establece una nueva
prórroga de seis meses para los casos en que hubiese condenas
pero no estuvieran firmes (artículo 2º).
El artículo más
controvertido era el séptimo: transcurrido el plazo de dos
años, se computa cada día de prisión preventiva
como dos días de prisión.
Los fiscales pueden oponerse
a la libertad del imputado si entienden que existieron maniobras
dilatorias por parte de la defensa. El tribunal tiene un plazo de
cinco años para resolver esa cuestión (artículo
3º).
Si no hay oposición
o si ésta es rechazada por el juez, el imputado recupera
la libertad bajo la caución que el tribunal determine (artículo
4º).
Antes de recuperar la
libertad, el imputado debe fijar domicilio y avisar si va a ausentarse
del mismo por más de 24 horas por razones de trabajo (artículo
5º).
La libertad es revocada
cuando el imputado no cumple con las reglas que le impone el juez
(artículo 6º).
La ley es reglamentaria
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) (artículo 9º).
La nueva ley
Se mantiene el plazo
de dos años, prorrogable a un tercero para la prisión
preventiva sin sentencia. Pero se aclara que los plazos no se computarán
“cuando los mismos se cumpliesen cuando hay una sentencia condenatoria
que no esté firme”.
Se elimina el artículo
segundo que extiende el plazo seis meses más.
Se elimina el artículo
7º que establecía el doble cómputo.
Se mantiene el artículo
3º que habilita a los fiscales a oponerse a la libertad de
los imputados aunque no sólo cuando detecten maniobras dilatorias
por parte de la defensa sino en casos de “especial gravedad
de la infracción atribuida” al imputado.
Si se presentan recursos
contra la libertad del imputado, la salida del detenido queda automáticamente
suspendida (artículo 2º).
Cuando un imputado permanezca
dos años preso sin sentencia, el juez informará de
inmediato al Consejo de la Magistratura las razones por las que
no se llegó a la sentencia junto con todos los datos de la
causa.
Si ese imputado sale
en libertad, el juez también debe informar al Consejo. La
omisión o retardo de estos informes se considerará
falta grave.
El Consejo de la Magistratura
elaborará un registro de imputados que exceden los dos años
de detención sin sentencia, que hará público
anualmente.
La ley y sus modificaciones
serán incorporadas al Código Procesal Penal de la
Nación. Los artículos 4º, 5º, 6º y
9º quedan sin variantes.
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UN
CACEROLAZO EN CABALLITO POR LA INSEGURIDAD
“Este era un barrio tranquilo”
Unos 150 vecinos
del barrio porteño de Caballito, ruidosos y enojados, cortaron
anoche la avenida Rivadavia, en el cruce con Otamendi, para protestar
por la “falta de seguridad y los robos permanentes” que se vienen
registrando en una zona que va desde avenida La Plata hasta Primera Junta.
Durante la protesta, que se tradujo en un “cacerolazo” del que
participaron también decenas de vecinos asomados a los balcones
de los departamentos, se escucharon fuertes críticas dirigidas
a los comisarios de las seccionales 10ª y 12ª de la Policía
Federal, con jurisdicción en el lugar, a cada lado de Rivadavia,
y contra las autoridades del gobierno porteño. “A los delincuentes
la cárcel ya, a los vecinos seguridad” fue uno de los cánticos
entonados por familias enteras, desde el abuelo hasta el nieto. La esquina
de la convocatoria fue elegida porque allí, hace justo un mes,
fue asesinado un policía durante uno de los 14 robos que sufrió,
en los últimos tiempos, la pizzería Pizza Bravo.
Los primeros vecinos se fueron congregando, precisamente, en la vereda
del comercio multiasaltado. “Aquí abundan los arrebatadores,
los ladrones que roban a mano armada los comercios que están sobre
Rivadavia y caminar por el parque (Rivadavia) es imposible, de noche y
también de día”, fue el resumen que hizo una mujer
mayor que se identificó como Rosa y que aclaró –en
una de las escasas ironías de la noche– que no es aquel personaje
emblemático creado por Bernardo Neustadt. Todos se arremolinan
frente a los periodistas, para seguir aportando datos de la alarma: “Este
era un barrio tranquilo, de clase media, una clase en extinción
que ahora no puede pagar las expensas y encima, para que no la roben todos
los días, está siendo obligada a pagar seguridad privada”,
explicó una mujer de 40 años, vestida con elegancia, que
prefiere mantener su nombre en reserva.
Hernán, un joven vestido con un jogging amarillo, se ubica frente
a las cámaras de TV y reclama a los presentes que se animen “a
dar la cara”. Su mensaje apunta alto: “Hace poco, un candidato
nos dijo que iba a ser el fiscal de todos nosotros, que nos iba a garantizar
la seguridad. Nosotros lo estamos esperando porque todavía no cumplió
lo prometido”. Las quejas de los vecinos se han dirigido en los últimos
días a los representantes barriales del jefe de Gobierno porteño,
Aníbal Ibarra.
Consultado telefónicamente por Página/12, el titular del
Centro de Gestión y Participación número 6, Fernando
Muñoz, dijo que la convocatoria al “cacerolazo” provino
de “un grupo de vecinos que no se ha sumado al Consejo de Prevención
del Delito que se ha constituido hace diez días”. Muñoz
dijo que sabe de las quejas y que para el lunes está prevista una
reunión. El propio Muñoz admitió que las mayores
críticas “le apuntan a los dos comisarios” de la 10ª
y la 12ª.
Ana María, alma mater de la convocatoria vecinal, aclaró
que el problema es con la conducción de las comisarías “y
no con los agentes que vienen al barrio y que de última son laburantes
como nosotros”. Uno de esos policías, recordó la mujer,
fue el sargento Marcelino Bogado, quien murió de tres balazos disparados
por su propia arma reglamentaria, al forcejear con un ladrón desarmado
que le ganó mortalmente la pulseada. Anoche, en medio del “cacerolazo”,
dos hombres de la División Homicidios, vestidos de civil, andaban
recabando datos sobre el presunto autor del hecho. A un mes de lo sucedido
y cuando la gente reclamaba por muchas otras cosas.
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