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Votar con miedo en el país de los
guardaespaldas y los separatistas

El País Vasco se dirige este domingo a unas elecciones muy tensas. El trasfondo son los 30 muertos por la ETA desde 1999 y la esperanza de socialistas y populares de desbancar a los nacionalistas.

El rostro de Jaime Mayor Oreja cubierto de pintura roja y un volante de los separatistas.

Por Giles Tremlett *
Desde Bilbao

Mientras amanecía ayer en una tranquila calle residencial en un barrio de clase media de Bilbao, un guardaespalda inspeccionaba tachos de basura y miraba dentro de los autos estacionados. Manu Ruiz, parte de la enorme legión de guardaespaldas privados de esta ciudad, se estaba asegurando que un concejal socialista de la ciudad pudiera irse a trabajar sin resultar asesinado por separatistas vascos. “Si hay algo fuera de lugar, tengo que saber por qué,” explicó. Un suéter abultado ocultaba una pistola de 9mm y un dispositvo para bloquear las señales de radio con que se activan las bombas. Su compañero, Juan, estaba sentado en un automóvil sin placas vigilando a los pocos madrugadores que pasaban por ahí.
Por la ciudad y en los pueblos cercanos, cientos de guardaespaldas estaban haciendo exactamente lo mismo en las casas de más de 600 políticos, concejales, jueces, académicos y periodistas –todos blancos de ETA–. El País Vasco tiene la densidad más alta de guardaespaldas armados por población en toda Europa. Con las elecciones regionales del este domingo, hay un alerta especial. “Los terroristas querrán lograr sus objetivos antes del domingo”, enfatiza Ruiz. Estas son las elecciones más vitriólicas, más duramente peleadas que el País Vasco ha visto en décadas. Y todo gira en torno a un solo tema: la sangrienta campaña etarra por la independencia.
Las líneas de la batalla son claras, separando a los vascos nacionalistas de los partidos “españoles”. El Partido Popular del presidente de gobierno de España, José María Aznar, se alió con sus tradicionales enemigos socialistas en un intento de voltear al premier vasco, Juan José Ibarretxe, y su moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ocupa el gobierno regional desde hace 18 años. El PP y los socialistas responden a los asesinatos de ETA de más de una docena de sus políticos, mayormente concejales de pequeñas ciudades, en los últimos años. Acusan a Ibarretxe de alentar a ETA, y de tener una alianza secreta con su brazo político, Euskal Herritarok (EH). La última víctima de ETA fue Manuel Giménez, un dirigente del PP en Aragón. A diferencia de sus colegas vascos, no tenía protección. “Uno solo de nosotros hubiera sido suficiente –observó Ruiz con soltura profesional–. Un etarra no se arriesga a atacar sólo si hay un guardaespaldas ahí.”
En Durango, una pequeña ciudad industrial cerca de Bilbao, 150 personas estaban paradas en silencio en la Plaza Ezkurdi a principios de esta semana para protestar por los asesinatos. Una docena de guardaespaldas los flanqueaban, protegiendo a cada uno de los siete concejales del partido Socialista y Popular. Entre la multitud, estaban la viuda y dos hijas de Jesús María Pedrosa, un concejal del partido Popular que fue asesinado a tiros hace un año.
La mayoría de los 25.000 habitantes de Durango son nacionalistas o incluso separatistas. A doscientos metros, en la plaza de Santa María, el líder de Euskal Herritarok Arnaldo Otegi arengaba a una multitud de 500 personas que los políticos estaban llorando “lágrimas de cocodrilo” sobre la muerte de Giménez. “Todo lo que quieren son sus puestos y sus autos oficiales. Nosotros somos los únicos que trabajamos por la paz,” dijo. La coalición radical de Otegi, un ex etarra, ganó un 18 por ciento de los votos en las últimas elecciones vascas en 1998. Se espera que el domingo ese voto disminuya, pero aún así reflejará que más de 180.000 vascos apoyan una campaña de violencia que se cobró 800 vidas en 30 años. Más tarde, en el club social separatista de Durango, un profesor de arte, Jabi Arbeo, explicó que su batalla era por la autodeterminación. Eso, dijo, estaba expresamente negado por la Constitución española, que no permitía un referéndum sobre la independencia. “Somos el único pueblo de Europa que no puede decidir su propio destino”, dijo. La alianza anti-ETA cifra sus esperanzas en Jaime Mayor Oreja, el ex ministro de Interior español que renunció a ese cargo para convertirse en el candidato del partido Popular para premier regional. Mayor Oreja, varios de cuyos amigos fueron asesinados por ETA, cree que puede obligar a los separatistas a rendirse. “Estoy determinado a terminar con ETA –dijo a comienzos de esta semana–. Juntos nos podemos librar de ellos”. Las encuestas de opinión sobre la independencia no son confiables, pero menos del 40 por ciento de los vascos parecen querer un Estado soberano. Algunos observadores sostienen que la forma de derrotar a ETA es precisamente llamar un referéndum para lograr un no contra la independencia. Mayor Oreja no está de acuerdo. Apoya la actual Constitución, con un parlamento vasco con amplios poderes sobre salud, educación, vigilancia y algunos impuestos, y la policía. Las últimas encuestas (ver recuadro) predicen que Mayor Oreja no derrotará a Ibarretxe, aunque el premier regional no ganará por una mayoría absoluta. Dependerá así, como lo ha hecho durante los últimos tres años, en el apoyo errático de Euskal Herritarok.
Ibarretxe, que quiere una mayor autonomía vasca, indicó que exigiría la condena a la violencia etarra por EH antes de buscar su apoyo. Dice que le gustaría liderar un proceso de paz como el de Irlanda de Norte, pero sus oponentes dicen que su verdadero objetivo es la independencia vasca.

