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Por Alejandra Dandan
 Hasta ahora la fórmula
parecía fantástica: un pueblo ecológico en venta,
a la orilla del río Luján. Con esta promoción, una
empresa privada salió al mercado a ofrecer terrenos para la construcción
de un country en Campana. Las publicitadas tierras contarían con
un acceso paradisíaco: la Reserva Natural Otamendi, uno de los
últimos refugios del Plata habitado por especies exóticas.
Todo funcionó bien hasta que el dueño de la reserva –esto
es, el Estado– supo que el proyecto incluía la apertura de
un camino, justo entre los animales. La Administración de Parques
Nacionales, a cargo del área, denunció ayer que la apertura
de ese camino es una “amenaza” para el ecosistema. Esa posición
enfrentó a los funcionarios nacionales con el municipio de Campana
y con la empresa, dispuestos ambos a desarrollar un proyecto considerado
clave para el desarrollo urbano entre las islas del Delta.
La Reserva ocupa tres mil hectáreas de la zona norte del Delta.
Y existe como tal desde que en el ‘90 la administración de
Carlos Menem formalizó con el decreto 2149 las áreas destinadas
a Reservas Naturales en todo el país. Cuatro años más
tarde, por otro decreto, la orilla del río Luján se constituyó
en uno de sus límites legales. Parte de los terrenos que bordean
el río son requeridos ahora por los dueños del megaproyecto
de viviendas con pretensiones ecológicas.
Se trata del proyecto Puerto Palmas, que promueve la empresa Brenna &
Asociados. Para el emprendimiento es fundamental conseguir la apertura
de un camino de doble vía, asfaltado y de 4500 metros lineales,
desde el río hasta la entrada de las 300 hectáreas del complejo
privado. Esta traza es un viejo camino de servidumbre abierto en 1903
y usado para el ganado por la familia Otamendi antes de la donación
de las tierras. Ese camino ahora cerrado conecta la estación Río
Luján con la ribera del río Paraná de las Palmas
y fue declarado público por el gobierno provincial por un expediente
de 1932.
Parte de ese marco legal es el argumento que esgrime la comuna local para
exigir su reapertura. “Lo que se discute es la decisión de
Parques Nacionales que cerró unilateralmente esa entrada”,
protestó ante este diario Pedro Orquiguil, secretario de Gobierno.
La Municipalidad pide la apertura además para darle “paso
terrestre a las treinta familias que viven en 1800 hectáreas frente
al río que han quedado encerradas desde la construcción
de la Reserva”. El único camino de salida usado por esos pobladores
es, según la comuna, el intempestivo río.
Para Parques, en tanto, la discusión es distinta. Daniel Somma,
director de Conservación de Areas Programáticas de Parques
Nacionales, precisó en su denuncia que la Reserva está dispuesta
a ceder como opción un camino alternativo. Ese tramo se abre desde
la entrada llamada Islas Malvinas, uno de los bordes periféricos
de la Reserva. La reapertura del otro generaría un alto impacto
ambiental: “Abrir allí el camino para el tránsito,
asfalto y terraplenes –explicó Somma– corta el drenaje
natural de los cursos de agua”. Pero además, según
los estudios técnicos, ese camino barrería tanto la traza
de yacimientos arqueológicos precolombinos como la existencia aún
precaria de especies que apenas sobreviven en la región. “Se
modificaría de manera terminal la dinámica de los pajonales
y la definición de los sitios del lobito de río, gato montés,
carpincho y nutrias pero sobre todo peligrarían dos especie singulares
como el ciervo de los pantanos y un extraña ave conocida como pajonalera
de pico recto”, insiste Somma.
