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 Los intendentes de las ciudades
de Buenos Aires, Rosario, San Pablo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Montevideo,
enrolados en el Frepaso, el Partido de los Trabajadores y el Frente Amplio,
de Argentina, Brasil y Uruguay, respectivamente, finalizaron ayer sus
deliberaciones con una declaración donde advierten sobre una realidad
de “más pobres, mayor desigualdad y mayor concentración
del ingreso” y llaman a revertir esta tendencia por medio de nuevas
políticas de transformación social y económica.
La “Primera Cumbre de Alcaldes de Grandes Ciudades del Cono Sur”
comenzó el jueves a la noche y reunió durante todo el viernes
al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra;
los intendentes de Rosario, Hermes Binner, y de Montevideo, Mariano Arana;
los prefeitos municipales de San Pablo, Marta Suplicy, y de Porto Alegre,
Tarso Genro, y el vice prefeito de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel.
Los funcionarios, que gobiernan en conjunto a una población de
casi 20 millones de personas, deliberaron el viernes en el Salón
Blanco del Palacio de Gobierno de Buenos Aires y por la tarde ofrecieron
una conferencia de prensa en la que presentaron el documento al que titularon
“Diálogo por la Inclusión Social”.
“Nos encontramos en un escenario marcado por la incertidumbre surgida
de los fracasos de las políticas neoliberales –comienzan–,
que caracterizaron la realidad latinoamericana durante las últimas
décadas”. Los intendentes señalan que las consecuencias
sociales más graves de estas políticas se verifican en las
grandes ciudades. Pero advierten que las ciudades se encuentran en una
encrucijada: “Por un lado padecen el impacto de la globalización,
por otro lado carecen de los instrumentos macroeconómicos que posibiliten
revertir los efectos negativos del proceso y dar las respuestas sociales”.
Los intendentes reclamaron la puesta en funcionamiento de la Reunión
de Municipios e Intendencias del Mercosur, bajo la órbita del Grupo
Mercado Común y propusieron que “el encuentro de autoridades
locales por la inclusión social, en el marco del Foro Social Mundial
de Porto Alegre se constituya en un ámbito de debate sobre el nuevo
rol de los gobiernos locales en el contexto mundial”. Al mismo tiempo
se comprometieron a desarrollar “bajo nuestra comunidad de intereses
políticos, acciones concretas que mejoren nuestras gestiones a
fin de alcanzar sociedades más justas y participativas”.
Al presentar el documento, Ibarra señaló que “a pesar
de las dificultades entendemos a las ciudades como un lugar de oportunidades
y acordamos unir la acción de nuestros gobiernos para lograr mejorar
la calidad de vida de la gente”, e insistió en la responsabilidad
de los políticos para achicar la brecha social que profundizó
el neoliberalismo.
Por su parte, Marta Suplicy describió a la situación de
Brasil como “desbalanceada” y habló de la necesidad de
establecer “pasos concretos para un cambio profundo en las orientaciones
económicas dominantes”. Tarso Genro, de Porto Alegre, destacó
la importancia de la interacción de las “mercociudades no
comprometidas con el neoliberalismo como una resistencia de una economía
fuerte que no quiere terminar siendo un negocio controlado por los Estados
Unidos”.
MANTIENEN
EL CORTE DE LA RUTA 3 EN LA MATANZA
Un conflicto en la banquina
Los días pasan, las soluciones
no aparecen y La Matanza vuelve a convertirse en una olla a presión.
“Parece que (Patricia) Bullrich quiere apelar a la táctica
de los nazis en el ghetto de Varsovia: hambre, frío y después
represión,” afirmó Luis D’Elía, presidente
de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat de la Central
de los Trabajadores Argentinos (CTA) y uno de los líderes de los
piqueteros que mantienen cortada la ruta 3, a la altura del kilómetro
22. Es que ayer por la mañana dialogaron telefónicamente
la ministra de Trabajo y D’Elía, sin llegar a ningún
acuerdo y, según el concejal matancero, “en un momento, Bullrich
me dijo: ‘Por mí, se pueden morir en la ruta’”.
Con las negociaciones cortadas, los piqueteros convocaron para hoy a los
demás líderes de grupos de desocupados para definir el rumbo
de un conflicto que crece sin pausa.
El 4 de noviembre pasado, los desempleados de La Matanza, el Gobierno
nacional y el bonaerense firmaron un acta de acuerdo por el cual los manifestantes
levantaban el corte que estaban realizando a cambio de una serie de beneficios;
el Poder Ejecutivo Nacional se comprometía a mantener 8 mil planes
Trabajar hasta diciembre de este año, a aportar dos millones de
pesos en remedios y herramientas, a asfaltar 80 cuadras y a arreglar 30
escuelas.
Pero sólo aparecieron 28 mil en medicamentos “sobrefacturados
y vencidos”, según denunciaron los piqueteros, y, para coronar
la situación, empezaron los problemas con los planes Trabajar.
“Nos cancelaron 4600 planes”, señaló D’Elía,
aunque desde Trabajo aseguraron que los que dejaron de cobrar el beneficio
“fueron quienes no se reempadronaron”.
El jueves hubo intentos de acercamiento entre las partes, pero Bullrich
exigía el levantamiento total del corte para sentarse a dialogar,
mientras que los manifestantes accedían a despejar la ruta pero
quedándose sobre la banquina. Para complicar el panorama, el intendente
de La Matanza, Alberto Balestrini, criticó el corte y aseguró
que D’Elía y Juan Carlos Alderete, otro de los líderes
de la protesta, “responden a la línea política del
padre Luis Farinello.”
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