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 Ahora que la ley del dos por
uno finalmente quedó defenestrada, el ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa, criticó su derogación, a la que él
mismo contribuyó, después de varias reuniones con legisladores
aliancistas y de la oposición. Aunque aseguró que esa norma
brindaba “un beneficio muy exagerado” a los procesados sin condena
por más de dos años, consideró que su eliminación
lisa y llana “es un mecanismo muy severo”, que genera una “falta
de previsión de procesos exageradamente largos”. Ayer, en
la primera jornada sin dos por uno, el subsecretario de Política
Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alvaro Ruiz Moreno, informó
que se reforzarán las medidas de seguridad en todas las cárceles
federales para prevenir posibles disturbios a raíz de la derogación.
“Dar compensación de dos por uno por un proceso que demora
más de dos años era excesivo, sin lugar a dudas; pero eliminarlo
lisa y llanamente, en alguna medida, descuida ciertos imperativos de pactos
internacionales, donde la razonabilidad del proceso debe estar resguardada”,
señaló De la Rúa al término de una reunión
de la Unidad de Información Financiera celebrada ayer en el Ministerio
de Justicia. El ministro consideró que la derogación provocó
“un fenómeno pendular, porque se pasó de un beneficio
muy exagerado a una falta de previsión de los procesos exageradamente
largos”. “Había otras alternativas”, expresó
De la Rúa, y puso como ejemplo la opción de que la conmutación
de pena estuviera “condicionado al comportamiento del sujeto al sometimiento
de readaptación”. A pesar de las críticas, subrayó
que el gobierno nacional aprobará los cambios realizados por el
Congreso.
Por su parte, el subsecretario Ruiz Moreno indicó que “hay
tranquilidad” en las cárceles del Servicio Penitenciario Nacional.
“No hay razones para que se generen dificultades en las cárceles,
ya que los efectos de la ley aprobada anoche no son retroactivos, y todos
los internos que hoy están procesados o condenados mantendrán
los beneficios de la legislación anterior”, agregó.
Igual, ordenó reforzar las medidas de seguridad en las cárceles
del Servicio Penitenciario Nacional.
En tanto, desde la provincia, quien llamativamente se pronunció
en forma tajante a favor de la derogación del dos por uno fue el
vicegobernador Felipe Solá, habitualmente proclive a posturas algo
más progresistas que su jefe, Carlos Ruckauf. Ahora Sola consideró
“positiva” la eliminación del beneficio, ya que generará
“una agilización de los juicios y sentencias” a los detenidos.
“La derogación del dos por uno es positiva, porque a partir
de ahora los defensores de detenidos que buscaban demorar los procesos
sabrán que no sirven maniobras para dilatar la condena”, agregó
y señaló que “el 80 por ciento de los presos que salían
volvían a delinquir”.
El proyecto aprobado por Diputados mantiene el plazo de dos años
y uno de prórroga para que el juez pueda emitir sentencia desde
el dictado de la prisión preventiva y establece un mecanismo de
control para evitar la morosidad judicial.
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OPINION
por Por Gustavo Palmieri * y Andrea Pochak **
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La variable de ajuste
La modificación de la ley 24.390, conocida como “dos
por uno”, es una respuesta inadecuada al reclamo justo de la
gente por mayor seguridad. Debido a la incapacidad de generar políticas
eficientes ante los problemas reales, algunos sectores políticos
se acostumbraron a inventar excusas. Así, frente al problema
de la inseguridad pública y el reclamo de una justicia más
rápida y efectiva, la única respuesta que proponen
es la violación de derechos, no sólo para los detenidos
sino también para las propias víctimas. La nueva ley
no garantizará mayor seguridad para la gente, ni mejorará
el sistema judicial.
Ante el grave problema de los prolongados procesos judiciales y
de cárceles llenas de presos sin juicio ni condena, en 1994
se sancionó la ley del dos por uno, que estableció
que la prisión preventiva no debía extenderse más
de dos años, y que excepcionalmente –sólo en
los casos más complejos– podría prorrogarse hasta
tres. Se trataba de un plazo a todas luces demasiado extenso, pero
se consideró adecuado a la lentitud de la justicia argentina.
Por otra parte, la misma ley establecía un criterio de reparación
sólo para los detenidos que al momento de ser dictada la
norma habían permanecido en prisión preventiva más
allá del plazo máximo establecido por la ley. De esta
manera, el supuesto “beneficio” del dos por uno era sólo
un criterio de reparación provisorio y excepcional.
Pero lo que debía ser provisorio y excepcional se transformó,
merced al modo perverso de administrar justicia en nuestro país,
en permanente y general. El sistema judicial decidió no respetar
los plazos máximos de la prisión preventiva con la
excusa de que después aplicaba el dos por uno. En consecuencia,
las prisiones preventivas siguieron siendo largas y sólo
se acortaron las condenas. Los derechos de las víctimas y
de los acusados continuaron siendo la moneda de cambio de la ineficacia
y la lentitud del sistema. Conforme datos de la Secretaría
de Asuntos Penitenciarios de la Nación, para 1999, el 56,12
por ciento de los presos en todo el país no tenía
condena; de ellos, el 35,41 por ciento estaba privado de su libertad
hacía más de dos años. Las estadísticas
de marzo de 2000 hacían crecer el número de personas
detenidas sin condena a 22.662 personas, lo que representa que el
64,35 por ciento de las personas presas no tiene condena. Este último
dato no incluye por ejemplo, a las personas privadas de su libertad
en las comisarías de las provincias de Buenos Aires, que
son más de 5000, casi todas ellas sin condena.
Aun sin contar los presos en comisarías, el sistema de justicia
criminal que tiene mayores porcentajes de presos sin condena es
el de la provincia de Buenos Aires, con un 86,27 por ciento (11.311
personas) presas sin condena, o sea más de seis procesados
por cada condenado. Le siguen en orden descendente las provincias
de Chubut y Santiago del Estero, y la justicia federal.
La modificación de la ley 24.390 no soluciona el problema
de la inseguridad ni impide que los procesos continúen siendo
largos; no mejora el sistema de persecución de los delitos;
no hace a la policía, ni a la justicia, ni al sistema penitenciario
más eficientes ni menos corruptos. Hoy padecemos un sistema
de seguridad y justicia ineficiente para la protección de
los derechos de las víctimas, de los victimarios, de los
sospechados, de los condenados. Frente a este hundimiento y descrédito
estructural se ha preferido agravar el problema a fin de eliminar
uno de los agujeros que hoy hacen a este hundimiento más
visible e irritativo.
Los que defienden la norma adelantan que la modificación
no traerá soluciones inmediatas, lo que en el lenguaje político
nacional significa reconocer que esta medida no traerá ninguna
solución y que pronto habrá que hacer responsable
de la inseguridad a otro falso problema. Lo más preocupante
es que la variable de ajuste que hoy se está utilizando son
los derechos de los habitantes. La derogación de la ley del
dos por uno no ataca la impunidad sino que la agrava, pues a la
nómina de delitos impunesse seguirán agregando los
delitos cometidos por los jueces, como por ejemplo el delito de
prisión preventiva ilegal previsto en el art. 270, del Código
Penal.
* Director del Programa Violencia Institucional y Seguridad
Ciudadana CELS.
** Coordinadora Area Jurídica CELS.
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