Desde hace años, en la Reserva, un grupo de Parques Nacionales
y otro equipo a cargo de Jorge Reale, un arqueólogo de Campana,
buscan entre los sedimentos pegados al río restos de los indios
pampas y tehuelches. Han encontrado allí puntas de flecha, vasijas
rudimentarias y materiales de esas organizaciones recolectoras, habitantes
ancestrales de las viejas extensiones del Otamendi. La Administración
de Parques Nacionales conoció el proyecto de Puerto Palmas en el
‘99. Los responsables del empredimiento nunca obtuvieron de la Reserva
autorización para la apertura buscada de la traza. De todos modos,
en las publicidades siguieron anunciando el country ligado a ese espacio
abierto sobre los márgenes del Plata. “Acá cerraron
el proyecto con la provincia y nos largaron a nosotros el paquete terminado”,
se quejó una fuente de Parques. De acuerdo a esta fuente, las tierras
sobre el río habrían sido compradas a 25 y 50 centavos el
metro cuadrado y “ahora las venden a 700 pesos”.
Aunque Parques considera negativo todo movimiento cercano, está
dispuesto a entregar para el desarrollo del proyecto urbano uno de los
extremos de la Reserva, cuyo traspaso se considera menos perjudicial.
Para negociar esta posibilidad fue convocada una audiencia pública
que se hará el próximo miércoles en Campana.
INSOLITA
PRESENTACION DE UN SINDICATO POLICIAL
El gremio donde gana la lista azul
Conformaron su comisión
directiva, aprobaron su estatuto y presentaron su pedido de personería
gremial ante el Ministerio de Trabajo. Ayer, quedó formalmente
cumplido el trámite para constituir el sindicato con la presentación
por mesa de entradas. El trámite es el habitual para todo gremio.
El gremio, no: el pedido corresponde a representantes del primer sindicato
de suboficiales y agentes de la Policía Federal. Según sostienen
sus dirigentes, tanto el ministro de Interior, Ramón Mestre, como
el jefe de la Federal, Rubén Santos, fueron notificados en tiempo
y forma. “Me parece un verdadero disparate”, respondió
Mestre. En la Federal descreen o niegan la posibilidad de su existencia.
“Las leyes policiales, la Constitución, la Ley de Contratos
de Trabajo excluyen toda posibilidad de un sindicato policial”, aseguraron
en el Departamento Central. “Somos muchísimos”, se envalentonó
ante este diario el secretario general del poligremio Héctor Rampoldi.
“No somos un movimiento. No tenemos el objetivo de desconocer las
jerarquías de la institución. No estamos para eso –aclaró
cuidadosamente Rampoldi a Página/12–. Lo que queremos es unirnos
en beneficio del que trabaja. Todo empezó con charlas entre amigos,
comentarios sobre nuestros problemas. Hasta que un día nos dimos
cuenta de que éramos muchos. Entonces nos preguntamos por qué
no darle una forma institucional. Y decidimos crear el sindicato.”
El 28 de abril pasado, el Sindicato Unico para el Personal Subalterno
de la Policía Federal Argentina notificó su creación
al ministro de Interior, Ramón Mestre, y al jefe policial, Rubén
Santos. “No queríamos faltar el respeto”, dijo Rampoldi.
Este diario consultó a Mestre, quien aseguró no estar enterado.
De todos modos, clarificó: “Me parece un disparate”.
“Nosotros somos trabajadores, como cualquier trabajador”, aseguran
en el sindicato en trámite. En el Departamento Central no coinciden.
“Las leyes Orgánica y del Personal Policial prohíben
reclamos grupales –explicó el comisario mayor Eduardo Prados,
director de Planificación–. Cualquier queja debe seguir los
carriles administrativos, en forma individual. El reclamo grupal es considerado
una falta. Colisiona con la disciplina. Incluso la Constitución
o la Ley de Contrato de Trabajo nos excluyen expresamente. Es cierto que
a cualquiera le gustaría que le cambiaran la vivienda, le aumenten
el sueldo, el trato con los deudos, las condiciones de trabajo. Pero no
es posible legalmente. Habría que cambiar toda la estructura legal
de la institución y las leyes laborales que nos excluyen con razón:
es inimaginable un paro de policías armados. No es un contrato
de trabajo cualquiera.”
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