Por Eduardo Tagliaferro

“Me ofrecieron una fortuna para que cambiara mi declaración” explicó Luis Sarlenga. Los funcionarios judiciales que escuchaban su relato no salían de su asombro. Transcurría su segunda declaración frente al juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli. El ex interventor de Fabricaciones Militares estaba denunciando a dos abogados que se presentaron como enviados de Mariano Cúneo Libarona, abogado de Emir Yoma. Afirmó que le ofrecieron firmar un nuevo testimonio que retractaba su confesión, que condujo a Emir a la cárcel. Le ofrecían a cambio dinero, pagado de varias e imaginativas maneras. Urso denunció el presunto ilícito ante la Justicia y ante el Colegio Público de Abogados. Sarlenga no rectificó su indagatoria. Por lo tanto, Emir Yoma seguirá preso, Antonio Erman González en capilla y Carlos Menem deberá concurrir a Comodoro Py el 13 de julio para ser indagado.
El martes pasado Sarlenga amplió su indagatoria, comprometiendo aún más de lo que ya estaban a Yoma y a Antonio Erman González. Pero, además, denunció que el sábado de Semana Santa los abogados Gustavo Romano Duffau y Fernando López Mestre se presentaron en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, donde estaba detenido, y le sugirieron que cambiara su primer testimonio judicial. Esto es, el testimonio que aceleró en cascada la causa: motivó la detención de Emir cuando estaba en el lecho matrimonial, complicó la situación procesal de Erman González y se constituyó en un puente que llevó a los investigadores hacia Carlos Menem. Según Sarlenga, los abogados se presentaron como enviados de Mariano Cúneo Libarona. Le acercaron el escrito judicial que tendría que firmar y comenzaron la lenta enumeración de lo que recibiría a cambio de retractarse.
Sueldo: Le pagarían un sueldo mensual por todo el tiempo que estuviera detenido mientras se tramitaba la causa judicial.
Fianza: Le ofrecían los ciento cincuenta mil pesos que necesitaba depositar como fianza frente al Tribunal Oral Nº 3.
Compra ficticia: Le ofrecían comprar figuradamente una pequeña planta de explotación de agua mineral que Sarlenga tiene en La Rioja. Simularían la venta, le pagarían el precio, pero el ex interventor en Fabricaciones Militares podría continuar explotándola y percibiendo los beneficios.
La oferta parecía generosa. No lo es tanto si se computa que Sarlenga aceptaba asumir el cargo de jefe de la asociación ilícita: en ese caso, la posible condena oscila entre los cinco y los diez años. No es lo que se dice una contrapartida módica.
“Está en una reunión muy importante”, fue la única respuesta que entregó a Página/12 su socio Julio “Coco” Ballestero, cuando este diario quiso tener una opinión del actual abogado de Emir Yoma y ex abogado de Menem. Antes de excusarse, Ballestero reconoció que el tema era “muy serio”. Claro que previo a cortar la línea telefónica dijo: “Además, esto no existió”.
Tras la detención de Emir Yoma circularon por los tribunales federales fuertes rumores dando cuenta de distintas maniobras tendientes a cambiar el testimonio que inculpó al ex cuñado de Carlos Menem. Los investigadores judiciales siempre estuvieron recelosos por las medidas de seguridad que rodeaban a Sarlenga. No por nada éste venía denunciando amenazas desde el año ‘98. Aunque estaban separados, el magistrado había alojado a Emir en la misma repartición en la que se encontraba detenido Sarlenga. Las polémicas visitas de Menem a Emir indujeron a los funcionarios judiciales a chequear cotidianamente quiénes iban quedando registrados en el libro de visitas. Así fue que les llamó la atención la presencia del abogado Fernando López Mestre, aunque en ese momento se especuló que podía tratarse de un vulgar apriete. Apriete que pretendía modificar el testimonio que Sarlenga había entregado a la Justicia. Cuando este diario consultó a López Mestre sobre esta versión, el abogado no se mostró muysorprendido. Por toda respuesta dijo “fui acompañado por el hijo mayor de Sarlenga para conversar con él y evaluar si asumía su defensa”.
El tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados será el encargado de evaluar la posible violación ética de los abogados. De probarse la acusación podría corresponder a los letrados la máxima sanción: es decir la suspensión de la matricula habilitante. Consultado por este diario, Marcelo Antuña, secretario general del Colegio de Abogados, afirmó que “de existir, la falta sería muy grave”.
Para el menemismo, Sarlenga se ha convertido en un serio problema. En privado algunos importantes ex funcionarios reconocen que “nunca tuvieron una seria estrategia defensiva” y “que no le dieron a la causa su exacta dimensión”. Incluso le cuestionan a Emir haber abandonado a Sarlenga a su propia suerte. “De última, necesitaba 150 mil pesos para su fianza y un poco de ayuda judicial”, dicen. Por lo visto continúan sin saber como actuar frente a quien supo ser hombre de confianza, de Eduardo Menem, y de buena llegada con Emir, Erman y el mismo Carlos Menem.

