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Canje, trueque y permuta
Ayer el riesgo país cerró en 1051 puntos básicos
(10,51 por ciento anual), y eso gracias a la espera de un canje
de deuda que conceda algún premio a los tenedores institucionales
(bancos y otros) de títulos argentinos y atenúe el
temor de una inminente cesación de pagos. La conclusión
obvia es que, sin el señuelo del canje, aquel indicador de
la desconfianza de los acreedores habría escalado a niveles
aún más insoportables para el país.
Hoy el default argentino ya no es el presagio de algunos economistas
agoreros, sino un generalizado tema de debate entre los financistas
internacionales. Estos no discuten cómo evitarlo, ya que
consideran imposible lograrlo, sino cómo limitar el daño
para los acreedores, para el mercado en general o para los contribuyentes
de las naciones ricas, que sostienen a los organismos multilaterales,
tipo Fondo Monetario y Banco Mundial, que comprometen recursos en
las operaciones de rescate. Mientras tanto, el gobierno argentino
sigue viendo cómo esquivar la quiebra, hasta ahora sin éxito,
y no parece ocuparse de diseñar el operativo bancarrota,
cuyas esquirlas van a lastimar eventualmente a toda la población
como si fuera la explosión de un polvorín. Las largas
colas ante consulados como el español y el italiano están
formadas por quienes han decidido repudiar la deuda de la única
manera en que pueden hacerlo un individuo o una familia: yéndose.
En su desesperado intento por ganarse la predisposición de
los tenedores de bonos, Cavallo creó primero el impuesto
a las transacciones financieras (ITF), pero mientras empezaba a
recaudarlo con una mano, se le derrumbaba el resto de la recaudación.
De todas formas, la pretendida “solvencia fiscal” no basta
para garantizar el pago de la deuda: una vez que el Estado junta
los pesos de intereses y amortizaciones, debe comprar los dólares
y, si quiere sostener la convertibilidad, tiene que encontrar quién
esté dispuesto a seguir entregándolos a cambio de
pesos a la paridad de 1 a 1 y en cantidad suficiente.
Fracasado el primer recurso salvador, surgió el canje como
nueva fórmula, confiándose en que su solo anuncio
precipitaría un descenso en el riesgo país y, de ese
modo, se autoviabilizaría la operación. Esta expectativa
se basaba, a su vez, en la posibilidad de conseguir un garante de
lujo para el canje, como el Tesoro estadounidense, el Banco Mundial
o el Banco Central Europeo. Cuando esos respaldos quedaron descartados,
emergió la nueva gran idea: una Ley de Crédito Público
que embargue la recaudación de impuestos, convirtiéndola
en garantía de la deuda estatal.
Por razones obvias, ese respaldo no podría referirse sólo
a los nuevos bonos a más largo plazo que el Tesoro nacional
entregará en trueque por papeles de vencimiento más
corto, sino al total de los títulos, para no discriminar
contra los tenedores de papeles que no entren en el canje. Sin embargo,
si esa ley llegara a sancionarse, el resto de las obligaciones estatales
quedarían degradadas. Entre éstas figuran el pago
de sueldos y jubilaciones, los planes sociales o la compra de medicamentos,
además de compromisos varios, como los que surjan del Plan
de Infraestructura. Si en principio parece descabellado que semejante
ley pueda ser aprobada por el Parlamento, habrá que ver cómo
se comportarían las bancadas si, ante el fracaso del canje,
el riesgo país se disparara hasta niveles de colapso.
Entretanto, Cavallo sigue intentando reactivar la economía,
aunque en condiciones extremadamente adversas. Recientemente firmó
con el FMI, para evitar que se cayese el blindaje, una nueva carta
de intención en la que se reafirman las metas fiscales para
el año a pesar del desvío acumulado, lo que lo obliga
a un severísimo ajuste de ahora en adelante. Para darse una
idea: el déficit no deberá superar en el cuarto trimestre
los 251 millones de pesos, cuando en igual lapso del año
pasado el rojo alcanzó los 2867 millones. Estos objetivos,
harto asombrosos, se enmarcan en la previsión de que la economía
crezca este año 2,5 por ciento. Según estimaciones
del Ieral (Fundación Mediterránea), para alcanzar
simplementeun crecimiento del 2 por ciento en el 2001, el Producto
Bruto deberá hincharse a un ritmo del 3,5 por ciento en el
tercer trimestre y del 6,5 por ciento en el cuarto. Es muy difícil
hallar hoy alguien que apueste por estos números.
Además de ser la única alternativa posible a la cesación
de pagos, el canje de deuda, dentro de condiciones supuestamente
manejables, implica una necesidad estratégica para Cavallo
y sus aspiraciones presidenciales. Esa operación es la llave
para abrirse un período de descompresión, que le dé
margen para intentar que operen los estímulos a la inversión.
De lo contrario, el cordobés quedará atrapado en el
derrumbe de la convertibilidad y la abrupta depresión que
seguiría a un default. Pero afuera la discusión corre
por otros carriles, imaginando escenarios que coinciden con el del
Cavallo actual en un punto: la Argentina no puede pagar. No es ocioso
recordar que el mediterráneo asumió el 22 de marzo
con un discurso absolutamente opuesto, que se deterioró día
tras día.
La última idea fue echada a rodar por dos economistas de
la Universidad Carnegie Mellon, de Pittsburg, Pensilvania, Allan
Meltzer y Adam Lerrick.
Ellos proponen que el FMI le establezca algo semejante a un precio
sostén a la deuda argentina, ofreciendo comprársela
a los tenedores de bonos al 60 por ciento del valor impreso en ellos.
El país, a su vez, debería anunciar una reprogramación
con quita del 20 por ciento, de modo que sus acreedores optarían
entre permanecer en este riesgo o salir de él con la pérdida
que les propondría el Fondo. La Argentina está sirviendo
así de teórico banco de ensayos en la búsqueda
de nuevas fórmulas para un problema sin solución:
cómo eludir el definitivo fracaso del intento de globalización
que ejecutó dentro de los preceptos del Consenso de Washington.
Tampoco habría que hacerse grandes ilusiones respecto del
alivio que sentiría el país de lograr una exitosa
megapermuta. Según Ecolatina, la consultora de Roberto Lavagna,
en la mejor de las hipótesis (que incluye la capitalización
de los intereses), el Estado necesitaría conseguir financiamiento
por 18.820 millones de dólares en el 2002 y por 28.834 millones
en el 2003. En favor de estas cifras sólo puede decirse que,
sin canje, serían aún peores.
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