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 Como ocurrió hace una
semana, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno volvió a
engalanarse. Esta vez el centro de atención no era el sector siderúrgico
sino los representantes de la industria textil, indumentaria y del calzado.
Pero el motivo era el mismo que siete días atrás: lanzar
un convenio tendiente a mejorar la competitividad y la generación
de puestos de trabajo en esos nichos industriales. Urgido por la falta
de reacción de la economía, el Gobierno se preocupó
para que el acuerdo con empresarios y sindicalistas tuviera un fuerte
empuje político. Codo a codo estuvieron desde Fernando de la Rúa
hasta Carlos Ruckauf. También José Manuel de la Sota, Carlos
Reutemann, Aníbal Ibarra y Domingo Cavallo. Y próximos al
estrado se apretujaban Eduardo Escasany y Oscar Vicente, entre un grupo
nutrido de empresarios líderes. En el centro de la escena, De la
Rúa bendijo las políticas activas que se estaban propiciando.
“Sé el valor de los mercados, pero hay tiempos en que no se
puede dejar todo al funcionamiento de los mercados”, dijo.
La batería de iniciativas rubricada en el convenio apunta a bajar
los costos de las ramas industriales involucradas. Los textiles, fabricantes
de ropa y de calzados se ubican entre los sectores más golpeados
de la economía. Y no sólo por la depresión que se
instaló hace ya tres años sino además por la competencia
desleal que los empresarios, acusan, tienen tanto desde el extranjero
como puertas adentro.
El propio Cavallo se encargó de dar cuenta de la crisis. Dijo que
en el sector textil se perdieron 10 mil puestos de trabajo en los últimos
dos años, de 48.500 a 38.500. Y que el valor de la producción
disminuyó en mil millones de dólares, a 3172 millones. En
el rubro calzados, el panorama también es patético: las
1562 empresas existentes producen en conjunto un 24 por ciento menos que
en 1998, y la cantidad de trabajadores se redujo de 34 mil a 32 mil. La
indumentaria produce 600 millones menos que hace un par de años
y quedó en 1200 millones de dólares. “Sin ninguna duda,
estos sectores son los que más han sufrido la competencia desleal,
el contrabando y el fraude”, diagnosticó el ministro.
Y si bien Cavallo reconoció que la crisis dejó tambaleante
a otros sectores, desechó la posibilidad de extender los beneficios.
“En teoría hubiese sido lo mejor. Pero tenemos un gravísimo
problema fiscal, un déficit que no puede aumentar. Tenemos que
manejarnos con suma prudencia en esto de eliminar impuestos”, sinceró,
dando cuenta de la importancia que el Gobierno le asigna a los humores
de los mercados, con los inversores preocupados por la solvencia de la
Argentina.
Según el titular del Palacio de Hacienda, en un plazo de dos años,
los industriales obtendrán una reducción del 20 por ciento
en los costos de producción. Por ahora, los empresarios prefieren
ser cautelosos al respecto. Carlos Bueno, de la cámara del calzado,
las medidas lanzadas ayer provocarán una caída de los costos
en un rango del 2 al 5 por ciento. En diálogo con Página/12,
Bueno destacó que “después de una década en
donde se dijo que la industria era inviable, ahora vuelve a ser importante”.
Aunque advirtió: “Si no se hace algo para frenar las importaciones,
esto no sirve”.
Su colega de la Federación de Textiles (FITA), Alejandro Sampayo,
dio un pronóstico parecido, al calcular la disminución en
el orden del 6 al 7 por ciento. “Este programa no soluciona todos
nuestros problemas pero representa un cambio favorable en la actitud del
Gobierno”, apuntó. Desde la ortodoxia, el economista Miguel
Angel Broda concedió que “en una situación de emergencias,
las políticas activas se justifican. Tampoco somos fundamentalistas
de mercado”, dijo. No obstante, coincidió con los empresarios
en que las medidas “tendrán un efecto muy pequeño sobre
el nivel de actividad”.
El convenio fue firmado por la Nación, varias provincias (Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras), la ciudad de Buenos Aires,
los empresarios y los gremios de la indumentaria, textiles y calzado.
Tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2003. En sus puntos centrales,
eliminalos impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima
presunta, un reclamo histórico de los empresarios. Las provincias,
a su vez, quitarán Ingresos Brutos en la etapa industrial y los
municipios analizarán hacer lo mismo con algunas tasas que cobran.
Los empresarios, a cambio, se comprometieron a no despedir gente. Y los
sindicatos, a negociar nuevos convenios laborales por rama y por empresa.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, calificó de “histórico”
al acuerdo. Y fue aplaudida cuando prometió “perseguir a las
organizaciones delictivas que están explotando trabajadores”.
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Eximir del pago de
los impuestos al endeudamiento empresario y a la renta mínima
presunta.