SARLENGA ALUDIO A REARTE, COMO NEXO CON MENEM
Otro amigo riojano en casa

Un hombre que entre 1992 y 1995 pasó junto a Carlos Menem la mayor parte del día, apareció ayer en la declaración de Luis Sarlenga como un nexo clave entre el ex presidente y las segundas líneas de la administración que instrumentaron el andamiaje legal que disfrazó la venta de armas a Croacia y Ecuador. El general Jorge Rearte fue jefe de la Casa Militar, y desde ese rol no sólo se dedicó a monitorear la seguridad de la Casa Rosada, coordinar a los edecanes, viajes y ceremonias, y decorar despachos, sino que fue uno de los hombres, riojano también, de mayor confianza de Menem.
Rearte, conocido como “El Negro”, fue sucesor del brigadier Andrés Antonietti en la Casa Militar. Antonietti se había hecho famoso cuando se encargó de desalojar a Zulema Yoma de la quinta de Olivos como favorcito para el presidente. Menem, fiel a su estilo de rodearse de familiares, amigos y viejos conocidos, procuró ubicar muy cerca de él a Rearte, con quien tenía una amistad de larga data. La influencia de su elenco de asistentes militares quedó más que clara cuando facilitó la llegada de uno de sus edecanes, Jorge Igounet, a la SIDE, que lideraba Hugo Anzorreguy.
Cuando asumió, el militar de La Rioja hizo repartir copias de su currículum donde contaba que era paracaidista, que había salido de la promoción 88 del Colegio Militar, que fue oficial del Estado Mayor, inspector de su arma, y comandante de la VI brigada de Montaña en Neuquén.
Por haber estado entre 1976 y 1977 como jefe de operaciones del Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) le reclamó datos que pudiera tener sobre la desaparición de personas en esa provincia.
El nombre de Rearte, en el fondo un ilustre desconocido, apareció ayer en la causa de las armas por primera vez. La única oportunidad en que estuvo mencionado de rebote en algún escándalo importante que tuviera que ver armamento, fue cuando en 1994 el que era su chofer y custodio, Marcelo Squetino, quedó detenido –y luego liberado por falta de mérito– por sus supuestos lazos con la banda criminal que lideraba Alejandro Sucksdorf, que tenía un aguantadero y depósito de armas en una isla del Tigre.
En su paso por la Casa Militar, por contraste con su antecesor Antonietti, Rearte se hizo fama de tener bajo perfil. Aunque también cosechó varios “bloopers” que lo pusieron en escena. Tuvo que extremar las medidas de seguridad en la Rosada a raíz del robo de siete camisas del ex presidente, se le cayó la suntuosa araña de su despacho y le robaron el auto. Además, se ligó un reto de Menem cuando, con su manía de decorar y remendar, le preparó el Tango O1 para un viajecito: “¡Cómo se le ocurre usar un avión para viajes transatlánticos para ir a Mar del Plata!”, le gritó Menem que, encolerizado, dio la vuelta y se subió al Tango 04. Pero todo indica que no fue eso lo que precipitó su retirada. La confianza que le tenía Menem inquietaba. Al parecer, el secretario del ex mandatario, Ramón Hernández, y el ex ministro Eduardo Bauzá, alentaron su salida.

