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Guiño de gobernadores a la ley de Crédito Público

La posibilidad de ofrecer la recaudación de impuestos como garantía de la deuda pública de la Nación y las provincias puede ser la clave, para Cavallo, que destrabe el megacanje.

El presidente Fernando de la Rúa
y el gobernador Carlos Ruckauf.
Uno dice que el proyecto está en
estudio. El otro retacea su apoyo.

Por David Cufré

Domingo Cavallo quiere destrabar las complicaciones que surgieron para realizar el canje de deuda poniendo la recaudación de impuestos como garantía de los títulos públicos. En otras palabras, el proyecto establece que los acreedores serán los primeros en la fila para cobrar lo que el Estado les debe, con prioridad sobre cualquier otra obligación, como las liquidaciones de sueldos de empleados públicos o jubilaciones. Página/12 anticipó hace diez días que el ministro de Economía trabajaba en secreto en ese proyecto. “Será beneficioso para todos los argentinos”, arengó anoche Cavallo, al reconocer que negocia con los gobernadores “del justicialismo y del radicalismo” la elaboración de la iniciativa. En principio, mandatarios del PJ de las provincias “chicas” respaldarían el plan, y también lo haría el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Carlos Ruckauf dio anteayer un guiño favorable, pero anoche su vocero se comunicó con este diario para informar que “la posición oficial de la provincia es totalmente contraria al proyecto”.
La ley de Crédito Público, como la bautizó Cavallo, no es una novedad. Uno de los artículos del proyecto de ley de superpoderes –que el ministro elevó al Congreso al asumir en Economía– establecía que la recaudación de impuestos se pondría como garantía de la deuda. La discusión de ese punto en la Cámara de Diputados demandó tres horas. No porque se haya generado un debate entre quienes defendían la idea y quienes la cuestionaban sino porque los legisladores hicieron cola para despotricar contra semejante proyecto. De hecho, fue el único artículo eliminado de la ley de superpoderes. En esa ocasión, al disertar en el recinto de sesiones, Elisa Carrió denunció que el vicejefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, les había dicho a un grupo de diputados que “no importa que saquen ahora el artículo, porque en la próxima crisis lo van a aprobar”.
La propuesta es que cada peso que recaude el Estado se pondrá como garantía del pago de los títulos públicos, relegando a un segundo plano cualquier otro compromiso. Si el Estado no consigue los fondos para repagar la deuda –vía colocación de bonos, por créditos de organismos internacionales u otro mecanismo–, el dinero saldrá de lo que se recaude por impuestos. Aun si en razón de ello el dinero no alcanza para pagar sueldos a empleados públicos, las jubilaciones o a los proveedores del Estado.
Cavallo es consciente de la resistencia política a ese proyecto. Pero volvió a lanzarlo al ruedo para ganarse la confianza de los inversores, a quienes intenta convencer de que se sumen al megacanje de deuda. Esa operación está trabada –por más que el ministro dijo anoche lo contrario- porque el riesgo país no baja de niveles exorbitantes. No hubo ajuste, ni suba de impuestos, ni acuerdo con el FMI que haya logrado disminuir el riesgo país. Entonces ahora Cavallo va por más. Quiere darles a los tenedores de bonos la garantía de que cobrarán a su vencimiento sí o sí. Es la máxima prueba de amor.
Sin embargo, el escenario político no lo favorece. “Todo el tiempo nos dicen que estamos al borde de la muerte. Que si no hacemos lo que quieren los mercados, habrá un caos total. Pero en el bloque la opinión mayoritaria es: “Ya basta: bajamos los sueldos, las jubilaciones, hicimos el ajuste, aumentamos los impuestos, y nada sirvió para bajar el riesgo país. Nada nos garantiza que con esta nueva ley pasará algo distinto”, explicó a Página/12 un encumbrado diputado de la Alianza.
Para conseguir la aprobación de la ley, Cavallo delineó la siguiente estrategia política: buscará llegar a un acuerdo con los gobernadores y enviará el proyecto a la Cámara de Senadores, ya que ellos responden a los mandatarios provinciales. Una vez que la iniciativa obtenga media sanción, tendrá más espacio para negociar con los diputados. El jefe del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, dijo ayer que la iniciativa no le parece mal y que, incluso, retoma una idea suya. Fue el primer gesto favorable al plan de Cavallo, quien sostuvo que el proyecto se enviará alCongreso “sólo si hay consenso político con los gobernadores, para que la deuda de la Nación y la de las provincias estén garantizadas” con la recaudación. Una opción que se analiza en el Palacio de Hacienda es que el megacanje incluya títulos nacionales y provinciales. En rigor, varias provincias ya pusieron la coparticipación de impuestos como garantía de emisiones de deuda, por lo que la ley de Crédito Público no sería algo nuevo para ellas.
En una reunión con diputados que mantuvieron anteayer Ruckauf y Eduardo Duhalde, el gobernador bonaerense se inclinó por aprobar el proyecto, según dejaron trascender algunos legisladores. Sin embargo, el vocero de Ruckauf, Julio Macchi, le dijo anoche a Página/12 que “la provincia no apoyará el mecanismo que propone Cavallo”. De ese modo, se diferenció de De la Sota, su competidor en la interna peronista, quien anticipó que podría acompañar el proyecto oficial. De la Rúa, en tanto, sostuvo que “aún no se aprobó el proyecto en el Gobierno” y, fiel a su estilo, dijo que “está en estudio”.

