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Por David Cufré
 Domingo Cavallo quiere destrabar
las complicaciones que surgieron para realizar el canje de deuda poniendo
la recaudación de impuestos como garantía de los títulos
públicos. En otras palabras, el proyecto establece que los acreedores
serán los primeros en la fila para cobrar lo que el Estado les
debe, con prioridad sobre cualquier otra obligación, como las liquidaciones
de sueldos de empleados públicos o jubilaciones. Página/12
anticipó hace diez días que el ministro de Economía
trabajaba en secreto en ese proyecto. “Será beneficioso para
todos los argentinos”, arengó anoche Cavallo, al reconocer
que negocia con los gobernadores “del justicialismo y del radicalismo”
la elaboración de la iniciativa. En principio, mandatarios del
PJ de las provincias “chicas” respaldarían el plan, y
también lo haría el gobernador de Córdoba, José
Manuel de la Sota. Carlos Ruckauf dio anteayer un guiño favorable,
pero anoche su vocero se comunicó con este diario para informar
que “la posición oficial de la provincia es totalmente contraria
al proyecto”.
La ley de Crédito Público, como la bautizó Cavallo,
no es una novedad. Uno de los artículos del proyecto de ley de
superpoderes –que el ministro elevó al Congreso al asumir
en Economía– establecía que la recaudación de
impuestos se pondría como garantía de la deuda. La discusión
de ese punto en la Cámara de Diputados demandó tres horas.
No porque se haya generado un debate entre quienes defendían la
idea y quienes la cuestionaban sino porque los legisladores hicieron cola
para despotricar contra semejante proyecto. De hecho, fue el único
artículo eliminado de la ley de superpoderes. En esa ocasión,
al disertar en el recinto de sesiones, Elisa Carrió denunció
que el vicejefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, les había dicho
a un grupo de diputados que “no importa que saquen ahora el artículo,
porque en la próxima crisis lo van a aprobar”.
La propuesta es que cada peso que recaude el Estado se pondrá como
garantía del pago de los títulos públicos, relegando
a un segundo plano cualquier otro compromiso. Si el Estado no consigue
los fondos para repagar la deuda –vía colocación de
bonos, por créditos de organismos internacionales u otro mecanismo–,
el dinero saldrá de lo que se recaude por impuestos. Aun si en
razón de ello el dinero no alcanza para pagar sueldos a empleados
públicos, las jubilaciones o a los proveedores del Estado.
Cavallo es consciente de la resistencia política a ese proyecto.
Pero volvió a lanzarlo al ruedo para ganarse la confianza de los
inversores, a quienes intenta convencer de que se sumen al megacanje de
deuda. Esa operación está trabada –por más que
el ministro dijo anoche lo contrario- porque el riesgo país no
baja de niveles exorbitantes. No hubo ajuste, ni suba de impuestos, ni
acuerdo con el FMI que haya logrado disminuir el riesgo país. Entonces
ahora Cavallo va por más. Quiere darles a los tenedores de bonos
la garantía de que cobrarán a su vencimiento sí o
sí. Es la máxima prueba de amor.
Sin embargo, el escenario político no lo favorece. “Todo el
tiempo nos dicen que estamos al borde de la muerte. Que si no hacemos
lo que quieren los mercados, habrá un caos total. Pero en el bloque
la opinión mayoritaria es: “Ya basta: bajamos los sueldos,
las jubilaciones, hicimos el ajuste, aumentamos los impuestos, y nada
sirvió para bajar el riesgo país. Nada nos garantiza que
con esta nueva ley pasará algo distinto”, explicó a
Página/12 un encumbrado diputado de la Alianza.
Para conseguir la aprobación de la ley, Cavallo delineó
la siguiente estrategia política: buscará llegar a un acuerdo
con los gobernadores y enviará el proyecto a la Cámara de
Senadores, ya que ellos responden a los mandatarios provinciales. Una
vez que la iniciativa obtenga media sanción, tendrá más
espacio para negociar con los diputados. El jefe del bloque de senadores
del PJ, José Luis Gioja, dijo ayer que la iniciativa no le parece
mal y que, incluso, retoma una idea suya. Fue el primer gesto favorable
al plan de Cavallo, quien sostuvo que el proyecto se enviará alCongreso
“sólo si hay consenso político con los gobernadores,
para que la deuda de la Nación y la de las provincias estén
garantizadas” con la recaudación. Una opción que se
analiza en el Palacio de Hacienda es que el megacanje incluya títulos
nacionales y provinciales. En rigor, varias provincias ya pusieron la
coparticipación de impuestos como garantía de emisiones
de deuda, por lo que la ley de Crédito Público no sería
algo nuevo para ellas.