EL JUEZ CITARA A HUGO ANZORREGUY COMO TESTIGO
Para ver qué sabía la SIDE

El lunes próximo el juez federal Jorge Urso le pondrá fecha a las declaraciones testimoniales de Zulema Yoma, del ex coronel carapintada Mohamed Alí Seineldín y del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy. La convocatoria a Zulema Yoma y a Seineldín venían siendo reclamadas por el abogado penalista, Ricardo Monner Sans, mientras que el testimonio de Anzorreguy fue requerido por el fiscal Carlos Stornelli.
Salvo la breve gestión de Juan Bautista “Tata” Yofre, Anzorreguy estuvo al frente de la inteligencia nativa durante los casi 10 años en los que Carlos Menem estuvo al frente del gobierno. Junto con el ex jefe del Ejército Martín Balza fue uno de los pocos funcionarios que siempre estuvieron al lado del ex presidente.
Algunos miembros del Poder Judicial, donde los Anzorreguy tienen fuerte predicamento, se preguntaban ayer ¿por qué motivos Stornelli pedía su citación judicial?. Quienes conocen el expediente, en cambio, invertían la pregunta: señalaban que debía ser ¿por qué motivo hasta este momento no había sido citado?. Los que siguen las investigaciones, recordaban que la venta ilegal de armas fue una maniobra que se llevó adelante durante cinco años. En ese período centenares de camiones que transportaban todo tipo de material bélico transitaron por todas las rutas del país, innumerables cantidad de contenedores se almacenaron en unidades militares y luego de permanecer en ellas un tiempo considerable, eran remitidos hacia el puerto de Buenos Aires. ¿Todo esto sucedió sin que la SIDE nunca alertara al Presidente?
Cuando los ecuatorianos compradores de los fusiles argentinos descubrieron que estos estaban en mal estado, fueron a quejarse al agregado militar en Quito, el coronel Hugo Molinari. Los ecuatorianos vinieron con su demanda a Buenos Aires e intentaron, sin éxito ser recibidos por Camilión. El ex ministro intentó en vano hablar con Balza ya que no se encontraba en el país. Cuando estaba comunicado con el Jefe de Inteligencia II del Ejército, el general Jorge Miná, recibió un llamado urgente de Anzorreguy que lo convocaba a su cuartel general. En el quinto piso de la SIDE, mientras calificaba a Guido Di Tella como traidor, Anzorreguy le notificó a Camilión que el Canciller había remitido una copia del informe del agregado militar en Ecuador a la Justicia y otro a la prensa. Los hombres de la SIDE también aparecerían vinculados en varios momentos oscuros de la investigación judicial. Los vecinos de Río Tercero denunciaron que, la noche previa a la explosión de la fábrica militar, habían detectado la presencia de “gente rara”, que se identificaba como de la SIDE.
Anzorreguy supo disponer de una masa importante de dinero que utilizaba en los llamados gastos reservados. No es descabellado entonces que los investigadores judiciales quieran averiguar qué sabe Anzorreguy de una información que llegó al juzgado en forma anónima y que afirma que “cuando estalló el escándalo, Menem y Balza quisieron reponer los 8 cañones Otto Melara que le faltaban al Ejército. Por eso, con plata de los fondos reservados, hicieron una nueva compra en la fábrica italiana”.

“El jefe de la Casa Militar me
pidió que escuchara a Sarlenga”

El embajador en Estados Unidos Guillermo González abrió un nuevo rumbo en la causa de las armas. Vinculó con Sarlenga al general Rearte, un militar riojano muy cercano a Menem. Aseguró ser inocente. Pidió comprensión a los medios y anunció su regreso a Washington.

