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Por Julio Nudler
 La Oficina Anticorrupción
considera insuficiente la comunicación que Juan Pablo Chevallier-Boutell
dirigió al organismo para salvar una posible situación de
conflicto de intereses, en los términos de la ley de Etica Pública.
Como informó ayer Página/12, Chevallier fue elegido por
Domingo Cavallo, ministro de Economía, y Daniel Marx, secretario
de Finanzas, para conducir la Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN), a pesar de estar personalmente involucrado en varias aseguradoras
y reaseguradoras extranjeras (St. Paul, ACE, Cigna, Hartford, Connecticut
General Life Insurance, NAC Reinsurance International, entre otras), y
de defender a varias compañías del sector como abogado del
estudio Beccar Varela. A pesar de estas múltiples incompatibilidades
para erigirse en regulador del negocio donde tiene jugados tan fuertes
intereses personales, Chevallier juzgó suficiente con enviar un
escrito a la Dirección de Planificación de Políticas
de Transparencia, de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Roberto
de Michele, afirmando haberse desvinculado del bufete Beccar Varela. En
el sector seguros, y particularmente entre las compañías
nacionales y las cooperativas, el retorno de Chevallier, quien ya ejerció
igual cargo durante la dictadura militar de Videla y Massera, causa inquietud
porque temen que desde la Superintendencia se favorezca una mayor extranjerización
del negocio.
De Michele dirigió el martes último una nota a Economía,
específicamente a Héctor Mario Rodríguez, subsecretario
de Servicios Financieros, para referirse a la presentación que
Chevallier-Boutell efectuó el 27 de abril, “en la cual manifiesta
que ha presidido el Departamento de Seguros del Estudio Beccar Varela,
consignando las diversas entidades aseguradoras a las cuales ha prestado
sus servicios profesionales, y dejando constancia que, antes de asumir
el cargo público, notificó a sus clientes la desvinculación
del citado Estudio”.
El funcionario de la Oficina Anticorrupción le advierte a Rodríguez
que Chevallier “deberá comunicar, por intermedio de esa área,
a este organismo las excusaciones que se pudieren suscitar en el ejercicio
de su función pública, acorde con las actividades desplegadas
en el ámbito privado”. Y agrega: “A tales fines se deberán
arbitrar los mecanismos necesarios... para que los casos en que se excuse
sean sometidos a su resolución (la de Rodríguez), a efectos
de evitar posibles nulidades.”
Esto significa que el superintendente tendrá que abstenerse de
tomar cualquier decisión que involucre a cualquiera de las múltiples
aseguradoras que integró, representó o defendió.
Pero fuentes privadas dijeron a este diario que aun así no quedaría
garantizada la ecuanimidad, ya que las restantes compañías
pueden ser competidoras o clientes de aquéllas en las que el nuevo
conductor de la SSN tuvo participación, o perseguir objetivos comunes.
Lo que nadie parece entender es por qué renunciaría Chevallier
a ocupaciones tan rentables con el mero fin de asumir un opaco cargo público.
De Michele también le planteó a Servicios Financieros que
se le debe solicitar a Chevallier, cuyo hermano Carlos encabeza otro importante
estudio jurídico, la remisión a Anticorrupción de
“copia de todas las comunicaciones oportunamente diligenciadas a
las respectivas entidades aseguradoras, renunciando a los cargos conferidos
y al asesoramiento legal prestado”. Por último, Chevallier
tiene aún pendiente la presentación de su Declaración
Jurada Patrimonial Integral.
PARA
EL FMI, LA CRISIS ARGENTINA NO GOLPEO A OTROS
El efecto Tango fue modesto
Según el Fondo Monetario,
el “efecto contagio” de las crisis de la Argentina y Turquía,
los dos países que hoy más le deben al organismo, sobre
otras economías emergentes, fue “limitado”. La consecuencia
de esas crisis sobre “el aumento de la volatilidad general del mercado
fue relativamente modesta”, dice el último informe de la entidad
sobre la situación financiera mundial. Lo que, obviamente, pretende
ser mostrado como una señal tranquilizadora para la estabilidad
de las finanzas mundiales, podría ser interpretado como una advertencia
para Domingo Cavallo: si la Argentina no desestabiliza al sistema financiero
internacional, entonces no sería dable esperar un nuevo salvataje
si se cae el actual.
El Directorio del Fondo se reunirá el 21 de mayo para aprobar formalmente
la nueva Carta de Intención firmada con la Argentina, lo que permitirá
al país retirar unos 1300 millones de dólares casi de inmediato.