En una reunión con diputados que mantuvieron anteayer Ruckauf y
Eduardo Duhalde, el gobernador bonaerense se inclinó por aprobar
el proyecto, según dejaron trascender algunos legisladores. Sin
embargo, el vocero de Ruckauf, Julio Macchi, le dijo anoche a Página/12
que “la provincia no apoyará el mecanismo que propone Cavallo”.
De ese modo, se diferenció de De la Sota, su competidor en la interna
peronista, quien anticipó que podría acompañar el
proyecto oficial. De la Rúa, en tanto, sostuvo que “aún
no se aprobó el proyecto en el Gobierno” y, fiel a su estilo,
dijo que “está en estudio”.
RECHAZO
JUDICIAL AL RECURSO CONTRA SU REMOCION
Pou pide volver pero no puede
El juez federal Martín
Silva Garretón rechazó la medida cautelar interpuesta por
Pedro Pou contra el decreto presidencial que dispuso su remoción
del Banco Central por “mala conducta”. El ex funcionario consideró
que la medida de Fernando de la Rúa afectaba “sus derechos
subjetivos y la autonomía del organismo”. El magistrado entendió
que ninguno de esos argumentos pueden sostenerse legalmente.
Pou reclamó un no innovar contra el decreto 460/01 y solicitó
al Senado abstenerse de aprobar los pliegos de su sucesor, Roque Maccarone,
con el argumento de que aquella norma es “ilegítima”.
Además de esa presunta irregularidad, el ex titular del Central
argumenta su pedido en la supuesta “inconstitucionalidad” del
reglamento que rigió a la comisión investigadora que formó
el Parlamento para juzgar su gestión y en la “irregularidad”
de haberse autoconvocado.
Pero Silva Garretón interpretó que el decreto 460 “observó
el requisito de consejo previo” (el que la comisión parlamentaria
formuló al Presidente) requerido por la ley 24.144 y que “no
existen objeciones en punto a la constitución de la bicameral en
cuanto a la integración prevista por la disposición indicada”.
El juez sostiene que la comisión parlamentaria “se ajustó
a los límites” que le impone la ley para actuar, y que su
recomendación de remover al titular del Central es una potestad
propia de una derivación natural entre poderes del Estado. Tampoco
es “suficiente” para disponer una cautelar la alegada inconstitucionalidad
del reglamento de la Comisión. “La sola consideración
de los integrantes del Congreso de la Nación de la existencia de
causales de remoción habilita a la Comisión Bicameral a
elaborar la recomendación dirigida al Ejecutivo nacional”,
señala el magistrado en sus conclusiones.
El fallo de Garretón pone fin a las pretensiones de Pou de conservar
su puesto, al menos hasta que la Justicia resuelva la cuestión
de fondo referida a la presunta ilegalidad del decreto presidencial. El
fallo, incluso, omite que Pou, al haberse presentado a declarar ante la
comisión que ahora cuestiona, la habría convalidado.
PLAN
DEL BANCO CIUDAD PARA PYMES
Políticas de liberación
El Banco Ciudad lanzó
el Programa Buenos Aires Competitivo –ProBAC– con el objetivo
de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Creemos
que se debe concebir a la Ciudad como una región y determinar políticas
de desarrollo”, señaló el presidente de la entidad,
Roberto Feletti. “Para ello deben reasignarse recursos del Estado
hacia las pymes, no sólo porque son generadoras de empleo por excelencia,
sino porque además, si se las vuelve competitivas, son un buen
negocio” consideró.
Feletti detalló que para desarrollar a este sector, “una tarea
en la que hasta ahora hemos fracasado” se necesitan dos factores.
Por un lado una mayor demanda interna y por otro políticas de oferta:
trabajar sobre la baja de tasas de interés y de las tarifas de
los servicios públicos. Según el presidente del Ciudad,
“discutir con quienes fueron los ganadores de los ‘90”.
“Desde el banco lo que podemos hacer son políticas de oferta”,
destacó. En este sentido el objetivo del Ciudad es trabajar para
que las pymes accedan a mayores plazos de pago, menores tasas de interés
y también que se les exijan menos requisitos para la calificación
crediticia. Si esto se consigue se podrá evitar que “la pyme
quede prisionera de la cadena de distribución a la que asiste”,
señaló Feletti.
Los instrumentos del ProBAC son el tratamiento especializado: se dividió
a la ciudad en 5 Zonas Pyme y se prepararon productos especializados para
cada necesidad crediticia. Entre ellas, líneas con tasas bonificadas,
líneas ligadas a sociedades de garantías recíprocas,
líneas hipotecarias y prendarias, líneas de comercio exterior
y fondos de capital de riesgo.
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