Por Adriana Meyer

“Quien me llamó para pedirme que escuchara a Sarlenga es el ex jefe de la Casa Militar, general Jorge Rearte”, aseguró el embajador en Estados Unidos Guillermo González al ser indagado en la causa sobre la venta de armas a Croacia y Ecuador. Así, el nombre del militar que supo pasar sus días junto al ex presidente Carlos Menem ingresó al expediente. La situación de González se complicó cuando el ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) Luis Sarlenga afirmó que se comunicó con él, por entonces subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, porque le habían indicado que podía ayudarlo a impulsar uno de los decretos que posibilitaron la maniobra. “González sabía adónde iba todo el armamento”, aseguró Sarlenga. El diplomático no desmintió los términos de esa conversación, aunque negó conocer en forma personal al ex interventor de FM. También ratificó las presiones del Ministerio de Defensa para que la Cancillería firmara el decreto 103/95 para la venta de armamento a Venezuela, que terminó en Ecuador y Croacia. Por su parte, el juez federal Jorge Urso fijará el lunes las fechas de las declaraciones testimoniales del ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, del coronel Mohamed Alí Seineldín y de la ex primera dama Zulema Yoma (ver aparte).
Acompañado por su abogado Gonzalo Vergara, el embajador González llegó a las 8 a los tribunales federales de Retiro, tres horas antes del inicio de la audiencia. Al igual que Erman González, esperó en la confitería del noveno piso revisando papeles. “Después de todo lo que leí en los diarios quiero hablar con ustedes los periodistas y que me conozcan para que contrabalanceen la información”, indicó con forzado aire distendido a los cronistas que se le acercaron.
Urso resolvió la declaración indagatoria de González al acusarlo de haber integrado una asociación ilícita y de haber incurrido en falsedad ideológica de documento público. El Embajador fue interrogado acerca del impulso que le dio al decreto presidencial secreto 103/95 que tenía a Venezuela como destino de las municiones y los fusiles FAL que finalmente fueron a Ecuador, en plena guerra de ese país con Perú por la Cordillera del Cóndor. El antecesor de González, Rogelio Pfirter, habría guardado en una caja fuerte ese decreto porque dudaba del verdadero destino del armamento. Cuando el diplomático acusado recibió un certificado de aquél ese país —que luego se comprobaría que era adulterado— le dio trámite, lo inicialó y elevó al canciller Di Tella que lo firmó el 17 de enero de 1995. “Me correspondió coordinar el trámite de firmas, pero lo hice en estricto cumplimiento de mis deberes, a mí se me dijo que los requisitos se habían cumplido”, sostuvo González.
Durante las cinco horas que duró el interrogatorio, el embajador indicó que varias personas lo llamaban para obtener la firma de ese decreto. Relató que el ex jefe de la Casa Militar, el riojano Jorge Rearte (ver aparte), se comunicó con él para pedirle que escuchara a Sarlenga. El 6 de abril, cuando Sarlenga amplió su indagatoria explicó ante el juez: “hablo a Cancillería para pedir ayuda y González me dijo que sabía adónde iba todo el armamento y que había un embargo. Que al canciller (Di Tella) no le podía vender ‘pescado podrido’. Yo le expliqué que con ello podría pagar los sueldos y él me dijo que lo hablaría para ver qué se podía hacer. Lo llamé a González pues me dieron ese dato”. El resultado de la gestión fue exitoso. Sarlenga señaló que a los dos o tres días Di Tella firmó el decreto y agregó que nunca habló personalmente con el ex canciller.
González admitió haber mantenido un diálogo telefónico con Sarlenga en diciembre de 1994 aunque indicó que fue en otro tono. Ante el juez Urso y el fiscal Carlos Stornelli trató de explicar el sentido de la frase “vender pescado podrido”. E indicó que quién requería en forma insistente la firma del decreto era el subsecretario de Presupuesto y Administración del ministerio de Defensa José Torzillo, ex gerente del Banco Centraldurante el anterior gobierno radical. También lo llamaban con el mismo pedido el secretario de Planeamiento del ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Camilión, Guillermo Etchechourry y Mauricio Muzi, ex representante de Defensa en la comisión interministerial que debía aprobar las ventas de armas. El embajador mencionó en pocas ocasiones a su ex jefe Di Tella, que será indagado el 24 de mayo.
“Fue de gran utilidad la declaración del embajador”, sostuvo el fiscal Carlos Stornelli al término de la indagatoria. El abogado de González explicó que fue extensa porque su cliente respondió todas las preguntas en forma detallada. Y precisó que el martes estará de regreso en la capital estadounidense porque no volverá a ser citado. “Tengo mucho trabajo en Washington”, dijo el diplomático –que a pesar del escándalo fue ratificado por el presidente Fernando de la Rúa– al subirse al automóvil que lo alejó de los tribunales. Antes de cerrar la puerta, casi como un ruego, aseguró a los cronistas que su carrera “depende del Presidente y de cómo me traten todos ustedes”. También del procesamiento que pueda dictarle el juez.

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