 


 

RECHAZO JUDICIAL AL RECURSO CONTRA SU REMOCION
Pou pide volver pero no puede

El juez federal Martín Silva Garretón rechazó la medida cautelar interpuesta por Pedro Pou contra el decreto presidencial que dispuso su remoción del Banco Central por “mala conducta”. El ex funcionario consideró que la medida de Fernando de la Rúa afectaba “sus derechos subjetivos y la autonomía del organismo”. El magistrado entendió que ninguno de esos argumentos pueden sostenerse legalmente.
Pou reclamó un no innovar contra el decreto 460/01 y solicitó al Senado abstenerse de aprobar los pliegos de su sucesor, Roque Maccarone, con el argumento de que aquella norma es “ilegítima”. Además de esa presunta irregularidad, el ex titular del Central argumenta su pedido en la supuesta “inconstitucionalidad” del reglamento que rigió a la comisión investigadora que formó el Parlamento para juzgar su gestión y en la “irregularidad” de haberse autoconvocado.
Pero Silva Garretón interpretó que el decreto 460 “observó el requisito de consejo previo” (el que la comisión parlamentaria formuló al Presidente) requerido por la ley 24.144 y que “no existen objeciones en punto a la constitución de la bicameral en cuanto a la integración prevista por la disposición indicada”. El juez sostiene que la comisión parlamentaria “se ajustó a los límites” que le impone la ley para actuar, y que su recomendación de remover al titular del Central es una potestad propia de una derivación natural entre poderes del Estado. Tampoco es “suficiente” para disponer una cautelar la alegada inconstitucionalidad del reglamento de la Comisión. “La sola consideración de los integrantes del Congreso de la Nación de la existencia de causales de remoción habilita a la Comisión Bicameral a elaborar la recomendación dirigida al Ejecutivo nacional”, señala el magistrado en sus conclusiones.
El fallo de Garretón pone fin a las pretensiones de Pou de conservar su puesto, al menos hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo referida a la presunta ilegalidad del decreto presidencial. El fallo, incluso, omite que Pou, al haberse presentado a declarar ante la comisión que ahora cuestiona, la habría convalidado.

 


 

PLAN DEL BANCO CIUDAD PARA PYMES
Políticas de liberación

El Banco Ciudad lanzó el Programa Buenos Aires Competitivo –ProBAC– con el objetivo de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. “Creemos que se debe concebir a la Ciudad como una región y determinar políticas de desarrollo”, señaló el presidente de la entidad, Roberto Feletti. “Para ello deben reasignarse recursos del Estado hacia las pymes, no sólo porque son generadoras de empleo por excelencia, sino porque además, si se las vuelve competitivas, son un buen negocio” consideró.
Feletti detalló que para desarrollar a este sector, “una tarea en la que hasta ahora hemos fracasado” se necesitan dos factores. Por un lado una mayor demanda interna y por otro políticas de oferta: trabajar sobre la baja de tasas de interés y de las tarifas de los servicios públicos. Según el presidente del Ciudad, “discutir con quienes fueron los ganadores de los ‘90”.
“Desde el banco lo que podemos hacer son políticas de oferta”, destacó. En este sentido el objetivo del Ciudad es trabajar para que las pymes accedan a mayores plazos de pago, menores tasas de interés y también que se les exijan menos requisitos para la calificación crediticia. Si esto se consigue se podrá evitar que “la pyme quede prisionera de la cadena de distribución a la que asiste”, señaló Feletti.
Los instrumentos del ProBAC son el tratamiento especializado: se dividió a la ciudad en 5 Zonas Pyme y se prepararon productos especializados para cada necesidad crediticia. Entre ellas, líneas con tasas bonificadas, líneas ligadas a sociedades de garantías recíprocas, líneas hipotecarias y prendarias, líneas de comercio exterior y fondos de capital de riesgo.

 

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