El director de Relaciones Externas del FMI, Thomas Dawson, explicó
ayer que el nuevo tramo del préstamo estaría disponible
“un par de días” después de esa reunión,
como es habitual. “Si las autoridades argentinas deciden o no retirar
el dinero, ésa es su decisión”, aclaró. En tanto,
el portavoz del Fondo no quiso entrar a valorar el canje de deuda que
prepara el gobierno, por unos 20 mil millones de dólares, y sólo
señaló que el FMI “no se ocupa de operaciones de ese
tipo”.
El Fondo está de nuevo en la mira de los parlamentarios estadounidenses,
que proponen un nuevo sistema para limitar la amplitud de sus planes de
rescate financiero para los países en crisis. Por caso, el Comité
Económico Conjunto del Congreso norteamericano presentó
una propuesta alternativa a los “blindajes”. El planteo es que
si un país decreta la cesación de pagos de su deuda (default),
ésta sería comprada por el FMI a un precio muy inferior
a su valor real; mientras que el Fondo reembolsaría luego a los
inversores, que a su vez deberán hacer frente a las pérdidas.
De acuerdo con el informe financiero del Fondo publicado ayer, la Argentina
y Turquía son dos de las economías emergentes que deben
más dinero al FMI.
“Las preocupaciones financieras y políticas en la Argentina,
Ecuador y Turquía provocaron que se rebajase su calificación
por las agencias calificadoras de riesgo”, comenta. Según
el Fondo, durante el primer trimestre del año la emisión
de bonos en los mercados emergentes llegó a 26.200 millones de
dólares, siendo América latina la que acaparó la
mayor proporción de deuda: el 46 por ciento del total.
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OPINION
Por Claudio Lozano*
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Gerentes de negocios
Es paradojal observar cómo los propios garantes del modelo
resultan víctimas de su propia medicina. A punto tal que
el inefable Cavallo, en un contexto distinto, con la sociedad harta
de los ajustes, sin Estado para endeudar y vender y sin dinero barato
en el exterior, cada vez más se parece a los atribulados
ministros de la Argentina de los últimos años. Son
víctimas de la tergiversación inducida por la “gestión
financiera y neoliberal” de la economía. Esta transformó
una canasta de bonos de la deuda argentina en indicador excluyente
del riesgo país. Mediante un pase mágico de neto corte
ideológico, redujeron la Nación y su Riesgo Soberano
a la expectativa que respecto al cobro de su deuda tienen los propietarios
de la misma. Propietarios que son, en algunos casos, residentes
locales y en otros inversores extranjeros. Cualquier persona en
su sano juicio entendería como obvio que las consideraciones
sobre el riesgo de un país debieran incluir otras variables
tales como: evolución del desempleo y la pobreza, distribución
del ingreso, perfil productivo, inserción financiera, balance
de divisas, situación social y política. De igual
modo y en consonancia con lo afirmado, los neoliberales transformaron
a las Calificadoras de Riesgo en portadoras de un supuesto saber
neutral y objetivo en capacidad de definir lo que esta bien y lo
que esta mal. Calificadoras que analizan los países en base
a criterios e indicadores simplistas, parciales e incompletos. Indicadores
que hacen abstracción de las condiciones específicas
de funcionamiento de cada economía y que en la práctica
durante la última década han demostrado que no aciertan
jamás. Calificadoras que lejos de ser el cenáculo
de la sabiduría son efectivamente “gerentes de negocios”
de los principales inversores del sistema financiero. Tomando en
cuenta lo hasta aquí afirmado resulta más sencillo
pensar lo que esta ocurriendo. Si Argentina va a ingresar en el
denominado megacanje, los inversores que especulan y hacen beneficios
con nuestra deuda, están discutiendo canjear disponibilidades
presentes por riegos futuros. Mediante sus aprietes de mercado están
discutiendo la tasa y las garantías políticas y económicas
bajo las cuales se realiza esta operación. Es sencillo identificar
sus prioridades:
 Garantía Política:
pretenden disciplinar al conjunto del sistema político en
torno al compromiso de profundizar el ajuste sobre el Sector Público.
Garantía Económica:
agotadas prácticamente las propiedades del Estado, pretenden
que los recursos impositivos nacionales declaren a los dueños
de la deuda como acreedores privilegiados.
* Secretario de Estudios y Formación de la CTA.
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