* De The Guardian de Gran Bretaña, especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

 

Encuestas reprimidas

Las elecciones en el País Vasco podrían ser mucho menos dramáticas de lo que se piensa. Se hablaba de que el bloque electoral de los socialistas y el Partido Popular (PP) de José María Aznar lograría una mayoría de gobierno gracias a un fuerte retroceso de los nacionalistas moderados y, por supuesto, del brazo político de ETA, Euskal Herritarrok (EH). Una reciente encuesta, sin embargo, predijo algo bastante distinto; tanto es así que el PP habría intentado taparla. Podía hacerlo ya que los autores eran del estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), subordinado a la Secretaría de la Presidencia de Aznar. Citando “problemas de tabulación”, la encuesta recién fue completada formalmente el lunes, para cuando ya no podía ser develada según la ley electoral. Pero había una falla. El sondeo sí debía ser entregado a los partidos, y uno de esos partidos, Izquierda Unida (IU), decidió publicarlo por Internet. Según sus cifras, el PP y el PSOE ganarán 36 escaños, dos menos de los requeridos para formar gobierno, mientras que los nacionalistas moderados se llevarán 21. Y el partido etarra EH será decisivo con 8 escaños. Otro dato preocupante para el PP es que su candidato, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, tendría una imagen positiva entre menos del 2,7 por ciento del electorado.

 

ENREDOS PRO-MAFIA DE BERLUSCONI
Un abrazo caliente

Después de exuberantes puestas en escena televisivas de derecha e izquierda, en los últimos días de campaña antes de las elecciones del domingo, la gobernante coalición de centroizquierda encontró un tema candente en la vinculación con la Cosa Nostra en un amigo íntimo y socio comercial del líder de la oposición Silvio Berlusconi. Marcello Dell’Utri, miembro de la comisión de Justicia del Parlamento Europeo y candidato a senador, está bajo juicio en la siciliana Palermo acusado de encubrir a la Mafia.
La poco confortable posición de Dell’Utri, ya sentenciado a dos años de prisión en otro caso por fraguar la contabilidad en la compañía de publicidad Publitalia, también de Berlusconi, refleja las disputas con la Justicia que han caracterizado los años en que Berlusconi estuvo en la oposición desde la caída de su gobierno en 1994. Berlusconi fue acusado por fiscales de falsear su contabilidad y de sobornar a funcionarios impositivos durante su carrera, y varios juicios prosiguen su curso. Los contactos de Berlusconi y Dell’Utri con el capo di tutti i capi, Toto Riina, habrían significado un intercambio de legislación favorable a la Cosa Nostra por apoyo para el partido Forza Italia de Berlusconi. Según el líder de la centroderecha, este juicio es un ejemplo de la colusión de los magistrados de izquierda con testigos poco confiables para eliminar a los candidatos opositores.

 

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